SOBRE LAS ELECCIONES DEL PSUV
El proceso convocado por la dirección política del PSUV es una lección importante para la democracia. En primer lugar, se trata de una convocatoria pendiente desde el año 2006 cuando el propio presidente Chávez hablo de la necesidad de generar coherencia ideológica en los partidarios de su gobierno, procurando con ello avanzar en la consolidación de lo que el pensador italiano Antonio Gramsci denomino el bloque hegemónico.
En segundo lugar, este proceso permite abrir el espacio acerca de la direccionalidad socio-política del principal partido en la actualidad. Se trata no sólo de pensar cuál es el camino por recorrer, también incluye la forma como se percibe ese camino y ello debe significar una gran discusión con las bases. Resolver la contradicción existente entre las bases y la burocracia del partido es vital, no solo para el futuro del PSUV también para el propio avance del proyecto bolivariano.
La disyuntiva de qué hacer es uno de los principales temas de discusión de los partidos revolucionarios. Esa disyuntiva intento ser respondida por Vladimir Ilich Lenín en los preludios de la revolución rusa y ahora pretende ser respondida por quienes militan en el PSUV. Pero así como señalamos a dos importantes pensadores del socialismo para validar este proceso de democracia que debe finalizar en una gran discusión sociopolítica, señalamos lo que denominamos peligros de esta recién consumada elección.
León Troski, decía en la revolución traicionada (1936) que la mezcla de la estructura del partido con la burocracia del Estado había matado la capacidad de crítica y de avance del partido revolucionario. ¿A qué se refería Tronski con esto? Se refería a la progresiva eliminación de los liderazgos sociales surgidos a la par del dinamismo de la transición política de la Rusia Zarista a la Rusia revolucionaria. En ese tránsito se dieron un conjunto de acciones de organización surgidas del entusiasmo popular logrado por la propuesta de cambio radical de la Revolución de Octubre, sin embargo esta fue lentamente adormecida por el excesivo celo y control del burocratismo del partido, que fue despojando de su animosidad revolucionaria a sus militantes para sustituirla por la obediencia y los propios intereses de una nueva elite: el funcionario burocrático. Ese riesgo se hace presente en los resultados de este domingo. No estoy de acuerdo con el hecho que diputados, concejales, alcaldes, miembros del aparato del estado también pasen a controlar el aparato del partido. Con ello se quita un espacio que puede ser ocupado por esos actores que se encargan de organizar las respuestas sociales desde su accionar en los Comités de Tierras, de Agua, los Consejos Comunales, las mesas técnicas de energía, los miembros de las misiones, en fin de un conjunto de actores que han adquirido protagonismo y que ahora se ven amenazados por algunos de estos “funcionarios” que solo están inmersos ahí para cuidar sus propias cuotas de poder. Debemos ser justos al decir que no todos esos funcionarios entran en este parámetro, pero sí buena parte de ellos.
Este peligro, no solo había sido advertido por Troski. El propio Gramsci también lo había dicho en sus escritos políticos filosóficos y en los Cuadernos de la Carceli (1929-1933) cuando advertía que el partido comunista italiano se había convertido en un partido de funcionarios y había dejado de ser un partido obrero revolucionario.
El hecho que en el Congreso ideológico estén presentes este conjunto de funcionarios del Estado, hace que se pierda el impulso revolucionario. Eso es así por una sencilla razón: el burócrata no piensa la realidad, solo actúa como una pieza más de la maquinaria del estado; llenando papeles, cumpliendo procedimientos. Mientras eso ocurre, el actor social revolucionario y comprometido tiene que interactuar con los problemas de la realidad, organizarse y solucionar al mismo tiempo. La lógica de acción del actor comprometido es sustancialmente menos complicada y fosilizada que la del funcionario. Eso lo sabían Troski, Gramsci y Rosa Luxemburgo, para solo nombrar a tres (3) connotados pensadores del marxismo. Incluso Iztvan Meszaro, que acaba de ganar el Premio Libertador lo advierte al señalar las amenazas de este tipo de comportamiento en la construcción del socialismo.
La experiencia del domingo, nos indica que quienes han sido elegidos para el Congreso ideológico que sentará las bases futuras del partido y la revolución, deben analizar estos peligros y amenazas que acabaron con el socialismo del siglo XX y que pueden ser un ultimátum para el socialismo del siglo XXI. Hace tiempo alguien me decía que el socialismo del siglo XXI no existía, eso es cierto. Tampoco existió el liberalismo y el capitalismo antes que Hobbes, Rousseau, Locke lo pensarán, por eso el compromiso de todo militante revolucionario es pensar esa realidad pero viéndola desde la experiencia de lo sucedido – y sus errores- en el siglo XX. Esperaremos a ver sí este congreso ideológico es capaz de visualizar esta problemática. Tengo esperanza en que sí.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
18/11/2009
martes, 22 de diciembre de 2009
El socialismo en Venezuela
EL SOCIALISMO EN VENEZUELA: DEL MAS AL PSUV
El debate en torno a la construcción del socialismo en Venezuela ha pasado por dos actores realmente significativos. Uno de ellos, el Movimiento al Socialismo (MAS) surgido en los inicios de la década de los años 70 del pasado siglo XX, producto de una división del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El otro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), surgido de una estrategia de unidad de fuerzas planteado por el presidente Hugo Chávez inmediatamente después de su triunfo en diciembre de 2006.
Existe, en nuestra modesta opinión como estudioso de la historia de las ideas en Venezuela, un tronco común entre ambos proyectos: la negación al dogmatismo soviético o del denominado socialismo real. Tanto el MAS como el PSUV, llegaron a manifestar en boca de algunos de sus principales representantes (Teodoro Petkoff, Hugo Chávez) críticas muy fuertes a la desviación del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), que condujo a la toma de decisiones excesivamente limitantes al debate y la discusión, terminando en la construcción de una sociedad muy rígida, negadora del carácter revolucionario del socialismo planteado por Marx, tanto en El Capital como en otros trabajos.
La forma como lo negaron establece una diferencia entre ambos movimientos. Mientras el MAS, inicialmente se definió como un partido socialista de afiliación marxista-leninista, progresivamente fue cediendo paso a la discusión en torno a la construcción del socialismo para desplazarlo por un reformismo que terminó en esa estructura caduca y pragmática que es hoy. La posición ejemplificada en la actitud de antiguos dirigentes del MAS, como Julio Montoya o mi buen amigo Willian Barrientos, que hoy están del lado de la socialdemocracia – representada por Un Nuevo Tiempo- refleja una vieja discusión que se planteó en lo interno del MAS, acerca de la imposibilidad de construir un proyecto socialista alternativo al hegemónico de AD y COPEI en las décadas de los 70 y 80, y por lo tanto concluían que era imperativo subsumirse en estos movimientos políticos para ser una opción de poder.
Por su parte el PSUV, también se encuentra en la disyuntiva de reforma o revolución. Y esa situación debe conducir a una revisión histórica que impida que terminen como el MAS. Por una parte, ciertos elementos de la estructura del PSUV están más dedicados al disfrute de las condiciones de privilegio que derivan del ejercicio hegemónico – en el sentido gramsciano- del poder que a la construcción del socialismo. Estos sectores dentro de la estructura del PSUV son profundamente burocráticos, fosilizados y ven como una amenaza a sus privilegios los procesos de organización social que se dan bajo las figuras de comunidades movilizadas a través de mesas de aguas, energía, consejos comunales entre otras. En la visión de estos sectores reformistas, carentes de compromiso y ética revolucionaria, lo esencial es el disfrute del poder y la utilización del mismo para su propio beneficio.
Existe – y menos mal que así ocurre- otra sección en el PSUV, estructurados en el sentido ideológico de la revolución, encabezado por el propio presidente Hugo Chávez y algunos otros actores, que plantean seriamente el debate acerca de la construcción del socialismo. Para ellos es prioritario el proceso de construcción de un partido de cuadros, formados y curtidos en las ética revolucionaria de la cual hablaban el Che y el propio Marx, al mismo tiempo que insisten en la organización y formación política de los ciudadanos, como una condición del ejercicio de la participación. Marchan sosteniendo la necesaria revisión y modificación de las relaciones que marcan el accionar del capital y el trabajo. Es el camino sostenido por Marx en los Grundrisse (el título completo es Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie o Líneas Fundamentales de la Crítica de la Economía Política hecho público en 1939 en Moscú) donde habla de la vía al “proyecto socialista” como un camino que conduce a la disolución de las condiciones de explotación y alienación del capitalismo.
El planteamiento de Marx, que de cierta forma es recuperado por esa vertiente verdaderamente revolucionaria del PSUV encabezada por Chávez, habla de la necesidad de un “desarrollo universal” de los individuos en contraste con el desarrollo “unidimensional” del capitalismo, sobre el cual se basan las relaciones de alienación que permiten la explotación del hombre por el hombre. Se trata, y de cierta forma está visión es incorporada en el Plan Simón Bolívar (2007-2013) de construir socius (amigos, colaboradores). Ese proceso implica una acción múltiple: por un lado, la revolución del aparato productivo y por el otro, la revolución de la conciencia, sobre la formación socialista. Es este punto, la marca de escisión entre los revolucionarios y los reformistas dentro del PSUV. Los reformistas, se resisten a la modificación de las condiciones objetivas de la explotación capitalista, pues ello significaría el fin de sus posibilidades de enriquecimiento y al mismo tiempo, se resisten al proceso de formación que los haría “visibles” ante el resto de los militantes realmente comprometidos. Por ello, quienes militamos en el lado de la construcción socialista propugnamos la formación, el debate y la construcción de condiciones objetivas de disolución del carácter alienante del sistema capitalista. Creemos que el PSUV debe revisar con cuidado la experiencia histórica del MAS, para no terminar como lo hicieron sus antecesores. La historia es maestra vida¡¡.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
05/05/2009
Juane1208@gmail.com
El debate en torno a la construcción del socialismo en Venezuela ha pasado por dos actores realmente significativos. Uno de ellos, el Movimiento al Socialismo (MAS) surgido en los inicios de la década de los años 70 del pasado siglo XX, producto de una división del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El otro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), surgido de una estrategia de unidad de fuerzas planteado por el presidente Hugo Chávez inmediatamente después de su triunfo en diciembre de 2006.
Existe, en nuestra modesta opinión como estudioso de la historia de las ideas en Venezuela, un tronco común entre ambos proyectos: la negación al dogmatismo soviético o del denominado socialismo real. Tanto el MAS como el PSUV, llegaron a manifestar en boca de algunos de sus principales representantes (Teodoro Petkoff, Hugo Chávez) críticas muy fuertes a la desviación del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), que condujo a la toma de decisiones excesivamente limitantes al debate y la discusión, terminando en la construcción de una sociedad muy rígida, negadora del carácter revolucionario del socialismo planteado por Marx, tanto en El Capital como en otros trabajos.
La forma como lo negaron establece una diferencia entre ambos movimientos. Mientras el MAS, inicialmente se definió como un partido socialista de afiliación marxista-leninista, progresivamente fue cediendo paso a la discusión en torno a la construcción del socialismo para desplazarlo por un reformismo que terminó en esa estructura caduca y pragmática que es hoy. La posición ejemplificada en la actitud de antiguos dirigentes del MAS, como Julio Montoya o mi buen amigo Willian Barrientos, que hoy están del lado de la socialdemocracia – representada por Un Nuevo Tiempo- refleja una vieja discusión que se planteó en lo interno del MAS, acerca de la imposibilidad de construir un proyecto socialista alternativo al hegemónico de AD y COPEI en las décadas de los 70 y 80, y por lo tanto concluían que era imperativo subsumirse en estos movimientos políticos para ser una opción de poder.
Por su parte el PSUV, también se encuentra en la disyuntiva de reforma o revolución. Y esa situación debe conducir a una revisión histórica que impida que terminen como el MAS. Por una parte, ciertos elementos de la estructura del PSUV están más dedicados al disfrute de las condiciones de privilegio que derivan del ejercicio hegemónico – en el sentido gramsciano- del poder que a la construcción del socialismo. Estos sectores dentro de la estructura del PSUV son profundamente burocráticos, fosilizados y ven como una amenaza a sus privilegios los procesos de organización social que se dan bajo las figuras de comunidades movilizadas a través de mesas de aguas, energía, consejos comunales entre otras. En la visión de estos sectores reformistas, carentes de compromiso y ética revolucionaria, lo esencial es el disfrute del poder y la utilización del mismo para su propio beneficio.
Existe – y menos mal que así ocurre- otra sección en el PSUV, estructurados en el sentido ideológico de la revolución, encabezado por el propio presidente Hugo Chávez y algunos otros actores, que plantean seriamente el debate acerca de la construcción del socialismo. Para ellos es prioritario el proceso de construcción de un partido de cuadros, formados y curtidos en las ética revolucionaria de la cual hablaban el Che y el propio Marx, al mismo tiempo que insisten en la organización y formación política de los ciudadanos, como una condición del ejercicio de la participación. Marchan sosteniendo la necesaria revisión y modificación de las relaciones que marcan el accionar del capital y el trabajo. Es el camino sostenido por Marx en los Grundrisse (el título completo es Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie o Líneas Fundamentales de la Crítica de la Economía Política hecho público en 1939 en Moscú) donde habla de la vía al “proyecto socialista” como un camino que conduce a la disolución de las condiciones de explotación y alienación del capitalismo.
El planteamiento de Marx, que de cierta forma es recuperado por esa vertiente verdaderamente revolucionaria del PSUV encabezada por Chávez, habla de la necesidad de un “desarrollo universal” de los individuos en contraste con el desarrollo “unidimensional” del capitalismo, sobre el cual se basan las relaciones de alienación que permiten la explotación del hombre por el hombre. Se trata, y de cierta forma está visión es incorporada en el Plan Simón Bolívar (2007-2013) de construir socius (amigos, colaboradores). Ese proceso implica una acción múltiple: por un lado, la revolución del aparato productivo y por el otro, la revolución de la conciencia, sobre la formación socialista. Es este punto, la marca de escisión entre los revolucionarios y los reformistas dentro del PSUV. Los reformistas, se resisten a la modificación de las condiciones objetivas de la explotación capitalista, pues ello significaría el fin de sus posibilidades de enriquecimiento y al mismo tiempo, se resisten al proceso de formación que los haría “visibles” ante el resto de los militantes realmente comprometidos. Por ello, quienes militamos en el lado de la construcción socialista propugnamos la formación, el debate y la construcción de condiciones objetivas de disolución del carácter alienante del sistema capitalista. Creemos que el PSUV debe revisar con cuidado la experiencia histórica del MAS, para no terminar como lo hicieron sus antecesores. La historia es maestra vida¡¡.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
05/05/2009
Juane1208@gmail.com
EL PSUV: CRISIS EN EL ZULIA
EL PSUV: CRISIS EN EL ZULIA
El funcionamiento del PSUV es sumamente contradictorio, sobre todo es espacios geográficos como el Zulia. Sí bien debe reconocerse el esfuerzo de organización y movilización adelantado entre 2008 – 2009, no podemos dejar de criticar la inacción en la que se encuentra inmerso el partido de Chávez.
En el Zulia, hay una situación que en otro contexto debería ser aprovechada. La huida de Manuel Rosales se traduce en un sólido golpe a la estructura de liderazgo de la oposición en el estado. Aunque no tenemos duda que la estructura de poder no ha sido desmontada, el hecho de la ausencia de Rosales ha desatado una lucha por el control del aparato entre quienes apoyan a Pablo Pérez y los que apetecen alcanzar espacios de poder.
La salida de Rosales, desató los demonios de las apetencias personales en el PSUV Zulia, las diversas facciones – que aun sobreviven al interior del partido- se encuentran en la disyuntiva de aglutinarse en torno al liderazgo de Omar Prieto, Alcalde de San Francisco o alinearse con Luís Caldera, Alcalde de Mara. A pesar de ello, no puede dejar de advertirse que la desorganización operativa del PSUV es notoria en la ciudad de Maracaibo. La estructura política del partido no ha hecho nada por recuperar espacios electorales en la capital del estado, que es clave para la concreción de cualquier triunfo electoral. Mientras eso ocurre, el Alcalde – encargado- Daniel Ponne se ha lanzado a una feroz presencia en todas las parroquias, adelantando planes de inversión, repartiendo prebendas y beneficios, buscando con ello convertirse en el candidato oficial de UNT, cuando así lo convoque el CNE.
El PSUV, no ha reaccionado ante la gestión de gobierno de Ponne y mucho menos ante lo hecho por Pablo Pérez, quienes silenciosamente incrementan el control político heredado de Manuel Rosales. No obstante, el desenvolvimiento del PSUV en el Zulia, continúa como siempre: epiléptico.
De continuar esa inacción, sometida a la terrible competencia interna, el resultado de cualquier elección será el mismo: la derrota del chavismo. Eso es un indicativo que la labor ideológica ha sido – por decir lo menos- deficiente. Por otra parte, parece que la propuesta de las 3 R – revisión, rectificación y relanzamiento- no ha sido entendida. Pongamos cifras concretas a lo que decimos: veamos el caso del Municipio Maracaibo. La diferencia entre Pablo Pérez y Di Martino fue de casi 120.000 votos (333.955 vs 219.256), con derrotas contundentes en parroquias populares, donde se supone que los programas y la acción del gobierno nacional actúan. En esos espacios, la oposición a Chávez ha incrementado su presencia, disminuyendo la ventaja que tuvo el PSUV en Antonio Borjas Romero y Francisco Eugenio Bustamante, mientras que UNT aumenta su ventaja en parroquias como Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Bolívar, Coquivacoa, Cecilio Acosta. Estas cifras nos hablan de inacción en la capital del estado, comportamiento que no tiene ninguna justificación al considerar que el principal líder opositor se encuentra huido y que el gobierno incrementa la actividad económica a través de PDVSA.
La situación es aún más preocupante al analizar otros municipios donde el PSUV ganó espacios. Tal es el caso de Cabimas, donde se recupero la Alcaldía del control ejercido por AD-UNT. Sin embargo, los resultados de diciembre 2008, cuando el candidato del PSUV gano con escasa ventaja puede revertirse sí no se consolida la presencia local, pues sí llegará a producirse la unificación de los partidos de oposición el control del PSUV en Cabimas se perdería. Este caso, es un excelente ejemplo de las dificultades para consolidar una acción de gobierno en el Zulia. Es paradójico analizar como contando con el apoyo económico de PDVSA, no se ha logrado triunfar en el corredor electoral petrolero (Simón Bolívar, Lagunillas). La explicación debe buscarse en la perfecta manipulación cultural que ha venido construyendo la oposición, al apropiarse de la identificación con los valores socio-históricos de la región. Mientras esto sucede, el PSUV sigue en luchas intestinas, sin sentido en cada espacio. Bajo ese escenario, rescatar al Zulia del control de la oposición luce, por decir lo menos, imposible. Habrá que ver sí la dirigencia regional tiene la voluntad de aplicar las 3 R, en mí parecer eso no ocurrirá.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
30/09/2009
El funcionamiento del PSUV es sumamente contradictorio, sobre todo es espacios geográficos como el Zulia. Sí bien debe reconocerse el esfuerzo de organización y movilización adelantado entre 2008 – 2009, no podemos dejar de criticar la inacción en la que se encuentra inmerso el partido de Chávez.
En el Zulia, hay una situación que en otro contexto debería ser aprovechada. La huida de Manuel Rosales se traduce en un sólido golpe a la estructura de liderazgo de la oposición en el estado. Aunque no tenemos duda que la estructura de poder no ha sido desmontada, el hecho de la ausencia de Rosales ha desatado una lucha por el control del aparato entre quienes apoyan a Pablo Pérez y los que apetecen alcanzar espacios de poder.
La salida de Rosales, desató los demonios de las apetencias personales en el PSUV Zulia, las diversas facciones – que aun sobreviven al interior del partido- se encuentran en la disyuntiva de aglutinarse en torno al liderazgo de Omar Prieto, Alcalde de San Francisco o alinearse con Luís Caldera, Alcalde de Mara. A pesar de ello, no puede dejar de advertirse que la desorganización operativa del PSUV es notoria en la ciudad de Maracaibo. La estructura política del partido no ha hecho nada por recuperar espacios electorales en la capital del estado, que es clave para la concreción de cualquier triunfo electoral. Mientras eso ocurre, el Alcalde – encargado- Daniel Ponne se ha lanzado a una feroz presencia en todas las parroquias, adelantando planes de inversión, repartiendo prebendas y beneficios, buscando con ello convertirse en el candidato oficial de UNT, cuando así lo convoque el CNE.
El PSUV, no ha reaccionado ante la gestión de gobierno de Ponne y mucho menos ante lo hecho por Pablo Pérez, quienes silenciosamente incrementan el control político heredado de Manuel Rosales. No obstante, el desenvolvimiento del PSUV en el Zulia, continúa como siempre: epiléptico.
De continuar esa inacción, sometida a la terrible competencia interna, el resultado de cualquier elección será el mismo: la derrota del chavismo. Eso es un indicativo que la labor ideológica ha sido – por decir lo menos- deficiente. Por otra parte, parece que la propuesta de las 3 R – revisión, rectificación y relanzamiento- no ha sido entendida. Pongamos cifras concretas a lo que decimos: veamos el caso del Municipio Maracaibo. La diferencia entre Pablo Pérez y Di Martino fue de casi 120.000 votos (333.955 vs 219.256), con derrotas contundentes en parroquias populares, donde se supone que los programas y la acción del gobierno nacional actúan. En esos espacios, la oposición a Chávez ha incrementado su presencia, disminuyendo la ventaja que tuvo el PSUV en Antonio Borjas Romero y Francisco Eugenio Bustamante, mientras que UNT aumenta su ventaja en parroquias como Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Bolívar, Coquivacoa, Cecilio Acosta. Estas cifras nos hablan de inacción en la capital del estado, comportamiento que no tiene ninguna justificación al considerar que el principal líder opositor se encuentra huido y que el gobierno incrementa la actividad económica a través de PDVSA.
La situación es aún más preocupante al analizar otros municipios donde el PSUV ganó espacios. Tal es el caso de Cabimas, donde se recupero la Alcaldía del control ejercido por AD-UNT. Sin embargo, los resultados de diciembre 2008, cuando el candidato del PSUV gano con escasa ventaja puede revertirse sí no se consolida la presencia local, pues sí llegará a producirse la unificación de los partidos de oposición el control del PSUV en Cabimas se perdería. Este caso, es un excelente ejemplo de las dificultades para consolidar una acción de gobierno en el Zulia. Es paradójico analizar como contando con el apoyo económico de PDVSA, no se ha logrado triunfar en el corredor electoral petrolero (Simón Bolívar, Lagunillas). La explicación debe buscarse en la perfecta manipulación cultural que ha venido construyendo la oposición, al apropiarse de la identificación con los valores socio-históricos de la región. Mientras esto sucede, el PSUV sigue en luchas intestinas, sin sentido en cada espacio. Bajo ese escenario, rescatar al Zulia del control de la oposición luce, por decir lo menos, imposible. Habrá que ver sí la dirigencia regional tiene la voluntad de aplicar las 3 R, en mí parecer eso no ocurrirá.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
30/09/2009
CHÁVEZ, VARGAS LLOSA Y LOS INTELECTUALES
CHÁVEZ, VARGAS LLOSA Y LOS INTELECTUALES
La realización del Foro de CEDICE sobre Libertad y Democracia en Caracas, fue propicia para reunir a otro grupo de intelectuales latinoamericanos de izquierda. Se trata sin duda de la demostración que nuestro país es el epicentro de un muy serio debate político acerca de la prospectiva del cambio político.
La naturaleza de la reunión facilita ahondar sobre el tema de la relación entre discurso político, discurso del poder y manipulación. Cuando hablamos de discurso político, nos referimos a las formas de reproducción del poder político, la dominación o el abuso del poder, entendido como la capacidad de modificar el comportamiento del otro. En ese sentido, el discurso del poder, constituye la expresión de las relaciones sociales manifestadas a través de diversos medios de difusión (audiovisual, escrito, espot propagandísticos, etc) y que tiende a ser objeto de manipulación, entendida como una práctica comunicativa e interaccional, a través de la cual el manipulador ejerce control –o pretende hacerlo- sobre otras personas. La manipulación, implica poder y abuso de este. La pregunta obligada sería: ¿ qué relación hay entre discurso político, discurso del poder y manipulación con la visita de los intelectuales a Venezuela? La respuesta viene dada por el contexto y el texto de producción de los actos del habla de los actores comprometidos: el presidente Hugo Chávez, el intelectual Marío Vargas Llosa, Jorge Castañeda, Enrique Klause, Fernando Buen Abad, Luís Brito García y Roberto Hernández Montoya. Se trata de un momento o coyuntura socio-política donde un conjunto de actores coinciden en una cobertura mediática – impresa y audiovisual- a través de la cual emiten conceptos y categorías que pueden lograr el convencimiento del otro.
El discurso político, como discurso del poder – o contrapoder- es esencial para “convencer” en torno a una posición, proyecto político o percepción de la realidad. El discurso del poder trata de ejercer un control sobre la mente de los receptores de ese discurso es clave para aquellos actores que tienen acceso a los medios de comunicación. Sin duda es el caso de todos los nombrados. Ahora bien, las posiciones de uno y de otros varían. Mientras Chávez, Brito García y Hernández Montoya defienden un modelo de ruptura con la lógica de dominación capitalista, Vargas Llosa, Castañeda y Klause se inclinan por el modelo tardo-capitalista liberal. Ello conlleva que los actores en pugna intenten emplear su acceso a los medios para convencer al público en general.
Estamos hablando de una lucha de poder en su más clara expresión. Y esa lucha se llevó adelante a través de los medios. Chávez, Montoya y Brito emplearon el Sistema nacional de medios Públicos, mientras que Vargas Llosa y compañía los medios privados (Globovisión, El Nacional, El Universal entre otros). Estos medios, hicieron uso de la manipulación a través del uso de la memoria de corto plazo (MCP) y la memoria de largo plazo (MLP). La MCP busca hacer análisis inmediatos, que permiten la percepción del hecho sin interpretaciones profundas. La MLP, por el contrario, busca el conocimiento, las actitudes y la ideología. La MCP es un paso para consolidar posturas que permanecen en la MLP. Para ello, se hace uso de la manipulación, presentándose con estrategias que consisten en: uno, enfatizar las posiciones propias, la superioridad moral del hablante y sus fuentes, y por lo tanto la inferioridad del otro. Este elemento, resulta claro en la entrevista que El Nacional (domingo 31/05/2009, N-8) le hace a Vargas Llosa cuando afirma: “es un personaje muy prototípico – (Chávez)- de América Latina y del Tercer Mundo en general… y es un problema para que prospere una cultura realmente democrática”. Esa intervención, presenta a Chávez como un retroceso histórico en la historia latinoamericana y con eso minimiza su valor político.
Dos, enfocan las nuevas creencias que el manipulador – Vargas Llosa- pretende sean aceptadas. En el caso de la mencionada entrevista, se trata de presentar a Chávez y su modelo de democracia como un accidente histórico, como un modelo de la izquierda tradicional que es peligrosa para la convivencia: “Hay un espacio en el que la izquierda y la derecha se confunden si son democráticas y si son liberales, lo que hay que combatir son las formas extremas de izquierda representada por un Chávez”. Tres, desacreditan fuentes o creencias alternativas; el escritor peruano lo hizo cuando al referirse a Chávez y la propuesta de debate señaló: “"Él jamás propuso seriamente tener un intercambio (...) jamás ha aceptado debatir con nadie, siempre ha sido un monólogo autista" (BBC Mundo). Con ello buscaba restarle seriedad no sólo a las posturas del presidente, también a su propia condición política de defensor de un modelo de democracia participativa. Finalmente, la cuarta estrategia de la manipulación viene dada por la apelación de ideologías, actitudes y emociones relevantes para los receptores del discurso. Vargas Llosa hace uso de una postura en donde él y los intelectuales que lo acompañaban son la representación del diálogo – que es un valor esencial de la democracia- pero los “otros” – Chávez y compañía- no son proclives a ello: “Nosotros estamos para el diálogo, lo que representamos es el diálogo, la racionalidad, deponer las pasiones para hacer política" (BBC Mundo 29/05/2009).
La prensa y los medios audiovisuales, cercanos a la oposición a Chávez, aprovecharon finalmente esta visita de el grupo de intelectuales encabezados por Vargas Llosa para levantar una matriz de opinión que señalaba varios elementos: 1) Chávez es un peligro para Latinoamerica, 2) el modelo de democracia propuesto por su gobierno es profundamente contrario a los valores y elementos culturales del latinoamericano, 3) hay una incapacidad teórica en la definición del socialismo del siglo XXI. Esa estrategia, insistimos, busca impactar en la MLP de los ciudadanos, ahondando las matrices discursivas que se van tejiendo en la red de medios – impresos y audiovisuales- alineados con el capitalismo liberal. Por ello resulta esencial desmontar las matrices que sirven para construir la manipulación de los medios, que buscan con justificar y legitimar la acción propia a la vez que se deslegitima la del “otro”. Esa manipulación, se encuentra firmemente aliada con el discurso académico, tratando con ello incidir en la denominada “memoria episódica” que está asociada con la identidad histórica. Se propone producir generalizaciones que no buscan indagar en los elementos conceptuales implícitos en las afirmaciones discursivas del adversario, por el contrario, el objetivo primordial es la levedad en el tratamiento de temas cuyo contenido ideológico sea esencial. Un ejemplo claro, es el manifestado por otro de los invitados Plinio Apuleyo Mendoza, cuando al referirse al Socialismo del Siglo XXI establece una asociación – inexacta- entre el modelo propuesto por Chávez y el fracasado Socialismo Real, empleando para ello el referente de “comunismo”: el "socialismo del siglo XXI" que propugna el gobierno nacional no es tal, sino "lo que se conoce comúnmente como comunismo, y eso es lo más insólito que se le pueda ofrecer a un país después del fracaso de ese modelo en el siglo XX" (BBC Mundo 29/05/2009).
Esa asociación, busca incidir sobre la “memoria episódica” – o histórica- de forma tal que el lector de las declaraciones del periodista colombiano piense inmediatamente que el modelo propuesto por el presidente de Venezuela tiende – indeteniblemente- al fracaso, tal como paso con la URSS. La manipulación, se basa en el uso de las creencias de los receptores para ejercer un control de la mente, que busca dominar las acciones de los receptores en base a esas mismas creencias manipuladas. Por ello, el debate acerca del papel de los medios no es un asunto fútil, por el contrario el verdadero reto del proceso bolivariano en los actuales momentos estriba en desenmascarar esa manipulación, cuyos efectos sobre el voluntarismo y la participación alrededor del modelo sugerido en el proyecto bolivariano, puede ser fatal.
En este contexto de manipulación, la generación y divulgación por medios impresos y audiovisuales del discurso político en sí mismo es un refuerzo de la propia manipulación. Es por ello, que vemos titulares como el del Diario El Universal (domingo 31/05/2009) en la columna del periodista Roberto Giusti que titula: Por qué Chávez arrugó ante el debate con Mario Vargas Llosa. La estrategia general de la manipulación consiste en presentar una situación de manera tal, que esta – sin ajustarse a la realidad- corresponda con los intereses y percepciones que pretenden ser transmitidos a los receptores. Lo planteado busca – como propuesta manipuladora- que los grupos dominantes – o por lo menos aquellos que tuvieron control hegemónico en el pasado- amplíen su control del poder, generando informaciones, instrucciones y otras prácticas sociales que tienen como objetivo influir en el conocimiento de los receptores acerca de la realidad, lo peor de todo es que ese proceso se realiza bajo prácticas abiertas que son asumidas como totalmente legitimas bajo el manto de la “libertad de expresión”. Con ello se trasgreden las normas sociales de eticidad, equilibrio y equidad, generando una comunicación ilegítima, al favorecer sólo a una forma de representar la realidad.
Sin duda, al revisar el contenido de la crónica de Roberto Giusti, vemos refrendado claramente los elementos que señalamos. El periodista, haciendo uso del principio de la libertad – que es parte fundamental de la justificación del modelo capitalista- señala que la causa de la no realización del debate entre intelectuales era el propio Chávez y no la resistencia de los intelectuales de derecha para debatir con sus pares. Giusti señala contundente que “la causa de fondo que lo llevó (a Chávez) a hacer mutis responde a una de las características del autócrata, acostumbrado a ordenar y a ser obedecido, a hablar y no escuchar y a sentenciar sin derecho a réplica” (El Universal 31/05/2009 1-2). La manipulación se manifiesta a través de un falseamiento de la realidad, y para ello desencaja la realidad misma para adaptarla al objetivo de dominar la percepción de los receptores, planteando que el debate no se realizó por el “temor” de Chávez a discutir y a escuchar ideas contrarias. Se trata de insistir en ignorar que quienes no se presentaron al espacio Aló presidente fueron los intelectuales encabezados por Vargas Llosa, y esa situación es sustituida por la representación de “cobardía y temor” al debate en condiciones de libertad.
Con ello, se completa la transformación de lo aparente en lo real. La fantasía que sustituye la realidad, y todo con la anuencia de los medios audiovisuales e impresos, perfectamente articulados en el ejercicio de la manipulación.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/06/2009
La realización del Foro de CEDICE sobre Libertad y Democracia en Caracas, fue propicia para reunir a otro grupo de intelectuales latinoamericanos de izquierda. Se trata sin duda de la demostración que nuestro país es el epicentro de un muy serio debate político acerca de la prospectiva del cambio político.
La naturaleza de la reunión facilita ahondar sobre el tema de la relación entre discurso político, discurso del poder y manipulación. Cuando hablamos de discurso político, nos referimos a las formas de reproducción del poder político, la dominación o el abuso del poder, entendido como la capacidad de modificar el comportamiento del otro. En ese sentido, el discurso del poder, constituye la expresión de las relaciones sociales manifestadas a través de diversos medios de difusión (audiovisual, escrito, espot propagandísticos, etc) y que tiende a ser objeto de manipulación, entendida como una práctica comunicativa e interaccional, a través de la cual el manipulador ejerce control –o pretende hacerlo- sobre otras personas. La manipulación, implica poder y abuso de este. La pregunta obligada sería: ¿ qué relación hay entre discurso político, discurso del poder y manipulación con la visita de los intelectuales a Venezuela? La respuesta viene dada por el contexto y el texto de producción de los actos del habla de los actores comprometidos: el presidente Hugo Chávez, el intelectual Marío Vargas Llosa, Jorge Castañeda, Enrique Klause, Fernando Buen Abad, Luís Brito García y Roberto Hernández Montoya. Se trata de un momento o coyuntura socio-política donde un conjunto de actores coinciden en una cobertura mediática – impresa y audiovisual- a través de la cual emiten conceptos y categorías que pueden lograr el convencimiento del otro.
El discurso político, como discurso del poder – o contrapoder- es esencial para “convencer” en torno a una posición, proyecto político o percepción de la realidad. El discurso del poder trata de ejercer un control sobre la mente de los receptores de ese discurso es clave para aquellos actores que tienen acceso a los medios de comunicación. Sin duda es el caso de todos los nombrados. Ahora bien, las posiciones de uno y de otros varían. Mientras Chávez, Brito García y Hernández Montoya defienden un modelo de ruptura con la lógica de dominación capitalista, Vargas Llosa, Castañeda y Klause se inclinan por el modelo tardo-capitalista liberal. Ello conlleva que los actores en pugna intenten emplear su acceso a los medios para convencer al público en general.
Estamos hablando de una lucha de poder en su más clara expresión. Y esa lucha se llevó adelante a través de los medios. Chávez, Montoya y Brito emplearon el Sistema nacional de medios Públicos, mientras que Vargas Llosa y compañía los medios privados (Globovisión, El Nacional, El Universal entre otros). Estos medios, hicieron uso de la manipulación a través del uso de la memoria de corto plazo (MCP) y la memoria de largo plazo (MLP). La MCP busca hacer análisis inmediatos, que permiten la percepción del hecho sin interpretaciones profundas. La MLP, por el contrario, busca el conocimiento, las actitudes y la ideología. La MCP es un paso para consolidar posturas que permanecen en la MLP. Para ello, se hace uso de la manipulación, presentándose con estrategias que consisten en: uno, enfatizar las posiciones propias, la superioridad moral del hablante y sus fuentes, y por lo tanto la inferioridad del otro. Este elemento, resulta claro en la entrevista que El Nacional (domingo 31/05/2009, N-8) le hace a Vargas Llosa cuando afirma: “es un personaje muy prototípico – (Chávez)- de América Latina y del Tercer Mundo en general… y es un problema para que prospere una cultura realmente democrática”. Esa intervención, presenta a Chávez como un retroceso histórico en la historia latinoamericana y con eso minimiza su valor político.
Dos, enfocan las nuevas creencias que el manipulador – Vargas Llosa- pretende sean aceptadas. En el caso de la mencionada entrevista, se trata de presentar a Chávez y su modelo de democracia como un accidente histórico, como un modelo de la izquierda tradicional que es peligrosa para la convivencia: “Hay un espacio en el que la izquierda y la derecha se confunden si son democráticas y si son liberales, lo que hay que combatir son las formas extremas de izquierda representada por un Chávez”. Tres, desacreditan fuentes o creencias alternativas; el escritor peruano lo hizo cuando al referirse a Chávez y la propuesta de debate señaló: “"Él jamás propuso seriamente tener un intercambio (...) jamás ha aceptado debatir con nadie, siempre ha sido un monólogo autista" (BBC Mundo). Con ello buscaba restarle seriedad no sólo a las posturas del presidente, también a su propia condición política de defensor de un modelo de democracia participativa. Finalmente, la cuarta estrategia de la manipulación viene dada por la apelación de ideologías, actitudes y emociones relevantes para los receptores del discurso. Vargas Llosa hace uso de una postura en donde él y los intelectuales que lo acompañaban son la representación del diálogo – que es un valor esencial de la democracia- pero los “otros” – Chávez y compañía- no son proclives a ello: “Nosotros estamos para el diálogo, lo que representamos es el diálogo, la racionalidad, deponer las pasiones para hacer política" (BBC Mundo 29/05/2009).
La prensa y los medios audiovisuales, cercanos a la oposición a Chávez, aprovecharon finalmente esta visita de el grupo de intelectuales encabezados por Vargas Llosa para levantar una matriz de opinión que señalaba varios elementos: 1) Chávez es un peligro para Latinoamerica, 2) el modelo de democracia propuesto por su gobierno es profundamente contrario a los valores y elementos culturales del latinoamericano, 3) hay una incapacidad teórica en la definición del socialismo del siglo XXI. Esa estrategia, insistimos, busca impactar en la MLP de los ciudadanos, ahondando las matrices discursivas que se van tejiendo en la red de medios – impresos y audiovisuales- alineados con el capitalismo liberal. Por ello resulta esencial desmontar las matrices que sirven para construir la manipulación de los medios, que buscan con justificar y legitimar la acción propia a la vez que se deslegitima la del “otro”. Esa manipulación, se encuentra firmemente aliada con el discurso académico, tratando con ello incidir en la denominada “memoria episódica” que está asociada con la identidad histórica. Se propone producir generalizaciones que no buscan indagar en los elementos conceptuales implícitos en las afirmaciones discursivas del adversario, por el contrario, el objetivo primordial es la levedad en el tratamiento de temas cuyo contenido ideológico sea esencial. Un ejemplo claro, es el manifestado por otro de los invitados Plinio Apuleyo Mendoza, cuando al referirse al Socialismo del Siglo XXI establece una asociación – inexacta- entre el modelo propuesto por Chávez y el fracasado Socialismo Real, empleando para ello el referente de “comunismo”: el "socialismo del siglo XXI" que propugna el gobierno nacional no es tal, sino "lo que se conoce comúnmente como comunismo, y eso es lo más insólito que se le pueda ofrecer a un país después del fracaso de ese modelo en el siglo XX" (BBC Mundo 29/05/2009).
Esa asociación, busca incidir sobre la “memoria episódica” – o histórica- de forma tal que el lector de las declaraciones del periodista colombiano piense inmediatamente que el modelo propuesto por el presidente de Venezuela tiende – indeteniblemente- al fracaso, tal como paso con la URSS. La manipulación, se basa en el uso de las creencias de los receptores para ejercer un control de la mente, que busca dominar las acciones de los receptores en base a esas mismas creencias manipuladas. Por ello, el debate acerca del papel de los medios no es un asunto fútil, por el contrario el verdadero reto del proceso bolivariano en los actuales momentos estriba en desenmascarar esa manipulación, cuyos efectos sobre el voluntarismo y la participación alrededor del modelo sugerido en el proyecto bolivariano, puede ser fatal.
En este contexto de manipulación, la generación y divulgación por medios impresos y audiovisuales del discurso político en sí mismo es un refuerzo de la propia manipulación. Es por ello, que vemos titulares como el del Diario El Universal (domingo 31/05/2009) en la columna del periodista Roberto Giusti que titula: Por qué Chávez arrugó ante el debate con Mario Vargas Llosa. La estrategia general de la manipulación consiste en presentar una situación de manera tal, que esta – sin ajustarse a la realidad- corresponda con los intereses y percepciones que pretenden ser transmitidos a los receptores. Lo planteado busca – como propuesta manipuladora- que los grupos dominantes – o por lo menos aquellos que tuvieron control hegemónico en el pasado- amplíen su control del poder, generando informaciones, instrucciones y otras prácticas sociales que tienen como objetivo influir en el conocimiento de los receptores acerca de la realidad, lo peor de todo es que ese proceso se realiza bajo prácticas abiertas que son asumidas como totalmente legitimas bajo el manto de la “libertad de expresión”. Con ello se trasgreden las normas sociales de eticidad, equilibrio y equidad, generando una comunicación ilegítima, al favorecer sólo a una forma de representar la realidad.
Sin duda, al revisar el contenido de la crónica de Roberto Giusti, vemos refrendado claramente los elementos que señalamos. El periodista, haciendo uso del principio de la libertad – que es parte fundamental de la justificación del modelo capitalista- señala que la causa de la no realización del debate entre intelectuales era el propio Chávez y no la resistencia de los intelectuales de derecha para debatir con sus pares. Giusti señala contundente que “la causa de fondo que lo llevó (a Chávez) a hacer mutis responde a una de las características del autócrata, acostumbrado a ordenar y a ser obedecido, a hablar y no escuchar y a sentenciar sin derecho a réplica” (El Universal 31/05/2009 1-2). La manipulación se manifiesta a través de un falseamiento de la realidad, y para ello desencaja la realidad misma para adaptarla al objetivo de dominar la percepción de los receptores, planteando que el debate no se realizó por el “temor” de Chávez a discutir y a escuchar ideas contrarias. Se trata de insistir en ignorar que quienes no se presentaron al espacio Aló presidente fueron los intelectuales encabezados por Vargas Llosa, y esa situación es sustituida por la representación de “cobardía y temor” al debate en condiciones de libertad.
Con ello, se completa la transformación de lo aparente en lo real. La fantasía que sustituye la realidad, y todo con la anuencia de los medios audiovisuales e impresos, perfectamente articulados en el ejercicio de la manipulación.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/06/2009
VENEZUELA: 10 AÑOS DE AJUSTE SOCIOPOLÍTICO
VENEZUELA: 10 AÑOS DE AJUSTE SOCIOPOLÍTICO
La obsesión por las fechas no permite ver los procesos en su contexto. Sí bien, son diez (10) años de la aprobación de la Constitución, no puede perderse de vista la dinámica general del ajuste sociopolítico. En 1er lugar, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un proceso más amplío de agotamiento de las formas de hacer política que prevalecieron a partir de la 2da mitad del siglo XX. Se trata de un enfoque que hace hincapié en la “virtud” de los sistemas de representación política, a través del cual se asume la “necesaria” obligación del distanciamiento de la participación del ciudadano, mediante la restricción sólo al momento electoral.
No es fortuito observar como en Latinoamérica en su conjunto estas formas de articulación de la vida democrática terminaron en conflictos y movilizaciones de gran peso, tal como lo ocurrido en Caracas y Buenos Aires en los años finales de la década de los 80, en el pasado siglo XX. Los sistemas políticos basados en relaciones corporativas, donde los grandes grupos de presión (económico, político, gremial) establecían alianzas sobre las cuales repartieron los beneficios de la renta capitalista, no pudo mantener ese clima de confianza y paz forzada y cedieron a las propias conflictividades y contradicciones que generan.
En 2do lugar, no se puede perder de vista el hecho que los cambios en las formas de gobernabilidad democrática se tradujeron en mayores exigencias de participación directa de los colectivos. Se trata de analizar el nuevo significado que se le da a la ciudadanía política y al concepto de soberanía popular. Cada vez se hizo más común en los años finales del siglo XX, las exigencias de mayores espacios de articulación y participación ciudadana. La resistencia de los factores de poder a esta exigencia nos habla de la aparición del fenómeno de la “antipolítica” como un rechazo a las formas de representación de los partidos históricos.
En 3er lugar, los efectos desastrosos de los ajustes neoliberales al sistema económico y a la arquitectura del Estado Nacional son otro elemento que explica los cambios históricos generados. Estas tres (3) dinámicas señaladas someramente, son significativas para entender el ajuste socio-político que se produce con la Constituyente en Venezuela. Por otra parte, no podemos dejar de señalar el impacto que tuvo el proceso constituyente en Colombia en 1991. Se trata de entender que se da inicio a lo que se denomina el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que propone que las constituciones no son cuerpos perfectos e inmutables en el transcurso del tiempo, que por el contrario deben ser objeto de ajustes periódicos para permitir su adecuación con los procesos de cambio social. En el caso nuestro, la Constitución selló un déficit histórico de derechos que se tenía desde la propia independencia. Procesos ligados a tres problemas no resueltos, tales como el acceso a la propiedad, el tema de la participación política y la igualdad real ante la sociedad, son tratados en la Constitución de 1999 y han permitido un dinamismo de gran significado en cuanto al desarrollo de la ciudadanía.
No hay que dejar de notar, que ese proceso de ajuste socio-político fue posible debido a la articulación de un discurso de cambio, encarnado en la figura de Chávez junto a las expectativas de mejora de una población, cuyos estratos D y E, pasaron a constituirse en el electorado clave en el proceso político venezolano. La capacidad del discurso de Chávez, para articularse con esas demandas es lo que ha hecho posible su permanencia en el poder, por ello observar detalladamente los descontentos que expresan los ciudadanos por problemas ligados a su calidad de vida, la falta de respuestas a sus exigencias, la lentitud del aparato del estado, deben ser llamados de advertencia para quienes se alinean en el lado de la revolución bolivariana.
Diez años después, el compromiso con la construcción y articulación de una sociedad que realmente modifique las condiciones de apropiación y explotación del hombre por el hombre, sigue siendo el motor que impulsa la reflexión, sin embargo en el ínterin se ha venido articulando un sector peligroso para la continuidad de este proceso: la boliburguesía. Es el reformista que se viste de rojo y se aprovecha de su condición, es el funcionario burócrata, es el diputado que no rinde cuenta a sus electores, en fin es el peligro del más de los mismo. Diez años después debemos reflexionar sobre lo que puede ser y lo que ha sido, no hacerlo es asumir el título de lo dicho por Trosky en su obra de 1936: La revolución traicionada.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
La obsesión por las fechas no permite ver los procesos en su contexto. Sí bien, son diez (10) años de la aprobación de la Constitución, no puede perderse de vista la dinámica general del ajuste sociopolítico. En 1er lugar, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un proceso más amplío de agotamiento de las formas de hacer política que prevalecieron a partir de la 2da mitad del siglo XX. Se trata de un enfoque que hace hincapié en la “virtud” de los sistemas de representación política, a través del cual se asume la “necesaria” obligación del distanciamiento de la participación del ciudadano, mediante la restricción sólo al momento electoral.
No es fortuito observar como en Latinoamérica en su conjunto estas formas de articulación de la vida democrática terminaron en conflictos y movilizaciones de gran peso, tal como lo ocurrido en Caracas y Buenos Aires en los años finales de la década de los 80, en el pasado siglo XX. Los sistemas políticos basados en relaciones corporativas, donde los grandes grupos de presión (económico, político, gremial) establecían alianzas sobre las cuales repartieron los beneficios de la renta capitalista, no pudo mantener ese clima de confianza y paz forzada y cedieron a las propias conflictividades y contradicciones que generan.
En 2do lugar, no se puede perder de vista el hecho que los cambios en las formas de gobernabilidad democrática se tradujeron en mayores exigencias de participación directa de los colectivos. Se trata de analizar el nuevo significado que se le da a la ciudadanía política y al concepto de soberanía popular. Cada vez se hizo más común en los años finales del siglo XX, las exigencias de mayores espacios de articulación y participación ciudadana. La resistencia de los factores de poder a esta exigencia nos habla de la aparición del fenómeno de la “antipolítica” como un rechazo a las formas de representación de los partidos históricos.
En 3er lugar, los efectos desastrosos de los ajustes neoliberales al sistema económico y a la arquitectura del Estado Nacional son otro elemento que explica los cambios históricos generados. Estas tres (3) dinámicas señaladas someramente, son significativas para entender el ajuste socio-político que se produce con la Constituyente en Venezuela. Por otra parte, no podemos dejar de señalar el impacto que tuvo el proceso constituyente en Colombia en 1991. Se trata de entender que se da inicio a lo que se denomina el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que propone que las constituciones no son cuerpos perfectos e inmutables en el transcurso del tiempo, que por el contrario deben ser objeto de ajustes periódicos para permitir su adecuación con los procesos de cambio social. En el caso nuestro, la Constitución selló un déficit histórico de derechos que se tenía desde la propia independencia. Procesos ligados a tres problemas no resueltos, tales como el acceso a la propiedad, el tema de la participación política y la igualdad real ante la sociedad, son tratados en la Constitución de 1999 y han permitido un dinamismo de gran significado en cuanto al desarrollo de la ciudadanía.
No hay que dejar de notar, que ese proceso de ajuste socio-político fue posible debido a la articulación de un discurso de cambio, encarnado en la figura de Chávez junto a las expectativas de mejora de una población, cuyos estratos D y E, pasaron a constituirse en el electorado clave en el proceso político venezolano. La capacidad del discurso de Chávez, para articularse con esas demandas es lo que ha hecho posible su permanencia en el poder, por ello observar detalladamente los descontentos que expresan los ciudadanos por problemas ligados a su calidad de vida, la falta de respuestas a sus exigencias, la lentitud del aparato del estado, deben ser llamados de advertencia para quienes se alinean en el lado de la revolución bolivariana.
Diez años después, el compromiso con la construcción y articulación de una sociedad que realmente modifique las condiciones de apropiación y explotación del hombre por el hombre, sigue siendo el motor que impulsa la reflexión, sin embargo en el ínterin se ha venido articulando un sector peligroso para la continuidad de este proceso: la boliburguesía. Es el reformista que se viste de rojo y se aprovecha de su condición, es el funcionario burócrata, es el diputado que no rinde cuenta a sus electores, en fin es el peligro del más de los mismo. Diez años después debemos reflexionar sobre lo que puede ser y lo que ha sido, no hacerlo es asumir el título de lo dicho por Trosky en su obra de 1936: La revolución traicionada.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
ROSALES: RELIGIOSIDAD, HISTORIA Y MANIPULACIÓN
ROSALES: RELIGIOSIDAD, HISTORIA Y MANIPULACIÓN
Sí aceptamos que el poder – siguiendo la definición de Max Weber- es la capacidad de modificar el comportamiento de los otros por parte de un conjunto de individuos, también debemos aceptar que el ejercicio del poder sí bien lleva implícito nociones de violencia, no siempre puede estar basado en esos mecanismos para lograr el convencimiento. En muchas ocasiones, quienes ejercen el poder hacen uso de diversos constructos culturales, ideológicos e históricos. Es ese el caso del Manuel Rosales y del actual Gobernador del Zulia, Pablo Pérez.
La identificación que subyace en la propaganda oficial de la Gobernación, en el sentido que los representantes políticos del partido Un Nuevo Tiempo – Manuel Rosales primero y Pablo Pérez actualmente- son la encarnación de la zulianidad, es una manifestación de la máxima que anunciamos al principio.
Todo el tejido discursivo de las acciones oficiales, se estructura sobre la insistencia en la diferencialidad cultural del zuliano con respecto al resto del país. En la práctica hay que reconocer esa diferencialidad, pues no hay duda de las particularidades del zuliano, sin embargo sin parecer contradictorio, ese reconocimiento no significa que compartamos la representación que busca construir un sentimiento de distanciamiento con la propia venezolanidad. Para ello, se ha estructurado una muy lógica manipulación del carácter identitario del zuliano, alimentado desde las investigaciones históricas y sustentado adecuadamente desde el aparato oficial de nuestra entidad regional, mezclando elementos de carácter histórico, ideológico y religioso.
Históricamente, es sabido que el espacio histórico marabino – pues hablamos de la región histórica que comprende el actual estado Zulia y los estados Mérida, Táchira y Trujillo, así como parte de Lara y Falcón- tuvo una pujanza derivada del impacto que el puerto de Maracaibo adquiere desde inicios del siglo XVII, producto de haber servido de salida a las mercaderías y productos venidos de los Andes. Ese comercio, aunado al hecho que nuestro estado toma forma de una herradura, por el conjunto físico que lo rodea – al oeste la Sierra de Perijá, al sur-este la Cordillera Andina y al este el sistema Lara- Falcón- incidió en el particular aislamiento de este espacio histórico y su escaso contacto con el resto del territorio de la Capitanía general de Venezuela y la posterior república. Sobre ese aislamiento y la pujanza – insistimos en ello- se desarrollo una elite multifuncional, por sus lazos sociales, culturales, políticos y económicos que utilizó – y utiliza- esa prosperidad en su propio beneficio. La tantas veces nombrada autonomía e identidad del zuliano, ha sido y es una excusa para el propio beneficio de esa elite, que enmarcada en el regionalismo ha subyugado, explotado y usufructado las riquezas sin ningún tipo de escrúpulo. Hemos dicho, que Rosales – al igual que Jorge Sutherland y Venancio Pulgar- ha sabido emplear el enorme orgullo histórico del zuliano para sus propios objetivos. Han convocado a LOS CIUDADANOS DEL Zulia a enfrentarse con el poder central, en una “supuesta” defensa de la autonomía y han terminado abandonando a quienes prometieron defender.
La pregunta obligada es: ¿ cómo se ha generado ese fenómeno?. Tanto en el siglo XIX como en los años finales del siglo XX e inicios del presente siglo, se ha construido un marco interpretativo, entendido como un conjunto de normas, rituales y símbolos que sirven para justificar la hegemonía de esa elite polifuncional. El culto religioso a la Virgen de Chiquinquirá, la estructura formal de la Iglesia Católica, los sectores culturales controlados por esa elite, así como la capacidad económica que manejan sirvió – y sirve- para asociarlos a ellos con la zulianidad. Es interesante ver como la propaganda de Rosales y Pablo Pérez habla del gobierno del Zulia y emplea en los medios el Himno del estado para acompañar la divulgación de sus obras. Es conocida una de esas propagandas, que durante buena parte de su duración lo que hace es acompañar las imágenes de obras, carreteras y remodelaciones realizadas por el ejecutivo con el Himno. Encontramos ahí un mensaje sugerido: quienes gobiernan son el Zulia, los “otros” son presentados explícitamente como agresores de “esa zulianidad”. Cualquiera que pretende señalar en esos responsables políticos cualquier tipo de crítica, no hace sino atacar al Zulia. Vemos así como se construye una identificación entre el representante político y la identidad del zuliano. Esa estrategia no es nueva- insistimos en ello- pues fue implementada en el siglo XIX con éxito, y se vuelve a hacer con la anuencia y asesoría de un conjunto de intelectuales e historiadores – de gran respeto y estima por mí- que forman parte del equipo de apoyo institucional de Pablo Pérez y Manuel Rosales. Lo grave de ello, es que a través de esa asociación- manipulación se oculta el interés de impulsar sentimientos de profunda diferencialidad con la venezolanidad toda y a partir de ahí, sostener ideas de secesionismo o autonomía riesgosas para la integridad territorial.
Se trata de hacer sentir que existe una gran “injusticia” manifestada por el aporte que hace el Zulia y lo que recibe, con ello se busca movilizar al zuliano en “defensa de lo propio”. Esa defensa es enmarcada en la acción política del gobierno regional, y sus cabezas políticas, quienes surgen como “verdaderos” adalides de la identidad del zuliano, cuando en verdad no hacen sino defender sus propios intereses económicos.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
26/05/2009
Sí aceptamos que el poder – siguiendo la definición de Max Weber- es la capacidad de modificar el comportamiento de los otros por parte de un conjunto de individuos, también debemos aceptar que el ejercicio del poder sí bien lleva implícito nociones de violencia, no siempre puede estar basado en esos mecanismos para lograr el convencimiento. En muchas ocasiones, quienes ejercen el poder hacen uso de diversos constructos culturales, ideológicos e históricos. Es ese el caso del Manuel Rosales y del actual Gobernador del Zulia, Pablo Pérez.
La identificación que subyace en la propaganda oficial de la Gobernación, en el sentido que los representantes políticos del partido Un Nuevo Tiempo – Manuel Rosales primero y Pablo Pérez actualmente- son la encarnación de la zulianidad, es una manifestación de la máxima que anunciamos al principio.
Todo el tejido discursivo de las acciones oficiales, se estructura sobre la insistencia en la diferencialidad cultural del zuliano con respecto al resto del país. En la práctica hay que reconocer esa diferencialidad, pues no hay duda de las particularidades del zuliano, sin embargo sin parecer contradictorio, ese reconocimiento no significa que compartamos la representación que busca construir un sentimiento de distanciamiento con la propia venezolanidad. Para ello, se ha estructurado una muy lógica manipulación del carácter identitario del zuliano, alimentado desde las investigaciones históricas y sustentado adecuadamente desde el aparato oficial de nuestra entidad regional, mezclando elementos de carácter histórico, ideológico y religioso.
Históricamente, es sabido que el espacio histórico marabino – pues hablamos de la región histórica que comprende el actual estado Zulia y los estados Mérida, Táchira y Trujillo, así como parte de Lara y Falcón- tuvo una pujanza derivada del impacto que el puerto de Maracaibo adquiere desde inicios del siglo XVII, producto de haber servido de salida a las mercaderías y productos venidos de los Andes. Ese comercio, aunado al hecho que nuestro estado toma forma de una herradura, por el conjunto físico que lo rodea – al oeste la Sierra de Perijá, al sur-este la Cordillera Andina y al este el sistema Lara- Falcón- incidió en el particular aislamiento de este espacio histórico y su escaso contacto con el resto del territorio de la Capitanía general de Venezuela y la posterior república. Sobre ese aislamiento y la pujanza – insistimos en ello- se desarrollo una elite multifuncional, por sus lazos sociales, culturales, políticos y económicos que utilizó – y utiliza- esa prosperidad en su propio beneficio. La tantas veces nombrada autonomía e identidad del zuliano, ha sido y es una excusa para el propio beneficio de esa elite, que enmarcada en el regionalismo ha subyugado, explotado y usufructado las riquezas sin ningún tipo de escrúpulo. Hemos dicho, que Rosales – al igual que Jorge Sutherland y Venancio Pulgar- ha sabido emplear el enorme orgullo histórico del zuliano para sus propios objetivos. Han convocado a LOS CIUDADANOS DEL Zulia a enfrentarse con el poder central, en una “supuesta” defensa de la autonomía y han terminado abandonando a quienes prometieron defender.
La pregunta obligada es: ¿ cómo se ha generado ese fenómeno?. Tanto en el siglo XIX como en los años finales del siglo XX e inicios del presente siglo, se ha construido un marco interpretativo, entendido como un conjunto de normas, rituales y símbolos que sirven para justificar la hegemonía de esa elite polifuncional. El culto religioso a la Virgen de Chiquinquirá, la estructura formal de la Iglesia Católica, los sectores culturales controlados por esa elite, así como la capacidad económica que manejan sirvió – y sirve- para asociarlos a ellos con la zulianidad. Es interesante ver como la propaganda de Rosales y Pablo Pérez habla del gobierno del Zulia y emplea en los medios el Himno del estado para acompañar la divulgación de sus obras. Es conocida una de esas propagandas, que durante buena parte de su duración lo que hace es acompañar las imágenes de obras, carreteras y remodelaciones realizadas por el ejecutivo con el Himno. Encontramos ahí un mensaje sugerido: quienes gobiernan son el Zulia, los “otros” son presentados explícitamente como agresores de “esa zulianidad”. Cualquiera que pretende señalar en esos responsables políticos cualquier tipo de crítica, no hace sino atacar al Zulia. Vemos así como se construye una identificación entre el representante político y la identidad del zuliano. Esa estrategia no es nueva- insistimos en ello- pues fue implementada en el siglo XIX con éxito, y se vuelve a hacer con la anuencia y asesoría de un conjunto de intelectuales e historiadores – de gran respeto y estima por mí- que forman parte del equipo de apoyo institucional de Pablo Pérez y Manuel Rosales. Lo grave de ello, es que a través de esa asociación- manipulación se oculta el interés de impulsar sentimientos de profunda diferencialidad con la venezolanidad toda y a partir de ahí, sostener ideas de secesionismo o autonomía riesgosas para la integridad territorial.
Se trata de hacer sentir que existe una gran “injusticia” manifestada por el aporte que hace el Zulia y lo que recibe, con ello se busca movilizar al zuliano en “defensa de lo propio”. Esa defensa es enmarcada en la acción política del gobierno regional, y sus cabezas políticas, quienes surgen como “verdaderos” adalides de la identidad del zuliano, cuando en verdad no hacen sino defender sus propios intereses económicos.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
26/05/2009
PERSPECTIVAS SOCIO-POLÍTICAS 2010
PERSPECTIVAS SOCIO-POLÍTICAS 2010
Los historiadores no acostumbramos establecer escenarios, sin embargo como militantes de la historia inmediata que somos, hacemos uso de los análisis prospectivos para plantear posibles contextos socio-políticos para el 2010. Lo primero es que hay que reconocer que la popularidad de Chávez se mantiene, sí bien se ha visto afectada por los efectos de la crisis en el sector eléctrico, así como por los casos de corrupción. Los últimos estudios de encuestadoras (no precisamente cercanas a Chávez) indican que su popularidad oscila aun entre el 40 y 45% (Datanálisis, IVAD, Consultores 21). Eso se traduce en que desde el punto de vista comunicacional la figura de Chávez sigue siendo una referencia y lo peor de ello (para la oposición) es que no aparece nadie que compita con él.
Lo que esto significa es que al contrario de lo que comienzan a decir algunos personajes de la oposición, las posibilidades para ellos de obtener una mayoría en las elecciones legislativas del 2010 no son muy altas. Lo que nos ayuda a entender porque el chavismo, a pesar de estar lleno de unos cuantos malos candidatos, de los escándalos de corrupción, de los excesos de burocratismo, será mayoría en el 2010 es el tema de la agenda pública y la agenda política. En los estudios de comunicación política, cuando se habla de agenda pública se trata de explicar la importancia o relevancia que adquieren ciertos temas o tópicos para las audiencias o públicos. Esta se diferencia de la agenda política, que es aquella que busca establecer la respuesta que los actores políticos dan a los temas surgidos desde los ciudadanos comunes. Lo que decimos es que la agenda política de la oposición no coincide en ningún momento con la agenda de los públicos, a pesar de los intentos de los medios de comunicación para hacer coincidir y encajar lo que no pega. Para ejemplo algunas cifras provistas de la última encuesta tanto de Datanálisis y Consultores 21 (noviembre 2009). Los grandes temas para los ciudadanos – en orden de prioridad- son: el desempleo es el principal problema 24%, mejorar la economía 18,6%, seguridad 18,3%; vivienda 5,6%, mejorar el sistema de salud 5,3%; solucionar problemas sociales 4,9%; educación 4,4%; continuar con la ideología 3,9%; paz-armonía 3,8%; acabar con la corrupción 3,1%; acabar con la revolución 1,5%; mejorar las relaciones con otros países 1,2%, vivir en democracia 1,1%. Como se ve, son todos temas relacionados con lo que en psicología política denominamos el mundo intrapersonal. Mientras esto piensan los venezolanos, los políticos de oposición siguen empecinados en el tema de la “dictadura de Chávez”, las locuras de Chávez, la idea de “cubanizar a Venezuela” de Chávez, todo gira en torno a la figura presidencial. Con ello, lo más importante en la agenda de los políticos no es lo más importante en la agenda de los venezolanos. Y eso tiene su peso político específico, más aun sí se considera que el tema de lo social, de lo económico, de la igualdad y el acceso social es el principal tema del chavismo.
Con ello queremos decir, que ese distanciamiento entre la agenda pública y la agenda política le costará caro a la oposición a Chávez, a pesar de los errores, despilfarros y desaciertos que pueda cometer el gobierno, esté mantiene la agenda social como principal tema de la agenda política, haciendo coincidir su discurso con el casi 82% de electores de los estratos D y E que conforman el universo electoral del país.
Insistimos, bajo este panorama podemos ver tres escenarios: 1) la oposición mantiene ese distanciamiento discursivo y en ese caso el chavismo obtiene entre 120-130 plazas en la Asamblea Nacional, 2) la oposición democratiza la elección de sus candidatos y renuncia al consenso como fórmula para conformar sus listas, sin embargo no es suficiente pues siguen sin una agenda política, en este caso el chavismo obtiene entre 90 y 110 curules y la oposición entre 46 y 75 y el último escenario (casi imposible), es aquel donde la oposición no sólo elige democráticamente sus candidatos, los acompaña con una agenda política sino que además esos candidatos no están asociados con los actores tradicionales (como se ve son muchas variables que cumplir) entonces y solo entonces, la oposición puede alcanzar 76 a 90 curules colocando a Chávez en una minoría. Este último escenario depende del estricto cumplimiento de todas las variables, cuestión que vemos muy difícil dadas las características de la situación política. En conclusión, duélale a quién le duela, hay chavismo para rato a pesar de sus propios errores.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
23/12/2009
Los historiadores no acostumbramos establecer escenarios, sin embargo como militantes de la historia inmediata que somos, hacemos uso de los análisis prospectivos para plantear posibles contextos socio-políticos para el 2010. Lo primero es que hay que reconocer que la popularidad de Chávez se mantiene, sí bien se ha visto afectada por los efectos de la crisis en el sector eléctrico, así como por los casos de corrupción. Los últimos estudios de encuestadoras (no precisamente cercanas a Chávez) indican que su popularidad oscila aun entre el 40 y 45% (Datanálisis, IVAD, Consultores 21). Eso se traduce en que desde el punto de vista comunicacional la figura de Chávez sigue siendo una referencia y lo peor de ello (para la oposición) es que no aparece nadie que compita con él.
Lo que esto significa es que al contrario de lo que comienzan a decir algunos personajes de la oposición, las posibilidades para ellos de obtener una mayoría en las elecciones legislativas del 2010 no son muy altas. Lo que nos ayuda a entender porque el chavismo, a pesar de estar lleno de unos cuantos malos candidatos, de los escándalos de corrupción, de los excesos de burocratismo, será mayoría en el 2010 es el tema de la agenda pública y la agenda política. En los estudios de comunicación política, cuando se habla de agenda pública se trata de explicar la importancia o relevancia que adquieren ciertos temas o tópicos para las audiencias o públicos. Esta se diferencia de la agenda política, que es aquella que busca establecer la respuesta que los actores políticos dan a los temas surgidos desde los ciudadanos comunes. Lo que decimos es que la agenda política de la oposición no coincide en ningún momento con la agenda de los públicos, a pesar de los intentos de los medios de comunicación para hacer coincidir y encajar lo que no pega. Para ejemplo algunas cifras provistas de la última encuesta tanto de Datanálisis y Consultores 21 (noviembre 2009). Los grandes temas para los ciudadanos – en orden de prioridad- son: el desempleo es el principal problema 24%, mejorar la economía 18,6%, seguridad 18,3%; vivienda 5,6%, mejorar el sistema de salud 5,3%; solucionar problemas sociales 4,9%; educación 4,4%; continuar con la ideología 3,9%; paz-armonía 3,8%; acabar con la corrupción 3,1%; acabar con la revolución 1,5%; mejorar las relaciones con otros países 1,2%, vivir en democracia 1,1%. Como se ve, son todos temas relacionados con lo que en psicología política denominamos el mundo intrapersonal. Mientras esto piensan los venezolanos, los políticos de oposición siguen empecinados en el tema de la “dictadura de Chávez”, las locuras de Chávez, la idea de “cubanizar a Venezuela” de Chávez, todo gira en torno a la figura presidencial. Con ello, lo más importante en la agenda de los políticos no es lo más importante en la agenda de los venezolanos. Y eso tiene su peso político específico, más aun sí se considera que el tema de lo social, de lo económico, de la igualdad y el acceso social es el principal tema del chavismo.
Con ello queremos decir, que ese distanciamiento entre la agenda pública y la agenda política le costará caro a la oposición a Chávez, a pesar de los errores, despilfarros y desaciertos que pueda cometer el gobierno, esté mantiene la agenda social como principal tema de la agenda política, haciendo coincidir su discurso con el casi 82% de electores de los estratos D y E que conforman el universo electoral del país.
Insistimos, bajo este panorama podemos ver tres escenarios: 1) la oposición mantiene ese distanciamiento discursivo y en ese caso el chavismo obtiene entre 120-130 plazas en la Asamblea Nacional, 2) la oposición democratiza la elección de sus candidatos y renuncia al consenso como fórmula para conformar sus listas, sin embargo no es suficiente pues siguen sin una agenda política, en este caso el chavismo obtiene entre 90 y 110 curules y la oposición entre 46 y 75 y el último escenario (casi imposible), es aquel donde la oposición no sólo elige democráticamente sus candidatos, los acompaña con una agenda política sino que además esos candidatos no están asociados con los actores tradicionales (como se ve son muchas variables que cumplir) entonces y solo entonces, la oposición puede alcanzar 76 a 90 curules colocando a Chávez en una minoría. Este último escenario depende del estricto cumplimiento de todas las variables, cuestión que vemos muy difícil dadas las características de la situación política. En conclusión, duélale a quién le duela, hay chavismo para rato a pesar de sus propios errores.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
23/12/2009
martes, 14 de abril de 2009
DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ
DEL GRAN VIRAJE AL AJUSTE ANTI-CRISIS DE CHÁVEZ
Los anuncios hechos por el presidente Hugo Chávez el pasado domingo 22 de marzo, son propicios para el análisis comparativo del ajuste estructural propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989. Tanto Chávez como CAP son sin lugar a dudas líderes carismáticos, con enorme arrastre popular y que se vieron enfrentados a una situación socio-política en un contexto de crisis.
Para CAP, el año 1989 se dibujó bajo la sombra del abrumador triunfo electoral que había logrado en diciembre de 1988, bajo la promesa de retrotraer a los venezolanos a la época de la Venezuela Saudita. La hegemonía política alcanzada le proveía una oportunidad política para el ajuste –posteriormente conocido como Consenso de Washington- económico e institucional. El gobierno de Chávez, por su parte debe afrontar el enorme impacto que tiene la mayor crisis económica experimentada por el sistema-mundo, que amenaza con destruirnos a través de sus consecuencias. Por otra parte, viene de obtener una importante victoria electoral, tanto en la consulta de noviembre 2008 como en el referendo por la Enmienda de febrero 2009. Ambos líderes, tal como se ve contaban al momento de anunciar sus medidas de ajuste de una alta popularidad, gran apoyo electoral y un sólido aparato político-institucional que los avalaba.
Sin embargo, la dinámica de implementación marca la diferencia entre uno y otro. CAP se inclino por la opción del ajuste violento, marcado por una política agresiva de modificación de las relaciones clientelares y burocráticas que caracterizaron el sistema político venezolano desde su establecimiento como democracia representativa en 1958. La decisión de seguir al pie de la letra las recomendaciones que serían formuladas para “reducir el tamaño del Estado”, tales como eliminación de los subsidios, liberación del control fiscal y monetario, apertura a los capitales trasnacionales, privatización de empresas estratégicas, aumento de la gasolina, liberalización de las tasas fijas y activas; sería la nota característica del gobierno del líder adeco. Su decisión tenía cierto sentido: contaba con una aparentemente sólida base de apoyo popular derivada de su triunfo en las elecciones presidenciales. Su exceso de confianza en las capacidades de contención de su liderazgo, fueron su error. Nunca tomo en consideración que la construcción de un proceso enmarcador - entendido como una dinámica de trasmisión de valores, actitudes y visiones de la vida que motivan a los colectivos sociales a movilizarse- de retorno a un pasado idealizado y el no cumplimiento de esa promesa pudiera conducirlo a un ciclo de protesta y desobediencia civil de las magnitudes del 27,28 y 29 de febrero de 1989. La prepotencia de las elites políticas de AD y COPEI que asumieron como verdad inmutable que los colectivos sociales eran sujetos sumisos les costó su hegemonía política. La decisión de aplicar de una sola vez un conjunto de acciones de ajuste estructural fue un error que Chávez se encarga de recordárselos día a día.
Por su parte, ante un escenario más difícil que el asumido por CAP en 1989, el presidente Chávez ha dado una muestra de olfato político enorme, eso sin dejar de señalar que puede ser peligroso no adelantar en lo inmediato algunas acciones efectivas en lo que respecta a la disminución del gasto público suntuario. Las medidas de Chávez, señalan varias cosas: 1) su capacidad para sorprender al adversario político, 2) el poder de comunicación política y 3) la decisión de adelantar un ajuste progresivo.
Con respecto al primer aspecto, la mayoría de los actores políticos de oposición habían dejado circular la noticia que venía un ajuste de gran impacto, tal como lo había hecho CAP. Realmente el tamaño de la crisis recesiva derivada del carácter especulativo del sistema-mundo hizo prever un conjunto de decisiones de gran magnitud tales como aumento de gasolina, establecimiento de restricciones financieras y cambiarias, devaluación en fin, bajo la óptica de esos actores un escenario extremo de ajuste que abriría el camino para un nuevo ciclo de protestas. Sin embargo, nadie esperaba que el conjunto de decisiones fueran tan limitadas. De nuevo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones - incluyendo a principios de año cuando decidió incluir todos los cargos de elección popular en la propuesta de enmienda- Chávez dejo sin discurso a sus adversarios.
Esa capacidad de asombro, se encuentra conectada con la 2da cuestión: la comunicación política. Chávez anunció que sería el sábado cuando divulgaría las medidas, con ello generó unas expectativas comunicacionales y un conjunto de rumores que fueron firmemente debatidos con el conjunto progresivo de las medidas: no hubo ajuste fiscal caracterizado por una devaluación, no hubo aumento de gasolina (aunque no se descarta), redujo la estimación del precio de venta del petróleo de 60 US$ a 40 US$ (aunque ya había reajustado a 50 US$). La estrategia de comunicación política funcionó y prácticamente anulo las resistencias y los temores que pretendieron ser sugeridos. Creemos que las medidas van a venir acompañadas por otros ajustes progresivos, destinados a controlar la burocracia y el exceso de gasto público, pero que “por ahora” no serán divulgadas. Finalmente, el 3er aspecto, viene asociado a la oportunidad política. Chávez sabe que no puede adelantar ajustes violentos, que debe crear las condiciones para que sean aceptadas las medidas y para ello optó por mantener el gasto social aun a costa de un riesgo económico-financiero enorme, por otro lado establece públicamente la reducción de la producción petrolera a un poco más de 3.100.000 barriles diarios, intentando con ello incidir en una recuperación de los precios del crudo. En fin, al contrario de CAP, Chávez entendió que los ajustes violentos y sin apoyo político generan ciclos de violencia que atentan contra la gobernabilidad y la hegemonía política. En base a estos aspectos, realizó un cálculo político que aunque riesgoso e insuficiente le da oxígeno suficiente para intentar sobrevivir el temporal. Todavía nos queda mucho por ver y estaremos atento a sus decisiones.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/03/2009
c
Los anuncios hechos por el presidente Hugo Chávez el pasado domingo 22 de marzo, son propicios para el análisis comparativo del ajuste estructural propuesto por Carlos Andrés Pérez en 1989. Tanto Chávez como CAP son sin lugar a dudas líderes carismáticos, con enorme arrastre popular y que se vieron enfrentados a una situación socio-política en un contexto de crisis.
Para CAP, el año 1989 se dibujó bajo la sombra del abrumador triunfo electoral que había logrado en diciembre de 1988, bajo la promesa de retrotraer a los venezolanos a la época de la Venezuela Saudita. La hegemonía política alcanzada le proveía una oportunidad política para el ajuste –posteriormente conocido como Consenso de Washington- económico e institucional. El gobierno de Chávez, por su parte debe afrontar el enorme impacto que tiene la mayor crisis económica experimentada por el sistema-mundo, que amenaza con destruirnos a través de sus consecuencias. Por otra parte, viene de obtener una importante victoria electoral, tanto en la consulta de noviembre 2008 como en el referendo por la Enmienda de febrero 2009. Ambos líderes, tal como se ve contaban al momento de anunciar sus medidas de ajuste de una alta popularidad, gran apoyo electoral y un sólido aparato político-institucional que los avalaba.
Sin embargo, la dinámica de implementación marca la diferencia entre uno y otro. CAP se inclino por la opción del ajuste violento, marcado por una política agresiva de modificación de las relaciones clientelares y burocráticas que caracterizaron el sistema político venezolano desde su establecimiento como democracia representativa en 1958. La decisión de seguir al pie de la letra las recomendaciones que serían formuladas para “reducir el tamaño del Estado”, tales como eliminación de los subsidios, liberación del control fiscal y monetario, apertura a los capitales trasnacionales, privatización de empresas estratégicas, aumento de la gasolina, liberalización de las tasas fijas y activas; sería la nota característica del gobierno del líder adeco. Su decisión tenía cierto sentido: contaba con una aparentemente sólida base de apoyo popular derivada de su triunfo en las elecciones presidenciales. Su exceso de confianza en las capacidades de contención de su liderazgo, fueron su error. Nunca tomo en consideración que la construcción de un proceso enmarcador - entendido como una dinámica de trasmisión de valores, actitudes y visiones de la vida que motivan a los colectivos sociales a movilizarse- de retorno a un pasado idealizado y el no cumplimiento de esa promesa pudiera conducirlo a un ciclo de protesta y desobediencia civil de las magnitudes del 27,28 y 29 de febrero de 1989. La prepotencia de las elites políticas de AD y COPEI que asumieron como verdad inmutable que los colectivos sociales eran sujetos sumisos les costó su hegemonía política. La decisión de aplicar de una sola vez un conjunto de acciones de ajuste estructural fue un error que Chávez se encarga de recordárselos día a día.
Por su parte, ante un escenario más difícil que el asumido por CAP en 1989, el presidente Chávez ha dado una muestra de olfato político enorme, eso sin dejar de señalar que puede ser peligroso no adelantar en lo inmediato algunas acciones efectivas en lo que respecta a la disminución del gasto público suntuario. Las medidas de Chávez, señalan varias cosas: 1) su capacidad para sorprender al adversario político, 2) el poder de comunicación política y 3) la decisión de adelantar un ajuste progresivo.
Con respecto al primer aspecto, la mayoría de los actores políticos de oposición habían dejado circular la noticia que venía un ajuste de gran impacto, tal como lo había hecho CAP. Realmente el tamaño de la crisis recesiva derivada del carácter especulativo del sistema-mundo hizo prever un conjunto de decisiones de gran magnitud tales como aumento de gasolina, establecimiento de restricciones financieras y cambiarias, devaluación en fin, bajo la óptica de esos actores un escenario extremo de ajuste que abriría el camino para un nuevo ciclo de protestas. Sin embargo, nadie esperaba que el conjunto de decisiones fueran tan limitadas. De nuevo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones - incluyendo a principios de año cuando decidió incluir todos los cargos de elección popular en la propuesta de enmienda- Chávez dejo sin discurso a sus adversarios.
Esa capacidad de asombro, se encuentra conectada con la 2da cuestión: la comunicación política. Chávez anunció que sería el sábado cuando divulgaría las medidas, con ello generó unas expectativas comunicacionales y un conjunto de rumores que fueron firmemente debatidos con el conjunto progresivo de las medidas: no hubo ajuste fiscal caracterizado por una devaluación, no hubo aumento de gasolina (aunque no se descarta), redujo la estimación del precio de venta del petróleo de 60 US$ a 40 US$ (aunque ya había reajustado a 50 US$). La estrategia de comunicación política funcionó y prácticamente anulo las resistencias y los temores que pretendieron ser sugeridos. Creemos que las medidas van a venir acompañadas por otros ajustes progresivos, destinados a controlar la burocracia y el exceso de gasto público, pero que “por ahora” no serán divulgadas. Finalmente, el 3er aspecto, viene asociado a la oportunidad política. Chávez sabe que no puede adelantar ajustes violentos, que debe crear las condiciones para que sean aceptadas las medidas y para ello optó por mantener el gasto social aun a costa de un riesgo económico-financiero enorme, por otro lado establece públicamente la reducción de la producción petrolera a un poco más de 3.100.000 barriles diarios, intentando con ello incidir en una recuperación de los precios del crudo. En fin, al contrario de CAP, Chávez entendió que los ajustes violentos y sin apoyo político generan ciclos de violencia que atentan contra la gobernabilidad y la hegemonía política. En base a estos aspectos, realizó un cálculo político que aunque riesgoso e insuficiente le da oxígeno suficiente para intentar sobrevivir el temporal. Todavía nos queda mucho por ver y estaremos atento a sus decisiones.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/03/2009
c
ANATOMÍA DEL PSUV EN EL ZULIA
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
EL ZULIA, LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL CASO ROSALES
EL ZULIA, LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL CASO ROSALES
Creo necesario generar un debate acerca de la Descentralización, sobre todo dadas las circunstancias que produce la modificación de la Ley de Descentralización y la decisión de revertir la competencia exclusiva en puertos, aeropuertos y carreteras que le había sido asignada a los Estados y Municipios inicialmente. En un primer momento – sobre todo para el que desconoce el proceso histórico – la reversión es un “zarpazo” a la democracia. No obstante se hace necesario explicar ciertas cosas.
Históricamente, con la finalización del siglo XIX y principio del siglo XX, se inició un proceso de fortalecimiento y centralización de las funciones del Estado, explicado por el excesivo atomismo que caracterizó a la Venezuela de esos años. El sistema federal implementado por Antonio Guzmán Blanco, que fue el resultado y consecuencia de la Guerra Federal produjo la reproducción de micro-centros de poder en las regiones, que establecieron un precario equilibrio de poderes con el Ejecutivo Nacional y en muchos casos, suscito una intervención armada en determinadas regiones – entre ellas el Zulia- para doblegar los intentos de una autonomía que amenazaba la unidad nacional.
La Centralización del poder fue clave para lograr la modernización de la sociedad venezolana. El establecimiento de unas fuerzas armadas al servicio del Estado y protectoras de la seguridad y defensa de la Nación, el sistema de unidad monetaria formulada desde la creación del Banco Central de Venezuela en 1940, son sólo algunas muestras de los efectos de la centralización. Por último, no debe desconocerse el papel de los partidos políticos como facilitadores de la centralización del poder. Todo ello favorecido por el uso de la renta petrolera como base del financiamiento de ese proceso de modernización que permitió entre otras cosas la elevación de las condiciones de vida del venezolano, la reducción de las tasas de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida. No significa esto que el centralismo no haya tenido problemas, lo que queremos decir es que no todo en el centralismo fue malo.
La descentralización es el proceso donde se transfirió poder político desde el gobierno central, a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de independencia administrativa. La explicación de este proceso debe encontrarse dentro de la órbita de reformas de 1era generación propuestas por el modelo liberal, que sugirió la obligatoria reducción del Estado Central y la progresiva transferencia de sus responsabilidades a las autoridades regionales y locales. El planteamiento era sencillo: el Estado Central bajo los señalamientos del Consenso de Washington debió asumir sólo la administración del régimen de propiedad, la seguridad de las fronteras y la protección de los intercambios comerciales. Todo lo demás quedaba bajo la acción del mercado, que debió establecer sus propias dinámicas.
La descentralización se tradujo en un proceso de flexibilización laboral, a través de la privatización de los servicios de la gobernación, mediante la conformación de organizaciones de empleados y obreros que se encargaban de la ejecución de las obras de mantenimiento y limitaban la responsabilidad del Estado Regional en el pago de las prestaciones sociales. Por otra parte los excesos de la descentralización y la dinámica que generó en algunas localidades al producir el surgimiento de caudillismos locales –al más puro sentido decimonónico- como los sucedidos en Carabobo (Salas Romer), Barinas, Sucre (Ramón Martínez), Aragua (Tablante) llegaron al colmo de permitirse el establecimiento de convenios internacionales entre los estados regionales y organismos o países extranjeros. No obstante, sin duda hubo bondades en el proceso, pues permitió el surgimiento de un debate político que en el Zulia fue encarnado por figuras como Luís Homez, que surgió como un paladín de la democracia ante los abusos generados por el regionalismo descentralizado.
La situación hoy en día es distinta. La formula de desmontaje del Estado demostró su perjuicio y ante ello vivimos un proceso de refortalecimiento del Estado Nacional que ha tenido sus bondades: una política social de nuevo centro y motor de la acción estatal, recuperación del precio internacional del petróleo y con ello aumento del financiamiento. En ese proceso, se ha producido un choque entre el Proyecto Nacional formulado y el accionar de los gobernantes locales y regionales, que sí bien tienen una base democrática están en la obligación de cumplir el mandato del contrato social vertido en la Constitución. En el caso del Zulia y Manuel Rosales, hemos asistido a una dinámica de manipulación de la zulianidad y a un acelerado despilfarro de recursos provenientes del aeropuerto y el puerto que no aparecen nunca reflejados en los ingresos y egresos del Estado, no ponemos en duda que con esos recursos se hayan construido obras pero con parte de ellos se han generado desviaciones que son necesarias subsanar. Finalmente, la decisión de modificar la Ley es producto de las contradicciones surgidas entre los Artículos 156 y 164, que establecen las competencias del poder público nacional y estatal. Sin duda es necesario un debate, pero no en los términos de manipulación propuestos por Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
30/03/2009
Creo necesario generar un debate acerca de la Descentralización, sobre todo dadas las circunstancias que produce la modificación de la Ley de Descentralización y la decisión de revertir la competencia exclusiva en puertos, aeropuertos y carreteras que le había sido asignada a los Estados y Municipios inicialmente. En un primer momento – sobre todo para el que desconoce el proceso histórico – la reversión es un “zarpazo” a la democracia. No obstante se hace necesario explicar ciertas cosas.
Históricamente, con la finalización del siglo XIX y principio del siglo XX, se inició un proceso de fortalecimiento y centralización de las funciones del Estado, explicado por el excesivo atomismo que caracterizó a la Venezuela de esos años. El sistema federal implementado por Antonio Guzmán Blanco, que fue el resultado y consecuencia de la Guerra Federal produjo la reproducción de micro-centros de poder en las regiones, que establecieron un precario equilibrio de poderes con el Ejecutivo Nacional y en muchos casos, suscito una intervención armada en determinadas regiones – entre ellas el Zulia- para doblegar los intentos de una autonomía que amenazaba la unidad nacional.
La Centralización del poder fue clave para lograr la modernización de la sociedad venezolana. El establecimiento de unas fuerzas armadas al servicio del Estado y protectoras de la seguridad y defensa de la Nación, el sistema de unidad monetaria formulada desde la creación del Banco Central de Venezuela en 1940, son sólo algunas muestras de los efectos de la centralización. Por último, no debe desconocerse el papel de los partidos políticos como facilitadores de la centralización del poder. Todo ello favorecido por el uso de la renta petrolera como base del financiamiento de ese proceso de modernización que permitió entre otras cosas la elevación de las condiciones de vida del venezolano, la reducción de las tasas de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida. No significa esto que el centralismo no haya tenido problemas, lo que queremos decir es que no todo en el centralismo fue malo.
La descentralización es el proceso donde se transfirió poder político desde el gobierno central, a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de independencia administrativa. La explicación de este proceso debe encontrarse dentro de la órbita de reformas de 1era generación propuestas por el modelo liberal, que sugirió la obligatoria reducción del Estado Central y la progresiva transferencia de sus responsabilidades a las autoridades regionales y locales. El planteamiento era sencillo: el Estado Central bajo los señalamientos del Consenso de Washington debió asumir sólo la administración del régimen de propiedad, la seguridad de las fronteras y la protección de los intercambios comerciales. Todo lo demás quedaba bajo la acción del mercado, que debió establecer sus propias dinámicas.
La descentralización se tradujo en un proceso de flexibilización laboral, a través de la privatización de los servicios de la gobernación, mediante la conformación de organizaciones de empleados y obreros que se encargaban de la ejecución de las obras de mantenimiento y limitaban la responsabilidad del Estado Regional en el pago de las prestaciones sociales. Por otra parte los excesos de la descentralización y la dinámica que generó en algunas localidades al producir el surgimiento de caudillismos locales –al más puro sentido decimonónico- como los sucedidos en Carabobo (Salas Romer), Barinas, Sucre (Ramón Martínez), Aragua (Tablante) llegaron al colmo de permitirse el establecimiento de convenios internacionales entre los estados regionales y organismos o países extranjeros. No obstante, sin duda hubo bondades en el proceso, pues permitió el surgimiento de un debate político que en el Zulia fue encarnado por figuras como Luís Homez, que surgió como un paladín de la democracia ante los abusos generados por el regionalismo descentralizado.
La situación hoy en día es distinta. La formula de desmontaje del Estado demostró su perjuicio y ante ello vivimos un proceso de refortalecimiento del Estado Nacional que ha tenido sus bondades: una política social de nuevo centro y motor de la acción estatal, recuperación del precio internacional del petróleo y con ello aumento del financiamiento. En ese proceso, se ha producido un choque entre el Proyecto Nacional formulado y el accionar de los gobernantes locales y regionales, que sí bien tienen una base democrática están en la obligación de cumplir el mandato del contrato social vertido en la Constitución. En el caso del Zulia y Manuel Rosales, hemos asistido a una dinámica de manipulación de la zulianidad y a un acelerado despilfarro de recursos provenientes del aeropuerto y el puerto que no aparecen nunca reflejados en los ingresos y egresos del Estado, no ponemos en duda que con esos recursos se hayan construido obras pero con parte de ellos se han generado desviaciones que son necesarias subsanar. Finalmente, la decisión de modificar la Ley es producto de las contradicciones surgidas entre los Artículos 156 y 164, que establecen las competencias del poder público nacional y estatal. Sin duda es necesario un debate, pero no en los términos de manipulación propuestos por Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
30/03/2009
lunes, 2 de marzo de 2009
OBAMA Y CHÁVEZ, EEUU Y VENEZUELA: SIGUE EL CONFLICTO
En otra columna que publicamos recién celebrado el triunfo de Barak Obama, señalábamos que no teníamos muchas expectativas de cambio en relación con el nuevo presidente de los EEUU. La afirmación la hicimos basado en la comprensión de la naturaleza del sistema político norteamericano, que estructurado como está en una enorme relación con el capital generado por el poderoso aparato económico, que impulsa al sistema- mundo; no puede dejar de vincular su estabilidad y gobernabilidad con la estabilidad conformada sobre la apropiación de la plusvalía producida por las relaciones de producción dominantes.
La sociedad norteamericana, su sistema económico, su aparato burocrático-institucional, el Estado mismo, se conforma sobre una serie de equilibrios entre las formas de poder; a saber: económico, político e ideológico. El poder económico es el que se vale de la posesión de bienes y la capacidad de producirlos, comercializarlos y distribuirlos. El poder político, es aquel que se ejerce a través de la fuerza y su principal expresión política: el Estado. El gran científico alemán Max Weber, definió – con razón- al Estado como la estructura dominante y hegemónica en el uso de la fuerza. Finalmente el poder ideológico, es el que se basa en la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimiento e incluso información.
El poder económico de los EEUU, ha estado edificado sobre el impacto y la capacidad de producción de bienes de los grandes grupos poseedores y explotadores del capital. Las grandes compañías, -esas mismas que hoy se ven afectadas por la crisis especulativa del sistema-mundo, al disminuir significativamente la producción de bienes de consumo y aumentar la especulación financiera- han presionado de tal forma al actual presidente, de manera tal que lo han conducido a “intervenir” en el desarrollo del mercado, procurando con ello salvaguardar las relaciones de poder que explican la posición hegemónica de los EEUU. Los grandes grupos económicos, que durante la gestión de George W. Bush se habían anotado al proceso de conformación de un área geoeconómica a través del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), han visto con suma preocupación las iniciativas de integración económica, social y militar adelantadas a través de MERCOSUR, CAN y recientemente UNASUR. En todas ellas se ha sentido la impronta del gobierno de Chávez, con aciertos la mayoría de las veces y en otras con no tantos, pero siempre presente.
El poder ideológico y político, no ha sufrido grandes cambios en EEUU. La llegada de Obama es sólo una pequeña apertura reformista en la ultraconservadora sociedad norteamericana pero jamás ni nunca, puede ser vista como una alternativa de poder en un sistema político que se ha mantenido prácticamente intacto desde su establecimiento en el siglo XVIII. Obama se ha articulado con los factores de poder político, ha establecido alianzas con los grupos más conservadores del ala radical de derecha en el partido republicano, al mismo tiempo que ha logrado articular a los factores de poder tradicional en el partido demócrata. Muestra de ello es el nombramiento de Hilary Clinton como Secretaria de Estado.
Por lo tanto, las perspectivas que se tiene en el Departamento de Estado acerca del desarrollo de la política en Venezuela no son alentadoras, menos aun con los resultados del referendo del pasado 15 de febrero. La posibilidad – que ha quedado abierta- de permitirle a Chávez no sólo darle continuidad sino profundizar los ajustes socio-políticos del denominado Proyecto Simón Bolívar, con sus ejes articuladores en lo social, lo económico, lo territorial, lo geopolítico son fuente de preocupación para los intereses expresados en los hilos conductores del poder político e ideológico de los EEUU; por ello la naturaleza y sentido del Informe sobre la situación de Derechos Humanos presentado por la Secretaria de Estado recientemente.
Es notoria la levedad del mencionado Informe al notar la ausencia de críticas significativas a la situación de los derechos humanos en Irak, Afganistán, Georgia, México, Colombia, Arabia Saudita y los propios EEUU, por solo nombrar casos muy visibles en el panorama mundial. Se trata de la continuidad de una política tendiente a presentar a Venezuela como un Estado Forajido, es decir violatorio de las normas de regulación del Derecho Público Internacional y con ello buscar un conjunto de sanciones que produzca una asfixia parecida a la que permitió la intervención en Irak. El problema está dado por el hecho que la política exterior de la República Bolivariana ha estado marcada por el uso de la denominada Diplomacia Petrolera, que ha permitido apuntalar el carácter no alineado de nuestro país con los intereses de EEUU en la región. El tema petróleo y nacionalismo petrolero sigue siendo incómodo para la administración de Obama, tal como lo fue para la de Bush, en ese sentido la estructura de la relación con el presidente Chávez no tiene ninguna razón para mejorar; por lo tanto las expectativas creadas por algunos círculos de intelectuales es mera especulación.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/03/2009
En otra columna que publicamos recién celebrado el triunfo de Barak Obama, señalábamos que no teníamos muchas expectativas de cambio en relación con el nuevo presidente de los EEUU. La afirmación la hicimos basado en la comprensión de la naturaleza del sistema político norteamericano, que estructurado como está en una enorme relación con el capital generado por el poderoso aparato económico, que impulsa al sistema- mundo; no puede dejar de vincular su estabilidad y gobernabilidad con la estabilidad conformada sobre la apropiación de la plusvalía producida por las relaciones de producción dominantes.
La sociedad norteamericana, su sistema económico, su aparato burocrático-institucional, el Estado mismo, se conforma sobre una serie de equilibrios entre las formas de poder; a saber: económico, político e ideológico. El poder económico es el que se vale de la posesión de bienes y la capacidad de producirlos, comercializarlos y distribuirlos. El poder político, es aquel que se ejerce a través de la fuerza y su principal expresión política: el Estado. El gran científico alemán Max Weber, definió – con razón- al Estado como la estructura dominante y hegemónica en el uso de la fuerza. Finalmente el poder ideológico, es el que se basa en la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimiento e incluso información.
El poder económico de los EEUU, ha estado edificado sobre el impacto y la capacidad de producción de bienes de los grandes grupos poseedores y explotadores del capital. Las grandes compañías, -esas mismas que hoy se ven afectadas por la crisis especulativa del sistema-mundo, al disminuir significativamente la producción de bienes de consumo y aumentar la especulación financiera- han presionado de tal forma al actual presidente, de manera tal que lo han conducido a “intervenir” en el desarrollo del mercado, procurando con ello salvaguardar las relaciones de poder que explican la posición hegemónica de los EEUU. Los grandes grupos económicos, que durante la gestión de George W. Bush se habían anotado al proceso de conformación de un área geoeconómica a través del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), han visto con suma preocupación las iniciativas de integración económica, social y militar adelantadas a través de MERCOSUR, CAN y recientemente UNASUR. En todas ellas se ha sentido la impronta del gobierno de Chávez, con aciertos la mayoría de las veces y en otras con no tantos, pero siempre presente.
El poder ideológico y político, no ha sufrido grandes cambios en EEUU. La llegada de Obama es sólo una pequeña apertura reformista en la ultraconservadora sociedad norteamericana pero jamás ni nunca, puede ser vista como una alternativa de poder en un sistema político que se ha mantenido prácticamente intacto desde su establecimiento en el siglo XVIII. Obama se ha articulado con los factores de poder político, ha establecido alianzas con los grupos más conservadores del ala radical de derecha en el partido republicano, al mismo tiempo que ha logrado articular a los factores de poder tradicional en el partido demócrata. Muestra de ello es el nombramiento de Hilary Clinton como Secretaria de Estado.
Por lo tanto, las perspectivas que se tiene en el Departamento de Estado acerca del desarrollo de la política en Venezuela no son alentadoras, menos aun con los resultados del referendo del pasado 15 de febrero. La posibilidad – que ha quedado abierta- de permitirle a Chávez no sólo darle continuidad sino profundizar los ajustes socio-políticos del denominado Proyecto Simón Bolívar, con sus ejes articuladores en lo social, lo económico, lo territorial, lo geopolítico son fuente de preocupación para los intereses expresados en los hilos conductores del poder político e ideológico de los EEUU; por ello la naturaleza y sentido del Informe sobre la situación de Derechos Humanos presentado por la Secretaria de Estado recientemente.
Es notoria la levedad del mencionado Informe al notar la ausencia de críticas significativas a la situación de los derechos humanos en Irak, Afganistán, Georgia, México, Colombia, Arabia Saudita y los propios EEUU, por solo nombrar casos muy visibles en el panorama mundial. Se trata de la continuidad de una política tendiente a presentar a Venezuela como un Estado Forajido, es decir violatorio de las normas de regulación del Derecho Público Internacional y con ello buscar un conjunto de sanciones que produzca una asfixia parecida a la que permitió la intervención en Irak. El problema está dado por el hecho que la política exterior de la República Bolivariana ha estado marcada por el uso de la denominada Diplomacia Petrolera, que ha permitido apuntalar el carácter no alineado de nuestro país con los intereses de EEUU en la región. El tema petróleo y nacionalismo petrolero sigue siendo incómodo para la administración de Obama, tal como lo fue para la de Bush, en ese sentido la estructura de la relación con el presidente Chávez no tiene ninguna razón para mejorar; por lo tanto las expectativas creadas por algunos círculos de intelectuales es mera especulación.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/03/2009
LOS RESULTADOS EN EL ZULIA: manchas en la política del PSUV
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
DESPUÉS DEL 15 DE FEBRERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
ENMIENDA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
viernes, 6 de febrero de 2009
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
miércoles, 21 de enero de 2009
Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente
LOS PACTOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA RECIENTE
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
sábado, 10 de enero de 2009
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
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