Es un espacio dedicado a la reflexión acerca del proceso histórico y político venezolano desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Pretendemos ser un espacio de discusión académica sin las desviaciones ni alteraciones del momento político, esto hecho desde una perspectiva multidisciplinaria
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jueves, 29 de marzo de 2012
EL RECORRIDO DE CHÁVEZ: 18 AÑOS DESPUÉS (1994-2012)
Cuando el 26 de marzo de 1994, el comandante de la insurrección cívico-militar del 4-F, Hugo Chávez Frías fue liberado se daba inicio a un ciclo de movilización social, que debe ser comprendido en sus dimensiones nacionales e internacionales. Lo primero, es que la insurrección del 4F se da en un contexto de desencanto y aparente preponderancia del pensamiento neoliberal. La estrepitosa caída del llamado socialismo real – el modelo soviético levantado por V.I Lenin, Trosky y Stalin- presagiaba una época de total control del pensamiento neoconservador, representado en la tesis de Francis Fukuyama y su libro El fin de la Historia y el último hombre.
Esa visión neohegeliana del orden y de un “estado ideal”, era sostenida sobre las bases “productivas” del pensamiento liberal con Freeman y Hayek a la cabeza, desde las escuelas norteamericanas de economía, que impulsaran una reducción del Estado – el estado de Bienestar surgido en el marco de la crisis del capitalismo en 1929- la apertura comercial y financiera de las economías, una política de privatización y eliminación de subsidios, que excluía a todo aquel sin capacidad propia, en el marco de la economía de mercado. La izquierda militante, que tan duramente había sido golpeada por igual en Nuestra América, tanto por las dictaduras férreas del Cono Sur como por las democracias representativas, se había edulcorado en sus propuestas de cambio institucional. Habían sido progresivamente penetradas y controladas, bien por la fuerza – caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile- o bien por su institucionalización democrática (caso de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México).
Internamente, el fracaso militar de la insurgencia significó un triunfo político, que no podría ser saboreado inmediatamente dada la detención, encarcelamiento y aislamiento de los comandantes del 4F. Por otra parte, la detención de los responsables militares dejó abierta una discusión que tendría su impacto en el proceso histórico posterior. Nos referimos a una discusión entre dos tesis: la insurgente y la de quiebre institucional. La tesis insurgente – cuya cabeza visible es el Comandante Chávez- sostenía la imposibilidad de construir un cambio político-institucional sobre las bases vigentes del sistema democrático liberal-burgués instaurado a partir de la constitución de 1961. En esta tesis, se plantea la vía insurgente, con la característica de impulsar la movilización y protesta popular, generando una crisis que “abriera” el ascenso de las fuerzas populares y la toma del poder. Esta vía, insistía en la posibilidad del uso de la violencia “revolucionaria” tal como fue sostenida en el pensamiento político del siglo XIX y XX. En contravía, se encontró la tesis del quiebre institucional, a cuya cabeza se estaba el comandante Francisco Arias Cárdenas. En su planteamiento, debía penetrarse – mediante la asimilación dentro del aparato institucional de los complotados del 4F- las estructuras del Estado y sus instituciones, entrando en el juego político con los hasta entonces actores dominantes ( AD y COPEI) y a partir de ahí, realizar una alianza con otros sectores progresistas de izquierda y centro-izquierda, con los cuales alcanzar triunfos electorales. Estas tesis se confrontaron a partir de la frase del Comandante Chávez “por ahora, por ninguno”, formulada en los años 1995, en el marco de las elecciones regionales que ese año se celebraron.
La frase encarnaba una diferencia de opinión, dos tendencias existentes en lo interno del MBR-200, representada por los liderazgos de Chávez y Arias. En nuestro criterio, la sustentación de Chávez o más bien su argumentación, tenía que ver con su desconfianza hacia las implicaciones de la institucionalización del MBR-200 en una alianza con otras fuerzas. Encontramos en sus planteamientos de los años 1994-1996, la muestra concreta de una visión no incluyente de un conjunto de actores políticos que tenían presencia en el escenario venezolano del sistema político. La tesis de Arias Cárdenas, significó su incorporación como miembro de la estructura de poder del gobierno de Rafael Caldera, como representante del programa vaso de leche, que estaba enmarcado en una política social asistencialista. Desde dentro del gobierno, Arias comenzó a establecer alianzas con fuerzas de izquierda radical – como la Causa R- o moderadas – como el MAS- en un intento de concretar la efectividad de su tesis.
Sobre esa base, se da su candidatura a gobernador del Zulia, con el apoyo de la Causa Radical y todo el proceso de movilización que lleva a su triunfo, con un gran apoyo popular en diciembre de 1995, a partir de ahí, muestra la viabilidad del éxito electoral de los complotados el 4F. Ese triunfo, genera cambios en la tesis insurgente y lleva a Chávez a legalizar el MBR-200 mediante la conformación del Movimiento Quinta república (MVR), organización desde la cual levantara la estructura que le permite imponerse en las elecciones de 1998. Sin embargo, el triunfo de Chávez lo aleja y confronta con Arias, y en ese marco debemos entender sus diferencias en el año 2000. No obstante, se demostró que la tesis de Arias que señalaba lo perjudicial que era la influencia de Luís Miquilena en el entorno presidencial, acabaría dándole la razón y reimpulsando la alianza entre ambos, posterior a los intentos de golpe de estado en 2002-2003. A partir de las elecciones de agosto de 2004 y hasta las presidenciales de 2006, encontramos a un Chávez que reacomoda las tesis políticas que le dan sustentación, se aleja progresivamente de la alianza de frentes políticos más o menos radicales y toma el camino de construcción de la tesis del socialismo bolivariano, dentro del cual se mantiene.
El socialismo bolivariano, esbozado a partir de enero de 2007, con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) implica varios cambios. En primer lugar, rompe con la tesis de la violencia revolucionaria que había sido esbozada en el siglo XIX. Ello lo confronta con sectores ortodoxos como los encabezados por Douglas Bravo y Bandera Roja (BR), que terminan aliándose con los enemigos históricos de la derecha para enfrentar a Chávez. En segundo lugar, se estructura una organización que sobre la base del impulso de la organización popular comienza a estructurar una respuesta política que pueda ir más allá de la existencia de un partido. En tercer lugar, se replantea el accionar político a partir de la idea de la movilización permanente, desde la cual se pretende superar la tesis de la movilización únicamente por motivos electorales. En cuarto lugar, entiende las ideas de “revolución permanente” formuladas a partir de 1932 por León Trosky, en el sentido que ningún proceso revolucionario puede permanecer estático y aislado –el planteamiento de Stalin- y se da a la tarea de “extender” diplomáticamente su influencia en la región, concretada en iniciativas como el ALBA-TCP, UNASUR, Banco del Sur, CELAC entre otros. Como vemos, 18 años después el camino de Chávez, ha pasado de ser un fenómeno mediático – por su aparición de un minuto 20 segundos en 1992- a constituirse en una referencia continental, que aún debe ser sopesada en su justa medida y alcance revolucionario.
Dr. Juan Eduardo Romero
La Universidad del Zulia
Historiador
Juane1208@gmail.com
28/03/2012.
lunes, 12 de abril de 2010
el 4 de febrero y sus raíces históricas
EL 4 DE FEBRERO Y SUS RAÍCES HISTÓRICAS
Hace 18 años, todo el mundo en nuestro país se preguntaba que había pasado. El país había transitado de ser una de las democracias modelos en toda Latinoamérica ha ser sacudida por dos acontecimientos significativos: una revuelta popular en 1989 y un golpe de estado. En la lógica del venezolano promedio, penetrado por el status quo y las relaciones de poder hegemónica, estos dos acontecimientos eran una anomalía histórica. Sin embargo, no había apreciación más errada que esa.
La acumulación de contradicciones profundas, derivadas de la lógica del sistema capitalista y las formas políticas que adquiere habían hecho explosión. No puede perderse de vista, que el modelo de democracia representativa instaurado en 1958 se basaba en dos condiciones esenciales: 1) insistir en el consenso y 2) evitar el conflicto. Esa obsesión por la estabilidad se tradujo en la minimización de los enormes contrastes desde el punto de vista social y económico existentes en Venezuela. Eso fue posible, dado el carácter rentista de la economía venezolana. No hay que olvidar que la propia naturaleza productiva del negocio petrolero en nuestro país es profundamente rentable: hasta el día de hoy la diferencia entre el costo de producción de un barril de petróleo y su costo de venta es sumamente favorable. Sí bien, entre 1958-1973 el promedio del barril del petróleo fue relativamente bajo – oscilando entre 2,30 y 5 US$- a partir de la guerra del Yon Kippur, los precios del barril del petróleo se elevaron generando con ello que el Estado venezolano contará con recursos significativos para financiar el gasto público. Esa disposición permitió durante mucho tiempo mantener el clima de estabilidad – aparente- que tanto anhelan algunos venezolanos. No obstante, ese clima era artificial. Las contradicciones y contrastes permanecían intocables, las limitaciones del status quo a formas de participación no mediadas por los partidos históricos (AD, COPEI y URD) eran muchas. La renta petrolera no era efectivamente distribuida y el capital nacional y trasnacional se beneficiaba de ello. No se había atendido el tema de la pobreza y cuando en 1983 hizo crisis el modelo rentista, las contradicciones afloraron con mayor rapidez. Ante ello, los partidos políticos insistieron en mantener el clima consensuado a pesar de ser imposible – desde el punto de vista institucional y económico- hacerlo, pero su insistencia en mantenerse como si nada hubiera ocurrido después del Caracazo – en febrero de 1989- facilitó la manifestación de un conjunto de militares, muy lejanos del clásico militarismo que había afectado a América Latina.
Lo demás es bien sabido. Chávez, Arias, Ortiz Contreras y compañía dieron un golpe de estado que fracaso, pero yo no quiero centrar mí reflexión sobre un tema por lo demás trillado. Quiero que los lectores de esta columna entiendan – al igual que algunos militantes de la sección militar del PSUV- que su accionar tiene raíces muy profundas en el pensamiento político venezolano. Y no se trata sólo de la simplicidad de señalar las vinculaciones de Chávez con los ideales de la guerrilla de los 60. Se trata de comprender que tiene que ver con una ruptura política que se dibujo en los inicios del siglo XX. En pleno período gomecista, mucho antes de los acontecimientos de febrero de 1928, se venía gestando un proceso de maduración y cambio socio-político. En ese cambio nombres como José Pío Tamayo, Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Otero Silva, comienzan a reflexionar sobre el impacto del imperialismo en la zona del Caribe. El hecho que se diera esa reflexión en nuestro país no es fortuita: en toda el área había un clima antiimperialista que termino en la conformación de la Liga Antiimperialista del Caribe, en donde encontramos nombres como César Sandino, Farabundo Martí, Victor Raúl Haya de La Torre, Juan Bosh, entre otros. Fueron ellos, los que van a introducir la discusión sobre las posibilidades de construcción del socialismo en estos lares. Ya José Carlos Mariategui había pensado sus tesis filosóficas sobre la realidad latinoamericana y a ella, se sumarían otras reflexiones sobre el camino que venía sugiriendo Lenín – ya triunfante en Rusia- y la propia realidad latinoamericana.
Las raíces de ese camino por construir planteó una disyuntiva: 1) andar el camino de la reforma sin modificar las condiciones de explotación social y económica o 2) profundizar los cambios y construir otro modelo democrático. Esa disyuntiva, fue lo que llevó a Rómulo Betancourt a distanciarse de Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, para pasar a encabezar el propio Rómulo Betancourt el compromiso de construcción de un modelo cercano a la socialdemocracia, de cuyos peligros ya advertía Rosa Luxemburgo en 1912. Esto es importante recordarlo, pues el reconcomio de Betancourt con los “pacos” – comunistas- se extendería hasta su 2do período de gobierno (1959-1963) y marcaría el proceso político hasta la llegada de Chávez. Se trata de entender que Chávez es producto de una revancha histórica de la izquierda sobre la socialdemocracia, y al mismo tiempo entender que es un fenómeno de enormes raíces históricas.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/02/2010
Hace 18 años, todo el mundo en nuestro país se preguntaba que había pasado. El país había transitado de ser una de las democracias modelos en toda Latinoamérica ha ser sacudida por dos acontecimientos significativos: una revuelta popular en 1989 y un golpe de estado. En la lógica del venezolano promedio, penetrado por el status quo y las relaciones de poder hegemónica, estos dos acontecimientos eran una anomalía histórica. Sin embargo, no había apreciación más errada que esa.
La acumulación de contradicciones profundas, derivadas de la lógica del sistema capitalista y las formas políticas que adquiere habían hecho explosión. No puede perderse de vista, que el modelo de democracia representativa instaurado en 1958 se basaba en dos condiciones esenciales: 1) insistir en el consenso y 2) evitar el conflicto. Esa obsesión por la estabilidad se tradujo en la minimización de los enormes contrastes desde el punto de vista social y económico existentes en Venezuela. Eso fue posible, dado el carácter rentista de la economía venezolana. No hay que olvidar que la propia naturaleza productiva del negocio petrolero en nuestro país es profundamente rentable: hasta el día de hoy la diferencia entre el costo de producción de un barril de petróleo y su costo de venta es sumamente favorable. Sí bien, entre 1958-1973 el promedio del barril del petróleo fue relativamente bajo – oscilando entre 2,30 y 5 US$- a partir de la guerra del Yon Kippur, los precios del barril del petróleo se elevaron generando con ello que el Estado venezolano contará con recursos significativos para financiar el gasto público. Esa disposición permitió durante mucho tiempo mantener el clima de estabilidad – aparente- que tanto anhelan algunos venezolanos. No obstante, ese clima era artificial. Las contradicciones y contrastes permanecían intocables, las limitaciones del status quo a formas de participación no mediadas por los partidos históricos (AD, COPEI y URD) eran muchas. La renta petrolera no era efectivamente distribuida y el capital nacional y trasnacional se beneficiaba de ello. No se había atendido el tema de la pobreza y cuando en 1983 hizo crisis el modelo rentista, las contradicciones afloraron con mayor rapidez. Ante ello, los partidos políticos insistieron en mantener el clima consensuado a pesar de ser imposible – desde el punto de vista institucional y económico- hacerlo, pero su insistencia en mantenerse como si nada hubiera ocurrido después del Caracazo – en febrero de 1989- facilitó la manifestación de un conjunto de militares, muy lejanos del clásico militarismo que había afectado a América Latina.
Lo demás es bien sabido. Chávez, Arias, Ortiz Contreras y compañía dieron un golpe de estado que fracaso, pero yo no quiero centrar mí reflexión sobre un tema por lo demás trillado. Quiero que los lectores de esta columna entiendan – al igual que algunos militantes de la sección militar del PSUV- que su accionar tiene raíces muy profundas en el pensamiento político venezolano. Y no se trata sólo de la simplicidad de señalar las vinculaciones de Chávez con los ideales de la guerrilla de los 60. Se trata de comprender que tiene que ver con una ruptura política que se dibujo en los inicios del siglo XX. En pleno período gomecista, mucho antes de los acontecimientos de febrero de 1928, se venía gestando un proceso de maduración y cambio socio-político. En ese cambio nombres como José Pío Tamayo, Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Otero Silva, comienzan a reflexionar sobre el impacto del imperialismo en la zona del Caribe. El hecho que se diera esa reflexión en nuestro país no es fortuita: en toda el área había un clima antiimperialista que termino en la conformación de la Liga Antiimperialista del Caribe, en donde encontramos nombres como César Sandino, Farabundo Martí, Victor Raúl Haya de La Torre, Juan Bosh, entre otros. Fueron ellos, los que van a introducir la discusión sobre las posibilidades de construcción del socialismo en estos lares. Ya José Carlos Mariategui había pensado sus tesis filosóficas sobre la realidad latinoamericana y a ella, se sumarían otras reflexiones sobre el camino que venía sugiriendo Lenín – ya triunfante en Rusia- y la propia realidad latinoamericana.
Las raíces de ese camino por construir planteó una disyuntiva: 1) andar el camino de la reforma sin modificar las condiciones de explotación social y económica o 2) profundizar los cambios y construir otro modelo democrático. Esa disyuntiva, fue lo que llevó a Rómulo Betancourt a distanciarse de Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, para pasar a encabezar el propio Rómulo Betancourt el compromiso de construcción de un modelo cercano a la socialdemocracia, de cuyos peligros ya advertía Rosa Luxemburgo en 1912. Esto es importante recordarlo, pues el reconcomio de Betancourt con los “pacos” – comunistas- se extendería hasta su 2do período de gobierno (1959-1963) y marcaría el proceso político hasta la llegada de Chávez. Se trata de entender que Chávez es producto de una revancha histórica de la izquierda sobre la socialdemocracia, y al mismo tiempo entender que es un fenómeno de enormes raíces históricas.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/02/2010
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protesta social,
PSUV,
Venezuela
martes, 22 de diciembre de 2009
PERSPECTIVAS SOCIO-POLÍTICAS 2010
PERSPECTIVAS SOCIO-POLÍTICAS 2010
Los historiadores no acostumbramos establecer escenarios, sin embargo como militantes de la historia inmediata que somos, hacemos uso de los análisis prospectivos para plantear posibles contextos socio-políticos para el 2010. Lo primero es que hay que reconocer que la popularidad de Chávez se mantiene, sí bien se ha visto afectada por los efectos de la crisis en el sector eléctrico, así como por los casos de corrupción. Los últimos estudios de encuestadoras (no precisamente cercanas a Chávez) indican que su popularidad oscila aun entre el 40 y 45% (Datanálisis, IVAD, Consultores 21). Eso se traduce en que desde el punto de vista comunicacional la figura de Chávez sigue siendo una referencia y lo peor de ello (para la oposición) es que no aparece nadie que compita con él.
Lo que esto significa es que al contrario de lo que comienzan a decir algunos personajes de la oposición, las posibilidades para ellos de obtener una mayoría en las elecciones legislativas del 2010 no son muy altas. Lo que nos ayuda a entender porque el chavismo, a pesar de estar lleno de unos cuantos malos candidatos, de los escándalos de corrupción, de los excesos de burocratismo, será mayoría en el 2010 es el tema de la agenda pública y la agenda política. En los estudios de comunicación política, cuando se habla de agenda pública se trata de explicar la importancia o relevancia que adquieren ciertos temas o tópicos para las audiencias o públicos. Esta se diferencia de la agenda política, que es aquella que busca establecer la respuesta que los actores políticos dan a los temas surgidos desde los ciudadanos comunes. Lo que decimos es que la agenda política de la oposición no coincide en ningún momento con la agenda de los públicos, a pesar de los intentos de los medios de comunicación para hacer coincidir y encajar lo que no pega. Para ejemplo algunas cifras provistas de la última encuesta tanto de Datanálisis y Consultores 21 (noviembre 2009). Los grandes temas para los ciudadanos – en orden de prioridad- son: el desempleo es el principal problema 24%, mejorar la economía 18,6%, seguridad 18,3%; vivienda 5,6%, mejorar el sistema de salud 5,3%; solucionar problemas sociales 4,9%; educación 4,4%; continuar con la ideología 3,9%; paz-armonía 3,8%; acabar con la corrupción 3,1%; acabar con la revolución 1,5%; mejorar las relaciones con otros países 1,2%, vivir en democracia 1,1%. Como se ve, son todos temas relacionados con lo que en psicología política denominamos el mundo intrapersonal. Mientras esto piensan los venezolanos, los políticos de oposición siguen empecinados en el tema de la “dictadura de Chávez”, las locuras de Chávez, la idea de “cubanizar a Venezuela” de Chávez, todo gira en torno a la figura presidencial. Con ello, lo más importante en la agenda de los políticos no es lo más importante en la agenda de los venezolanos. Y eso tiene su peso político específico, más aun sí se considera que el tema de lo social, de lo económico, de la igualdad y el acceso social es el principal tema del chavismo.
Con ello queremos decir, que ese distanciamiento entre la agenda pública y la agenda política le costará caro a la oposición a Chávez, a pesar de los errores, despilfarros y desaciertos que pueda cometer el gobierno, esté mantiene la agenda social como principal tema de la agenda política, haciendo coincidir su discurso con el casi 82% de electores de los estratos D y E que conforman el universo electoral del país.
Insistimos, bajo este panorama podemos ver tres escenarios: 1) la oposición mantiene ese distanciamiento discursivo y en ese caso el chavismo obtiene entre 120-130 plazas en la Asamblea Nacional, 2) la oposición democratiza la elección de sus candidatos y renuncia al consenso como fórmula para conformar sus listas, sin embargo no es suficiente pues siguen sin una agenda política, en este caso el chavismo obtiene entre 90 y 110 curules y la oposición entre 46 y 75 y el último escenario (casi imposible), es aquel donde la oposición no sólo elige democráticamente sus candidatos, los acompaña con una agenda política sino que además esos candidatos no están asociados con los actores tradicionales (como se ve son muchas variables que cumplir) entonces y solo entonces, la oposición puede alcanzar 76 a 90 curules colocando a Chávez en una minoría. Este último escenario depende del estricto cumplimiento de todas las variables, cuestión que vemos muy difícil dadas las características de la situación política. En conclusión, duélale a quién le duela, hay chavismo para rato a pesar de sus propios errores.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
23/12/2009
Los historiadores no acostumbramos establecer escenarios, sin embargo como militantes de la historia inmediata que somos, hacemos uso de los análisis prospectivos para plantear posibles contextos socio-políticos para el 2010. Lo primero es que hay que reconocer que la popularidad de Chávez se mantiene, sí bien se ha visto afectada por los efectos de la crisis en el sector eléctrico, así como por los casos de corrupción. Los últimos estudios de encuestadoras (no precisamente cercanas a Chávez) indican que su popularidad oscila aun entre el 40 y 45% (Datanálisis, IVAD, Consultores 21). Eso se traduce en que desde el punto de vista comunicacional la figura de Chávez sigue siendo una referencia y lo peor de ello (para la oposición) es que no aparece nadie que compita con él.
Lo que esto significa es que al contrario de lo que comienzan a decir algunos personajes de la oposición, las posibilidades para ellos de obtener una mayoría en las elecciones legislativas del 2010 no son muy altas. Lo que nos ayuda a entender porque el chavismo, a pesar de estar lleno de unos cuantos malos candidatos, de los escándalos de corrupción, de los excesos de burocratismo, será mayoría en el 2010 es el tema de la agenda pública y la agenda política. En los estudios de comunicación política, cuando se habla de agenda pública se trata de explicar la importancia o relevancia que adquieren ciertos temas o tópicos para las audiencias o públicos. Esta se diferencia de la agenda política, que es aquella que busca establecer la respuesta que los actores políticos dan a los temas surgidos desde los ciudadanos comunes. Lo que decimos es que la agenda política de la oposición no coincide en ningún momento con la agenda de los públicos, a pesar de los intentos de los medios de comunicación para hacer coincidir y encajar lo que no pega. Para ejemplo algunas cifras provistas de la última encuesta tanto de Datanálisis y Consultores 21 (noviembre 2009). Los grandes temas para los ciudadanos – en orden de prioridad- son: el desempleo es el principal problema 24%, mejorar la economía 18,6%, seguridad 18,3%; vivienda 5,6%, mejorar el sistema de salud 5,3%; solucionar problemas sociales 4,9%; educación 4,4%; continuar con la ideología 3,9%; paz-armonía 3,8%; acabar con la corrupción 3,1%; acabar con la revolución 1,5%; mejorar las relaciones con otros países 1,2%, vivir en democracia 1,1%. Como se ve, son todos temas relacionados con lo que en psicología política denominamos el mundo intrapersonal. Mientras esto piensan los venezolanos, los políticos de oposición siguen empecinados en el tema de la “dictadura de Chávez”, las locuras de Chávez, la idea de “cubanizar a Venezuela” de Chávez, todo gira en torno a la figura presidencial. Con ello, lo más importante en la agenda de los políticos no es lo más importante en la agenda de los venezolanos. Y eso tiene su peso político específico, más aun sí se considera que el tema de lo social, de lo económico, de la igualdad y el acceso social es el principal tema del chavismo.
Con ello queremos decir, que ese distanciamiento entre la agenda pública y la agenda política le costará caro a la oposición a Chávez, a pesar de los errores, despilfarros y desaciertos que pueda cometer el gobierno, esté mantiene la agenda social como principal tema de la agenda política, haciendo coincidir su discurso con el casi 82% de electores de los estratos D y E que conforman el universo electoral del país.
Insistimos, bajo este panorama podemos ver tres escenarios: 1) la oposición mantiene ese distanciamiento discursivo y en ese caso el chavismo obtiene entre 120-130 plazas en la Asamblea Nacional, 2) la oposición democratiza la elección de sus candidatos y renuncia al consenso como fórmula para conformar sus listas, sin embargo no es suficiente pues siguen sin una agenda política, en este caso el chavismo obtiene entre 90 y 110 curules y la oposición entre 46 y 75 y el último escenario (casi imposible), es aquel donde la oposición no sólo elige democráticamente sus candidatos, los acompaña con una agenda política sino que además esos candidatos no están asociados con los actores tradicionales (como se ve son muchas variables que cumplir) entonces y solo entonces, la oposición puede alcanzar 76 a 90 curules colocando a Chávez en una minoría. Este último escenario depende del estricto cumplimiento de todas las variables, cuestión que vemos muy difícil dadas las características de la situación política. En conclusión, duélale a quién le duela, hay chavismo para rato a pesar de sus propios errores.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Historiador
Juane1208@gmail.com
23/12/2009
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Chavismo,
comunicación política,
Venezuela
miércoles, 21 de enero de 2009
Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente
LOS PACTOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA RECIENTE
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
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Chávez.,
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política,
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Venezuela
sábado, 10 de enero de 2009
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
martes, 2 de septiembre de 2008
Comunicación Política: la campaña publicitaria de los candidatos (I)
Comunicación Política: la campaña publicitaria de los candidatos (I)
Muchos periodistas, políticos de oficio, ciudadanos comunes, coinciden en confundir comunicación política con propaganda electoral. La comunicación política, es más que simple propaganda. Es un área multidisciplinaria, en donde debe incluirse los aportes de la sociología, la ciencia política y la Communication Research. Se pretende con la Comunicación política estudiar y analizar como la política es comunicada y presentada por los políticos y los medios de comunicación a los ciudadanos.
Cada vez con mayor insistencia en el mundo, los ciudadanos construyen las bases de sus preferencias políticas sobre las estructuras informativas obtenidas de los diversos medios de comunicación impreso, radial o audiovisual. Es lo que algunos estudiosos han denominado la democracia mediática, para representar con este concepto el impacto y el significado que adquieren los medios de comunicación en la formación de las identidades políticas. Ahora bien, hacer Comunicación Política, no significa reunir un grupo de publicistas o comunicadores sociales en un recinto para planificar la propaganda de un candidato. Va mucho más allá de esta simplista posición, muy típica en las estructuras de los comandos de campaña de la mayoría de los candidatos a ocupar cargos públicos en el sistema político venezolano.
La comunicación política, no es propaganda ni publicidad. La comunicación política moderna, debe estar basada en estrategias de estudio, tales como Focus groups, entrevistas en profundidad, estudios de campo, que permitan precisar cuales son los principales requerimientos, expectativas y necesidades de los ciudadanos. La Comunicación política no debe tratar de hacerle creer al ciudadano que el gobernante sabe lo que necesita, la comunicación política debe permitirle al gobernante determinar cuales acciones debe tomar para satisfacer las necesidades del ciudadano. Ambas expresiones son sustancialmente diferentes.
Las estrategias de comunicación política, deben diferenciar entre los seguidores duros, que respaldan a un régimen u opción política en forma firme; los seguidores blandos que pueden estar de acuerdo con el gobierno pero de una manera blanda. Están los seguidores posibles, que mantienen una actitud neutra y en cuyo caso se persigue su transformación en seguidores blandos. Finalmente, están los opositores duros.
La comunicación política, tiene diversos momentos. Un primer momento, que se denomina marketing de campaña, que es aquél instante en que se busca el poder. En esta etapa, es que hay que enmarcar la campaña de Rosales. En ese primer momento, lo característico es identificar el target decisivo para el proceso electoral. En el caso de Venezuela, más del 80% de la población electoral activa, se encuentra en los estratos D y E. Es por ello, que el marketing de campaña de Rosales, busca obtener beneficios en unos estratos que desde 1998, han manifestado su apoyo a la opción del candidato-presidente Hugo Chávez. Hay un segundo momento, que se denomina marketing de gobierno, donde la comunicación acompaña el ejercicio del poder, algunos lo denominan proceso de campaña permanente, en cuanto no se hace campaña simplemente para una elección, sino que se plantea como una constante, que en el caso de Chávez ha estado asociada a divulgar los logros – reales o aparentes- de su acción de gobierno.
Hay un último momento, el denominado marketing de oposición, que se estructura sobre el supuesto de resaltar las debilidades del candidato o la opción gobernante. Este momento, encaja en las perspectivas presentes en la campaña de Rosales. Su campaña se centra en resaltar las debilidades – reales y aparentes- de la gestión de gobierno de Chávez.
Los dos candidatos, tienen el reto de asumir una comunicación política, que vaya más allá del simple tratamiento de la imagen. La actual campaña, ha estado desprovista de elementos significativos en la construcción de la comunicación política. La campaña de Rosales, está llena de profundas promesas esencialmente populistas. La campaña de Chávez, está utilizando unos referentes simbólicos dios-diablo, matizados con la asimilación del diablo con el imperialismo. Ambas campañas, carecen de profundos significados políticos, en cuanto adolecen de una reflexión sobre la democracia, sobre las dificultades del desarrollo de las políticas públicas por parte del Estado nacional, y sobre todo sobre el futuro del sistema de partidos en la Venezuela actual. Por ahora, estos elementos son un abreboca para entender los diversos discursos y las dificultades que vienen presentando en el desarrollo de la campaña electoral. Esperemos que el debate político se enriquezca en los próximos meses y vaya más allá de promesas exageradas, que son el marco que ha indicado el ritmo de la actual campaña política.
Juan Eduardo Romero J
Historiador- LUZ
Juane1208@yahoo.com
Muchos periodistas, políticos de oficio, ciudadanos comunes, coinciden en confundir comunicación política con propaganda electoral. La comunicación política, es más que simple propaganda. Es un área multidisciplinaria, en donde debe incluirse los aportes de la sociología, la ciencia política y la Communication Research. Se pretende con la Comunicación política estudiar y analizar como la política es comunicada y presentada por los políticos y los medios de comunicación a los ciudadanos.
Cada vez con mayor insistencia en el mundo, los ciudadanos construyen las bases de sus preferencias políticas sobre las estructuras informativas obtenidas de los diversos medios de comunicación impreso, radial o audiovisual. Es lo que algunos estudiosos han denominado la democracia mediática, para representar con este concepto el impacto y el significado que adquieren los medios de comunicación en la formación de las identidades políticas. Ahora bien, hacer Comunicación Política, no significa reunir un grupo de publicistas o comunicadores sociales en un recinto para planificar la propaganda de un candidato. Va mucho más allá de esta simplista posición, muy típica en las estructuras de los comandos de campaña de la mayoría de los candidatos a ocupar cargos públicos en el sistema político venezolano.
La comunicación política, no es propaganda ni publicidad. La comunicación política moderna, debe estar basada en estrategias de estudio, tales como Focus groups, entrevistas en profundidad, estudios de campo, que permitan precisar cuales son los principales requerimientos, expectativas y necesidades de los ciudadanos. La Comunicación política no debe tratar de hacerle creer al ciudadano que el gobernante sabe lo que necesita, la comunicación política debe permitirle al gobernante determinar cuales acciones debe tomar para satisfacer las necesidades del ciudadano. Ambas expresiones son sustancialmente diferentes.
Las estrategias de comunicación política, deben diferenciar entre los seguidores duros, que respaldan a un régimen u opción política en forma firme; los seguidores blandos que pueden estar de acuerdo con el gobierno pero de una manera blanda. Están los seguidores posibles, que mantienen una actitud neutra y en cuyo caso se persigue su transformación en seguidores blandos. Finalmente, están los opositores duros.
La comunicación política, tiene diversos momentos. Un primer momento, que se denomina marketing de campaña, que es aquél instante en que se busca el poder. En esta etapa, es que hay que enmarcar la campaña de Rosales. En ese primer momento, lo característico es identificar el target decisivo para el proceso electoral. En el caso de Venezuela, más del 80% de la población electoral activa, se encuentra en los estratos D y E. Es por ello, que el marketing de campaña de Rosales, busca obtener beneficios en unos estratos que desde 1998, han manifestado su apoyo a la opción del candidato-presidente Hugo Chávez. Hay un segundo momento, que se denomina marketing de gobierno, donde la comunicación acompaña el ejercicio del poder, algunos lo denominan proceso de campaña permanente, en cuanto no se hace campaña simplemente para una elección, sino que se plantea como una constante, que en el caso de Chávez ha estado asociada a divulgar los logros – reales o aparentes- de su acción de gobierno.
Hay un último momento, el denominado marketing de oposición, que se estructura sobre el supuesto de resaltar las debilidades del candidato o la opción gobernante. Este momento, encaja en las perspectivas presentes en la campaña de Rosales. Su campaña se centra en resaltar las debilidades – reales y aparentes- de la gestión de gobierno de Chávez.
Los dos candidatos, tienen el reto de asumir una comunicación política, que vaya más allá del simple tratamiento de la imagen. La actual campaña, ha estado desprovista de elementos significativos en la construcción de la comunicación política. La campaña de Rosales, está llena de profundas promesas esencialmente populistas. La campaña de Chávez, está utilizando unos referentes simbólicos dios-diablo, matizados con la asimilación del diablo con el imperialismo. Ambas campañas, carecen de profundos significados políticos, en cuanto adolecen de una reflexión sobre la democracia, sobre las dificultades del desarrollo de las políticas públicas por parte del Estado nacional, y sobre todo sobre el futuro del sistema de partidos en la Venezuela actual. Por ahora, estos elementos son un abreboca para entender los diversos discursos y las dificultades que vienen presentando en el desarrollo de la campaña electoral. Esperemos que el debate político se enriquezca en los próximos meses y vaya más allá de promesas exageradas, que son el marco que ha indicado el ritmo de la actual campaña política.
Juan Eduardo Romero J
Historiador- LUZ
Juane1208@yahoo.com
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