EL RECORRIDO DE CHÁVEZ: 18 AÑOS DESPUÉS (1994-2012) Cuando el 26 de marzo de 1994, el comandante de la insurrección cívico-militar del 4-F, Hugo Chávez Frías fue liberado se daba inicio a un ciclo de movilización social, que debe ser comprendido en sus dimensiones nacionales e internacionales. Lo primero, es que la insurrección del 4F se da en un contexto de desencanto y aparente preponderancia del pensamiento neoliberal. La estrepitosa caída del llamado socialismo real – el modelo soviético levantado por V.I Lenin, Trosky y Stalin- presagiaba una época de total control del pensamiento neoconservador, representado en la tesis de Francis Fukuyama y su libro El fin de la Historia y el último hombre. Esa visión neohegeliana del orden y de un “estado ideal”, era sostenida sobre las bases “productivas” del pensamiento liberal con Freeman y Hayek a la cabeza, desde las escuelas norteamericanas de economía, que impulsaran una reducción del Estado – el estado de Bienestar surgido en el marco de la crisis del capitalismo en 1929- la apertura comercial y financiera de las economías, una política de privatización y eliminación de subsidios, que excluía a todo aquel sin capacidad propia, en el marco de la economía de mercado. La izquierda militante, que tan duramente había sido golpeada por igual en Nuestra América, tanto por las dictaduras férreas del Cono Sur como por las democracias representativas, se había edulcorado en sus propuestas de cambio institucional. Habían sido progresivamente penetradas y controladas, bien por la fuerza – caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile- o bien por su institucionalización democrática (caso de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México). Internamente, el fracaso militar de la insurgencia significó un triunfo político, que no podría ser saboreado inmediatamente dada la detención, encarcelamiento y aislamiento de los comandantes del 4F. Por otra parte, la detención de los responsables militares dejó abierta una discusión que tendría su impacto en el proceso histórico posterior. Nos referimos a una discusión entre dos tesis: la insurgente y la de quiebre institucional. La tesis insurgente – cuya cabeza visible es el Comandante Chávez- sostenía la imposibilidad de construir un cambio político-institucional sobre las bases vigentes del sistema democrático liberal-burgués instaurado a partir de la constitución de 1961. En esta tesis, se plantea la vía insurgente, con la característica de impulsar la movilización y protesta popular, generando una crisis que “abriera” el ascenso de las fuerzas populares y la toma del poder. Esta vía, insistía en la posibilidad del uso de la violencia “revolucionaria” tal como fue sostenida en el pensamiento político del siglo XIX y XX. En contravía, se encontró la tesis del quiebre institucional, a cuya cabeza se estaba el comandante Francisco Arias Cárdenas. En su planteamiento, debía penetrarse – mediante la asimilación dentro del aparato institucional de los complotados del 4F- las estructuras del Estado y sus instituciones, entrando en el juego político con los hasta entonces actores dominantes ( AD y COPEI) y a partir de ahí, realizar una alianza con otros sectores progresistas de izquierda y centro-izquierda, con los cuales alcanzar triunfos electorales. Estas tesis se confrontaron a partir de la frase del Comandante Chávez “por ahora, por ninguno”, formulada en los años 1995, en el marco de las elecciones regionales que ese año se celebraron. La frase encarnaba una diferencia de opinión, dos tendencias existentes en lo interno del MBR-200, representada por los liderazgos de Chávez y Arias. En nuestro criterio, la sustentación de Chávez o más bien su argumentación, tenía que ver con su desconfianza hacia las implicaciones de la institucionalización del MBR-200 en una alianza con otras fuerzas. Encontramos en sus planteamientos de los años 1994-1996, la muestra concreta de una visión no incluyente de un conjunto de actores políticos que tenían presencia en el escenario venezolano del sistema político. La tesis de Arias Cárdenas, significó su incorporación como miembro de la estructura de poder del gobierno de Rafael Caldera, como representante del programa vaso de leche, que estaba enmarcado en una política social asistencialista. Desde dentro del gobierno, Arias comenzó a establecer alianzas con fuerzas de izquierda radical – como la Causa R- o moderadas – como el MAS- en un intento de concretar la efectividad de su tesis. Sobre esa base, se da su candidatura a gobernador del Zulia, con el apoyo de la Causa Radical y todo el proceso de movilización que lleva a su triunfo, con un gran apoyo popular en diciembre de 1995, a partir de ahí, muestra la viabilidad del éxito electoral de los complotados el 4F. Ese triunfo, genera cambios en la tesis insurgente y lleva a Chávez a legalizar el MBR-200 mediante la conformación del Movimiento Quinta república (MVR), organización desde la cual levantara la estructura que le permite imponerse en las elecciones de 1998. Sin embargo, el triunfo de Chávez lo aleja y confronta con Arias, y en ese marco debemos entender sus diferencias en el año 2000. No obstante, se demostró que la tesis de Arias que señalaba lo perjudicial que era la influencia de Luís Miquilena en el entorno presidencial, acabaría dándole la razón y reimpulsando la alianza entre ambos, posterior a los intentos de golpe de estado en 2002-2003. A partir de las elecciones de agosto de 2004 y hasta las presidenciales de 2006, encontramos a un Chávez que reacomoda las tesis políticas que le dan sustentación, se aleja progresivamente de la alianza de frentes políticos más o menos radicales y toma el camino de construcción de la tesis del socialismo bolivariano, dentro del cual se mantiene. El socialismo bolivariano, esbozado a partir de enero de 2007, con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) implica varios cambios. En primer lugar, rompe con la tesis de la violencia revolucionaria que había sido esbozada en el siglo XIX. Ello lo confronta con sectores ortodoxos como los encabezados por Douglas Bravo y Bandera Roja (BR), que terminan aliándose con los enemigos históricos de la derecha para enfrentar a Chávez. En segundo lugar, se estructura una organización que sobre la base del impulso de la organización popular comienza a estructurar una respuesta política que pueda ir más allá de la existencia de un partido. En tercer lugar, se replantea el accionar político a partir de la idea de la movilización permanente, desde la cual se pretende superar la tesis de la movilización únicamente por motivos electorales. En cuarto lugar, entiende las ideas de “revolución permanente” formuladas a partir de 1932 por León Trosky, en el sentido que ningún proceso revolucionario puede permanecer estático y aislado –el planteamiento de Stalin- y se da a la tarea de “extender” diplomáticamente su influencia en la región, concretada en iniciativas como el ALBA-TCP, UNASUR, Banco del Sur, CELAC entre otros. Como vemos, 18 años después el camino de Chávez, ha pasado de ser un fenómeno mediático – por su aparición de un minuto 20 segundos en 1992- a constituirse en una referencia continental, que aún debe ser sopesada en su justa medida y alcance revolucionario. Dr. Juan Eduardo Romero La Universidad del Zulia Historiador Juane1208@gmail.com 28/03/2012.

Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente

LOS PACTOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA RECIENTE

La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.

Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENMIENDA

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENMIENDA

La propuesta de Enmienda Constitucional ha desatado de nuevo los demonios de la beligerancia política. Consideramos que es un nuevo acto de provocación del presidente, destinado a causar revuelo y alteración en quienes se le oponen. Una lectura fácil de la propuesta puede considerar que es una muestra de ambición personal de Chávez, en un intento de perpetuarse en el poder. Sin embargo, creo que las consideraciones deben ir más allá de este análisis fútil.
La mayoría de las organizaciones que se oponen a Chávez y que se articularon en estas elecciones del 23-N, han manifestado el argumento que la propuesta de enmienda es inconstitucional, debido al hecho que estaba implícita en el conjunto de modificaciones sugeridas en el fallido proceso del 2-D de 2007. No obstante, estas consideraciones de tipo jurídico constitucional, debe plantearse que la propuesta de Reforma provino o surgió de la iniciativa presidencial y que en este momento no es el presidente quién la presenta. En sentido estricto, la propuesta de modificación del período presidencial sí bien fue derrotada en el 2007, puede ser presentada de nuevo por otros actores, en este caso la Asamblea Nacional a través de la iniciativa del 30% de sus miembros. Ahora bien, esta iniciativa de Chávez es una derivación lógica de los resultados electorales del 23-N. El hecho que el conjunto de fuerzas agrupadas en el PSUV tenga una ventaja electoral de más de 1.600.000 votos sobre la oposición ( 5.800.000 sobre 4.200.000) le da al presidente una ventaja logística y numérica que pretende ser aprovechada en esta coyuntura.
Para la oposición se trata de construir una matriz de opinión que haga hincapié en las apetencias de perpetuarse en el poder de Chávez. Para las fuerzas que apoyan a Chávez se trata de reconocer que no existe chavismo sin Chávez. Las derrotas de Diosdado Cabello en Miranda, son una muestra contundente y sutil del castigo de las bases del chavismo a quienes se manejan en la tesis del chavismo sin Chávez. Hay otro factor que considerar en la propuesta de enmienda y es que tácitamente se está reconociendo que no hay un liderazgo más allá de la figura carismática del presidente. Una de las mayores consecuencias del 2-D de 2007 es que se habían desatado los demonios de la ambición personal en torno a la figura que pudiera heredar el liderazgo político de Chávez. La propuesta de enmienda asume los temores de Chávez de una desarticulación de los movimientos sociales que lo apoyan ante una eventual salida de él de la presidencia.
La enmienda es una oportunidad política para elevar o generar una especie de plebiscito que se base en la popularidad de Chávez, que como todos sabemos se encuentra por encima del 65% en relación con cualquier otro liderazgo político. Al personalizar esta enmienda y seguramente será así, se busca movilizar al mayor conjunto de población y eso es vital para la consolidación política del PSUV y con ella la consolidación de la hegemonía política de Chávez. La oposición se arriesga a un proceso de acorralamiento y disminución de su caudal electoral, que pueda llevarla a optar – tal como lo hizo en el período 2001-2004- por la vía violenta. No creo que la decisión de Chávez de utilizar la estructura de la Asamblea Nacional para adelantar la enmienda le dé tiempo a la oposición de construir una matriz sólida de oposición. Hay que recordar que en este momento la situación se presenta distinta a la de la reforma constitucional de 2007. En ese momento la oposición tuvo desde enero de 2007 cuando anuncio la propuesta hasta diciembre cuando se votó, para articular una estrategia efectiva para contener la propuesta. En este momento, la posibilidad que la Asamblea apruebe la enmienda a finales de enero, coloca la fecha de realización de la consulta a más tardar la 1era semana de marzo, eso significa que la oposición tendrá menos de dos (2) meses para articularse y crear una propuesta de comunicación política tendiente a minimizar las pretensiones del chavismo.
Todo parece señalar que la ventaja electoral obtenida por Chávez el 23-N puede imponerse y elevarse. Hay que recordar que entre los procesos electorales de 2006 a este de 2008, el chavismo pasó de 7.300.000 votos en las presidenciales de 2006, a 4.200.000 el 2-D de 2007 a obtener 5.800.000 el 23-N. Es decir, todavía tiene Chávez un total de1.500.000 votantes que gravitan en el puente de la abstención y que se convierten – lógicamente- en su objetivo político en este momento. La oposición no ha logrado aumentar su caudal electoral y en mi parecer dejo pasar el momento político de la victoria de 2007 y será sometida a la acción articulada de la maquinaria del PSUV que demostró su efectividad y movilidad. Como siempre, el panorama político se muestra y rico y diverso, lo seguiremos con mucha atención.


Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
07/12/2008

Venezuela, Ecuador y Bolivia: el efecto de los movimientos sociales

Venezuela, Ecuador y Bolivia: el efecto de los movimientos sociales

 

Lo que sucede en América Latina, con este aparente resurgir de la izquierda histórica, debe ser visto desde la óptica de las prácticas disruptivas de los movimientos sociales. Nos referimos a que las formas preponderantes de los modelos democráticos en latinoamérica, sustentados como estuvieron entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, sobre los partidos políticos falló rotundamente.

Los supuestos sobre los que debió construirse el accionar de los partidos políticos en Sudamérica (Colorado, demócratas cristianos, AD, Liberal, Conservador, peronista, por sólo nombrar algunos casos), la respuesta social, la capacidad de cohesión colectiva, la intermediación con las estructuras del Estado Nacional; todas ellas fracasaron y generaron una desbandada de los ciudadanos hacia su confianza en los partidos.

Esa huida ciudadana, acompañada como estuvo de acciones disruptivas - entendidas como formas de protesta y reto al status quo- impulsó la antipolítica  como expresión de la cultura política en todo el contexto espacial sudamericano. Con ello, se potenció formas de articulación social más allá de los espacios institucionalizados canalizados por y desde el partido político. La oportunidad política brindada a los movimientos sociales permitió el surgimiento de un descontento y desconfianza generalizada sobre la capacidad del liderazgo democrático surgido desde los partidos, para solucionar la crisis de expectativas de los ciudadanos. Por ello, acciones como la adelantada por los carapintadas en Argentina o las propiciadas por el propio Chávez, en Venezuela, durante 1992, no fueron percibidas negativamente, por lo menos no tanto considerando que pusieron en riesgo el sistema político en ambos países.

¿ Cómo entender esto? la respuesta debe ser múltiple. Por una parte las denominadas reformas de 1era generación, que derivaron en un agresivo proceso de privatización en toda latinoamérca, disminuyó la calidad de vida del ciudadano y minimizó la capacidad de intermediación del partido político, entre el ciudadano y el Estado. Ese espacio dejado libre por los partidos, aunado al descontento hacia las instituciones políticas, fue aprovechado para la articulación de movimientos sociales que reivindicaron la condición de ciudadanía social, entendida como reclamo para una mejor calidad de vida; aspecto esté que apareció lejano en el contexto privatizador de los años 90.

El retroceso electoral de los partidos históricos en toda Latinoamérica, debe ser vista como una manifestación del voto castigo contra la debilidad institucional de los partidos gobernantes y su endulcoramiento ideológico, que hizo posible la transformación del partido en un cascarón vacio y desvinculado de la realidad. En esas circunstancias, liderazgos carismáticos como el de Chávez, Menem, Fujimori, consiguieron un espacio para articularse como mecanismos colectivos de respuestas a la crisis de expectativas, generando movilización y apoyo a sus propuestas. Debemos eso sí, estar claros que el desenvolvimiento institucional no es igual para Fujimori, Menem o Chávez, sobre todo por aquello de tratar de encajarlos bajo la mirada conceptual del neopopulismo.

En este punto, hay que entender que los movimientos sociales exitosos en sus prácticas disruptivas, manejan lo que se denomina repertorios de protestas y acción que suelen ser emulados por otros movimientos sociales. Eso explica por qué Chávez, al tener éxito en el desplazamiento de  los actores tradicionales en Venezuela mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, adelantará una reingeniería institucional que procuró - y logró en gran medida- desplazar de los cargos de representación política a los actores tradicionales. Esa reingeniería institucional, ha sido emulada por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. No se trata de decir que son manipulados por Chávez, se trata que su accionar demostró la efectividad para los movimientos sociales del manejo de un discurso de ruptura con el viejo orden institucional y la posibilidad que tiene un discurso montado sobre la base del rescate de lo social, como tema de la agenda política.

El éxito de las misiones sociales en Venezuela, visto desde el tema de la incorporación de los excluidos ha sido emulado por parte de los demás presidentes, todo ello basado además en torno al planteamiento del nacionalismo petrolero. El hecho que el precio del barril de petróleo haya pasado de menos de 10 US$ por barril en 1998 a más de 100 US$ en este año, le da a Chávez, Morales y Correa una base de acción política que se traduce en una amenaza a los propios intereses de los grupos de poder en sus respectivos países.

No se trata de plantear que su accionar sea 100% correcto. Se trata de entender que responden a unas condiciones de cambio social que les ha permitido tener éxito electoralmente, al identificar a los electorados claves. Para Chávez, se trata de los estratos D y E, en condiciones de extrema pobreza que representaron el 82% del caudal electoral. Para Evo, se trató de las comunidades aymaras y quechuas, históricamente excluidas. Para Correa, se trató de los sectores sociales decepcionados con el retroceso del Estado Social. Todos ellos son casos evidentes de un accionar de los movimientos sociales, con marcos interpretativos que comparten elementos comunes: lucha contra la pobreza, el rescate de los político más allá de lo simplemente electoral, la incorporación de grupos de excluidos en la toma de decisiones públicas, el empoderamiento colectivo, la corresponsabilidad social, son sólo algunos de los temas.

Ahora bien, pensar que está reingeniería no produce resistencias es ilógico. Las primeras resistencias son internas. Los grupos de poder, que funcionan a través de redes de relaciones se resisten a ser desplazados. Internamente, se presenta la dificultad de la efectividad de las medidas colectivas tomadas por los respectivos líderes carismáticos y finalmente, se trata de la propia capacidad de diseñar una política pública transparente. Externamente, el reajuste institucional los enfrenta con los intereses económicos y geoestratégicos de las transnacionales y los propios intereses en la región de los EEUU. No se debe olvidar que Venezuela, Bolivia y Ecuador reúnen entre los tres (3) cerca del 12% de las reservas de petróleo del mundo, cerca del 6% de las reservas de gas, un aproximado de 3% de la reserva de bioma y cerca de un 5% de las reservas de agua potable. Todos ellos elementos estratégicos para el futuro de las naciones en el siglo XXI.

Los EEUU , han visto retroceder no sólo sus apoyos institucionales en buena parte del continente, además experimentan una grave situación económica derivada del hecho del enorme gasto energético que conlleva mantener movilizadas en situación de guerra a sus efectivos militares en Irak, Afganistán y otras partes del mundo. Estamos hablando que cada soldado movilizado gasta un promedio de 60 litros de gasolina diarios, Los EEUU tiene más de 184.000 en Irak, unos 85.000 en Afganistán y unos 33.000 más en otras partes del mundo. Todo ello se traduce en un gasto energético que supera los 15.000.000 de litros diarios, a un costo estimado cada litro de 1,20 US$. Se trata de una cifra que somete a una situación de inseguridad a todo el aparato institucional de los EEUU. Ante esto, gobiernos como el de Chávez, Evo y Correa resultan, por decir lo menos, molestos y de ahí las resistencias externas.

Todo esto nos permite entender la conflictividad actual y futura del área sudamericana en estos años. Pero debe ser objeto de una discusión seria, acerca de los modelos de democracia, el papel de los partidos y el accionar de la sociedad civil. De nuevo, es una oportunidad extraordinaria para el análisis de lo inmediato.

 

Dr. Juan E. Romero

La Universidad del Zulia

Historiador 27/08/2008 

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