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jueves, 29 de marzo de 2012
LOS TEMAS O AGENDAS DE LA GUERRA SICOLÓGICA
Desde mediados de la década de los años 70, del pasado siglo XX, se viene desarrollando el denominado enfoque de “agenda setting”. Este enfoque desarrollado en EEUU, señala que los medios no nos dicen como pensar, sino “sobre qué pensar”. Se trata de entender que los medios de comunicación (impresos, audiovisuales o webs/blogs) señalan un conjunto de temas, que son repetidos automáticamente, construyendo una “agenda” temática que es repetida por la “agenda política” (los actores políticos con visibilidad en los medios y la vida pública) como en la “agenda pública” (la que maneja el ciudadano común).
La agenda setting, muestra como desde los medios se “selecciona” – a través de los periodistas, y de los jefes de información o responsables de medios- cuales temas aparecen en el día a día, permanecen o desaparecen en los noticiarios, en la prensa o en las páginas web o redes sociales. Se trata de “direccionar” las expresiones de los actos de habla de cada ciudadano. Se trata de establecer una línea de dirección de las discusiones, comentarios y análisis que hacemos en nuestra vida cotidiana. Todos los estudios realizados – Latinobarómetro, Datanálisis y otros- demuestran que cada vez con mayor frecuencia, en toda Nuestra América los ciudadanos se informan según lo que es comentado y reseñado en los medios impresos y audiovisuales. Es sobre este estudio – que corresponde a una realidad concreta- que desde los EEUU se adelanta las Operaciones de Guerra Sicológicas (OPGUS) contra Venezuela.
Medios de Comunicación como El Nacional, El Universal, Tal Cual, diarios de circulación regional como El Impulso, La Verdad, El Carabobeño, Amanecer, Versión Final, siguen este enfoque de agenda setting, sobre todo relacionado con un conjunto de temas que podemos enumerar: 1) la salud precaria del presidente, 2) la existencia de disputas internas para definir el sucesor de Chávez, 3)los problemas de inseguridad de los venezolanos, 4) las carencias en el cumplimiento de los programas públicos del Gobierno, 5) la próxima (y segura) crisis alimentaria (leche, carne, café, entre otros rubros claves) y 6) fallas en el servicio público (electricidad, transporte, agua). Todos esos temas conllevan a una misma operación de guerra sicológica: el fracaso inevitable del proyecto bolivariano y por lo tanto, de la construcción de una respuesta contrahegemónica al capitalismo. Esos temas de agenda, vienen acompañados de otros sub-temas, enmarcados en el mismo enfoque de “agenda setting”: 1) el carácter “popular” de la candidatura de Capriles Radonski, 2) la captación del descontento “interno” dentro de las filas del PSUV, procurando un “goteo” de líderes importantes (gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, funcionarios públicos de importancia) y 3) la posibilidad de una “transición” no traumática post-Chávez. Se trata de una estrategia, destinada no a los sectores “duros” – militantes, con claridad política- del PSUV, sino aquellos grupos que se han “adherido” oportunamente al beneficio de las políticas del proyecto bolivariano, pero que carecen de un verdadero compromiso revolucionario. Se trata de avanzar sobre las confusiones y la falta de claridad, derivadas de las carencias y debilidades en la formación política, que sí bien ha sido intentado ser superado a través del Sistema de Formación Socio-Política, no ha tenido el éxito esperado.
Debe entenderse además, que el contexto internacional, con un precio del petróleo por encima de los 100 US$, con las necesidades de elevar la popularidad del presidente Obama, inventándose nuevos conflictos que motoricen el “patriotismo” del pueblo norteamericano en un momento electoral, aunado a hechos concretos internos de la dinámica venezolana, manifestado por el innegable liderazgo carismático de Chávez que “nubla y oscurece” el débil discurso de Capriles, la brecha entre la intención de voto en el escenario polarizado Chávez/Capriles. Estas condiciones generan desesperación y alarma en los círculos y redes opuestas – y en plena acción conspirativa- contra el gobierno venezolano. Esta situación ya ha tenido paralelismos en nuestro país: debe recordarse que en los años 2001-2002 se dio un proceso de movilización y agresión violenta (Fedecamaras/CTV/Gente del petróleo) que precedió las acciones del golpe de abril de 2002 y el paro petrolero, basándose en situación de presión social (paralización de la industria petrolera, asesinatos selectivos que impulsen una reacción social) y el “goteo” de personajes ligados al gobierno (Luís Miquilena, militares y políticos).
Por ello, las operaciones de guerra sicológica (OPGUS) vienen perfectamente articuladas y sincronizadas, más aún en el caso venezolano, donde vemos una acción externa – marcada por anuncios sobre la inevitabilidad del desenlace mortal de la salud de Chávez- y otra interna – marcada por “mostrar” un candidato opositor joven y sano, que contrasta con un presidente “enfermo- buscando con ello lograr alcanzar el desplazamiento del poder a los militantes del proyecto bolivariano. El manejo de crisis del derrame en Monagas, la alarma sobre la calidad del agua, la “salida” del Gobernador de Monagas, la visibilización de un Capriles grabado jugando futbol o baloncesto, rumores sobre el deterioro de Chávez, son sólo parte de las acciones iniciales de esta nueva etapa de Guerra Sicológica que antecede el escenario electoral del 7-O. Debemos estar atentos al accionar de esta agenda de medios y sus ejecutores en Venezuela y el exterior.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
21/03/2012
EL DISCURSO DE CAPRILES O FALSEAR LA REALIDAD
Hemos señalado en otros artículos que el discurso expresa más que verbos, predicados o complementos directos. Se expresa una forma de ver la vida, una visión ideológica de la realidad, donde se interpreta lo vívido desde nuestro campo de expectativas y necesidades. El discurso es un mecanismo esencial para lograr el convencimiento. Eso es un aspecto clave del control hegemónico. No solo se puede lograr la dominación mediante un ejercicio físico coactivo o violento, ese tipo de control es momentáneo e inestable, pues toda acción genera una reacción; por eso debemos “convencer” al otro.
Un pensador extraordinario, Michel Foucault, señalaba que como todos los hombres tenemos capacidad del habla, construimos “mecanismos prohibitivos” que hacen que un discurso sea más eficaz que otro. Esos mecanismos, hacen que un discurso se reproduzca y se amplié en el uso colectivo; son entre otros el autor (el especialista que dice o hace sobre un tópico determinado), la verdad-mentira, la razón-locura. Así, un autor reconocido – y por ello los programas de opinión llevan especialistas- dice “algo”, lo que dice es verdad y está basado en la razón. Quién no es un autor autorizado y especializado, no dice la verdad y sus expresiones son una locura. Esa imagen la vimos en un momento en el proceso histórico venezolano, cuando se intentó estigmatizar a Chávez, pues “estaba loco”, era un maniático egocéntrico. Con ello se procuraba iniciar un proceso parecido al que le ocurrió al ex presidente de Ecuador Ortiz Bucarán, que fue juzgado y expulsado de la presidencia por “actos de locura”.
En el caso del discurso de la oposición, desde el inicio del proceso de las primarias, los candidatos dejaron entrever que el ciudadano-presidente basaba su actuación en actos “irracionales”, que producían la exclusión, que dejaba fuera a la “mayoría de los venezolanos”. Asistimos de esta forma, a una estrategia de ocultamiento, mediante la cual se busca falsear la realidad cotidiana. La verdad, es que “los excluidos” (grupos propietarios, grupos económicos, la elite propietaria) han sido los que históricamente han excluidos a los sectores populares; sólo que ahora, la gestión presidencial ha tenido como sujetos protagonistas las poblaciones más humildes y tradicionalmente excluidos – los trillados estratos D y E- y ese cambio en la agenda política no es tolerado. La transformación -a través del discurso del presidente- de los sectores tradicionalmente excluidos en sujetos protagonistas de la política pública ha sido tomada como un “acto irracional”, que debe ser revertido.
Sin embargo, no se anuncia públicamente, pues esos sectores representan el 81% de la población inscrita en el REP. Como no se puede decir públicamente, se disfraza con un llamado a alcanzar todos los progresos y la felicidad. Es el llamado al “capitalismo popular” de María Corina Machado. Se trata de disfrazar la realidad. Eso viene acompañado con el discurso que quienes impulsan el socialismo, son pobres, ignorantes, salvajes y bárbaros. Hay una formulación del “nosotros” y del “ellos” muy claro. El Nosotros – es decir los militantes de la derecha- son civilizados, educados, proclives al éxito como clave del capitalismo. Los “otros” – los socialistas- son violentos, son hordas, proclives a la violencia irracional.
En ese proceso, debe “rescatarse” un discurso de igualdad, pues este gobierno – esa es la tesis del falseamiento de la realidad- ha generado una división que no existía. Esa afirmación es una mentira histórica. Las divisiones sociales existen históricamente desde finales del siglo XVI. Hemos construido una sociedad donde se privilegia el poseer sobre el ser, sólo que los mecanismos de control social – la escuela, la iglesia, la familia, la televisión, los medios audiovisuales- han “invisibilizado” esas divisiones. El gran éxito de Chávez, ha sido hacer evidente las contradicciones sociales que han estado vigentes en el transcurso de la historia de Venezuela. Por eso el discurso de Capriles Radonski, habla de “un camino”, esa vía es la de readoptar el pensamiento neoconservador, donde la oportunidad de superación no viene por el accionar del individuo, sino a través de la “educación”, pero no una educación dialógica – al estilo propuesto por Paulo Freire- sino una educación repetitiva, dominante, subyugadora.
Capriles además ha utilizado la estrategia de mostrarse como un sujeto humilde, tranquilo, dispuesto al diálogo. Esa estrategia se corresponde con un plan destinado a relegar al olvido su accionar violento en los acontecimientos del 12 y 13 de abril de 2002, cuando penetro en espacios territoriales de Cuba – la embajada en Caracas-, procedió a la detención – sin garantías- de funcionarios de Chávez, en fin, dio al traste con ordenamientos jurídicos de conservación de derechos. Se trata de una estrategia que busca obtener beneficios del “chavismo descontento”, ese chavismo popular maltratado por la derecha endógena enclaustrada en el PSUV, que hace negocios, que trafica con las necesidades y que no comparte el proyecto bolivariano. La estrategia discursiva de Capriles va a buscar mostrar su capacidad física, sobre todo ante la recaída en la salud del presidente, se trata de hacer hincapié en que su salud no da para más y que sin Chávez, no hay proyecto bolivariano, buscando crear miedo e inhibir la movilización popular a favor del PSUV, favoreciendo su proyecto neoconservador. Ese discurso será progresivo y debe generar un debate profundo.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
3/03/2012
jueves, 6 de mayo de 2010
MEDIDAS ECONÓMICAS Y PROSPECTIVA ELECTORAL
MEDIDAS ECONÓMICAS Y PROSPECTIVA ELECTORAL
Recientemente, en esta misma columna, señalamos que el PSUV tiene la ventaja de contar con el liderazgo personal de Chávez, que fácilmente se confronta con los muy dispersos y epilépticos personajes de la oposición. Todos los estudios de consultoras de opinión pública como Datanálisis, Consultores 21, IVAD, entre otras ratifican la preponderancia del liderazgo de Chávez sobre cualquier otro de la oposición, llámese Ledezma, Borges, Capriles Radosky, Pérez Viva y otros. La situación se torna más difícil cuando se mide la intención de voto según preferencia partidista, en ese caso el PSUV reúne una preferencia que circunda el 36% mientras que el resto de los partidos de oposición llegan – todos juntos- a un pírrico 9,5%. Eso, aunado a la especial división de las circunscripciones – que discute el CNE- le otorga una ventaja adicional al PSUV. Sin embargo, no todo es cálculo fácil para el partido de gobierno.
El ajuste económico anunciado este viernes pasado- que se ha dado en llamar el Viernes Rojo- tiene varias aristas. La 1era, es el enorme peso del gasto público y los programas sociales. El gasto social del ejecutivo nacional, paso a representar un 7,8% del PIB para 1998 a más de un 13,1% en 2007. Entre 2008 y 2009, la dinámica de incremento de gasto público se mantuvo, pero con un impacto negativo generado por la caída en los precios del petróleo a finales del último trimestre de 2008 y el 1er trimestre de 2009, que llevo a una reducción del precio del barril de petróleo de más de 100 US$ a menos de 40 US$. Dada la naturaleza del sistema económico venezolano, que depende de la conversión en bolívares de los ingresos por concepto de venta de petróleo, una reducción de los ingresos compromete seriamente la permanencia de los programas sociales. En esta óptica, la subvención que mantenía el Estado, al sostener la relación dólar/bolívar en 2,15 BsF se traducía en una pérdida de recursos que pudieran ser destinados a la inversión social. Adicionalmente, el mantener esa subvención se ha traducido en una paralización del aparato productivo, como consecuencia de la natural tendencia parasitaria del sector industrial venezolano, que ante esa acción del Estado ha optado por incrementar la importación en vez de invertir en producir nacionalmente. En este punto, debemos ser conscientes y señalar la indudable complicidad de algunos sectores corruptos en el gobierno nacional, que han otorgado dólares para incentivar la importación y con ello, hemos aumentado la dependencia del exterior.
Hay una 2da arista, y es el tema de la inflación. El costo de estas medidas sobre el índice de precios al consumidor (IPC) sigue siendo un tema álgido. La inflación acumulada de los últimos tres años (2007-2008-2009) 22,5%, 30,9% y 25,1%, que da un total de 78,5%, ha afectado consistentemente los ingresos de los venezolanos, sobre todo lo relacionado con el ingreso mínimo que bien se sabe ha sido esbozado como un logro del gobierno nacional, al elevarlo sustancialmente en los últimos años. Los economistas coinciden en afirmar que todo proceso de devaluación genera una espiral inflacionaria, en el caso nuestro todo dependerá del accionar del INDEPABIS y su desenvolvimiento para evitar un excesivo encarecimiento de los precios. Sea como sea, el punto central deviene del hecho de cómo se administra el manejo público de estas medidas, más aun cuando este es un año electoral. Por una parte, el cálculo del gobierno nacional es que con este ajuste monetario en la paridad dólar/bolívar el gobierno central recibirá, a través de la conversión de los dólares provenientes de la venta de petróleo, más bolívares fuertes que serán destinados al mantenimiento del gasto social. En esta acción hay un riesgo calculado, que es el efecto inflacionario que piensa ser comedido a través de las instituciones del Estado, pero esencialmente con la ampliación del gasto del sector público, destinado a atender a los sectores D y E, que electoralmente son claves.
Para el gobierno de Chávez, se trata por lo tanto, de adelantar una política de gasto público que permita mantener la inversión social en esos estratos, que precisamente son los que han facilitado su éxito electoral. Por su parte, la oposición se encuentra con una oportunidad dada por la devaluación, pero tienen la debilidad de no contar con una agenda de proposiciones que se presenten como alternativa a la agenda política, esa debilidad puede ser un elemento adicional en las posibilidades de éxito o fracaso de sus candidatos, en las próximas elecciones legislativas. Como sea, la oportunidad política que tiene la oposición parece perderse en una interminable crítica sin proposiciones, en este caso seguiremos con la hegemonía del PSUV y Chávez. Finalmente, el chavismo mantiene el reto de estructurar una política pública eficaz y libre de señalamientos de corrupción y lentitud burocrática, de no hacer la superioridad política puede ser puesta en entredicho en cualquier momento.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
12/01/2010
Recientemente, en esta misma columna, señalamos que el PSUV tiene la ventaja de contar con el liderazgo personal de Chávez, que fácilmente se confronta con los muy dispersos y epilépticos personajes de la oposición. Todos los estudios de consultoras de opinión pública como Datanálisis, Consultores 21, IVAD, entre otras ratifican la preponderancia del liderazgo de Chávez sobre cualquier otro de la oposición, llámese Ledezma, Borges, Capriles Radosky, Pérez Viva y otros. La situación se torna más difícil cuando se mide la intención de voto según preferencia partidista, en ese caso el PSUV reúne una preferencia que circunda el 36% mientras que el resto de los partidos de oposición llegan – todos juntos- a un pírrico 9,5%. Eso, aunado a la especial división de las circunscripciones – que discute el CNE- le otorga una ventaja adicional al PSUV. Sin embargo, no todo es cálculo fácil para el partido de gobierno.
El ajuste económico anunciado este viernes pasado- que se ha dado en llamar el Viernes Rojo- tiene varias aristas. La 1era, es el enorme peso del gasto público y los programas sociales. El gasto social del ejecutivo nacional, paso a representar un 7,8% del PIB para 1998 a más de un 13,1% en 2007. Entre 2008 y 2009, la dinámica de incremento de gasto público se mantuvo, pero con un impacto negativo generado por la caída en los precios del petróleo a finales del último trimestre de 2008 y el 1er trimestre de 2009, que llevo a una reducción del precio del barril de petróleo de más de 100 US$ a menos de 40 US$. Dada la naturaleza del sistema económico venezolano, que depende de la conversión en bolívares de los ingresos por concepto de venta de petróleo, una reducción de los ingresos compromete seriamente la permanencia de los programas sociales. En esta óptica, la subvención que mantenía el Estado, al sostener la relación dólar/bolívar en 2,15 BsF se traducía en una pérdida de recursos que pudieran ser destinados a la inversión social. Adicionalmente, el mantener esa subvención se ha traducido en una paralización del aparato productivo, como consecuencia de la natural tendencia parasitaria del sector industrial venezolano, que ante esa acción del Estado ha optado por incrementar la importación en vez de invertir en producir nacionalmente. En este punto, debemos ser conscientes y señalar la indudable complicidad de algunos sectores corruptos en el gobierno nacional, que han otorgado dólares para incentivar la importación y con ello, hemos aumentado la dependencia del exterior.
Hay una 2da arista, y es el tema de la inflación. El costo de estas medidas sobre el índice de precios al consumidor (IPC) sigue siendo un tema álgido. La inflación acumulada de los últimos tres años (2007-2008-2009) 22,5%, 30,9% y 25,1%, que da un total de 78,5%, ha afectado consistentemente los ingresos de los venezolanos, sobre todo lo relacionado con el ingreso mínimo que bien se sabe ha sido esbozado como un logro del gobierno nacional, al elevarlo sustancialmente en los últimos años. Los economistas coinciden en afirmar que todo proceso de devaluación genera una espiral inflacionaria, en el caso nuestro todo dependerá del accionar del INDEPABIS y su desenvolvimiento para evitar un excesivo encarecimiento de los precios. Sea como sea, el punto central deviene del hecho de cómo se administra el manejo público de estas medidas, más aun cuando este es un año electoral. Por una parte, el cálculo del gobierno nacional es que con este ajuste monetario en la paridad dólar/bolívar el gobierno central recibirá, a través de la conversión de los dólares provenientes de la venta de petróleo, más bolívares fuertes que serán destinados al mantenimiento del gasto social. En esta acción hay un riesgo calculado, que es el efecto inflacionario que piensa ser comedido a través de las instituciones del Estado, pero esencialmente con la ampliación del gasto del sector público, destinado a atender a los sectores D y E, que electoralmente son claves.
Para el gobierno de Chávez, se trata por lo tanto, de adelantar una política de gasto público que permita mantener la inversión social en esos estratos, que precisamente son los que han facilitado su éxito electoral. Por su parte, la oposición se encuentra con una oportunidad dada por la devaluación, pero tienen la debilidad de no contar con una agenda de proposiciones que se presenten como alternativa a la agenda política, esa debilidad puede ser un elemento adicional en las posibilidades de éxito o fracaso de sus candidatos, en las próximas elecciones legislativas. Como sea, la oportunidad política que tiene la oposición parece perderse en una interminable crítica sin proposiciones, en este caso seguiremos con la hegemonía del PSUV y Chávez. Finalmente, el chavismo mantiene el reto de estructurar una política pública eficaz y libre de señalamientos de corrupción y lentitud burocrática, de no hacer la superioridad política puede ser puesta en entredicho en cualquier momento.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
12/01/2010
lunes, 12 de abril de 2010
el 4 de febrero y sus raíces históricas
EL 4 DE FEBRERO Y SUS RAÍCES HISTÓRICAS
Hace 18 años, todo el mundo en nuestro país se preguntaba que había pasado. El país había transitado de ser una de las democracias modelos en toda Latinoamérica ha ser sacudida por dos acontecimientos significativos: una revuelta popular en 1989 y un golpe de estado. En la lógica del venezolano promedio, penetrado por el status quo y las relaciones de poder hegemónica, estos dos acontecimientos eran una anomalía histórica. Sin embargo, no había apreciación más errada que esa.
La acumulación de contradicciones profundas, derivadas de la lógica del sistema capitalista y las formas políticas que adquiere habían hecho explosión. No puede perderse de vista, que el modelo de democracia representativa instaurado en 1958 se basaba en dos condiciones esenciales: 1) insistir en el consenso y 2) evitar el conflicto. Esa obsesión por la estabilidad se tradujo en la minimización de los enormes contrastes desde el punto de vista social y económico existentes en Venezuela. Eso fue posible, dado el carácter rentista de la economía venezolana. No hay que olvidar que la propia naturaleza productiva del negocio petrolero en nuestro país es profundamente rentable: hasta el día de hoy la diferencia entre el costo de producción de un barril de petróleo y su costo de venta es sumamente favorable. Sí bien, entre 1958-1973 el promedio del barril del petróleo fue relativamente bajo – oscilando entre 2,30 y 5 US$- a partir de la guerra del Yon Kippur, los precios del barril del petróleo se elevaron generando con ello que el Estado venezolano contará con recursos significativos para financiar el gasto público. Esa disposición permitió durante mucho tiempo mantener el clima de estabilidad – aparente- que tanto anhelan algunos venezolanos. No obstante, ese clima era artificial. Las contradicciones y contrastes permanecían intocables, las limitaciones del status quo a formas de participación no mediadas por los partidos históricos (AD, COPEI y URD) eran muchas. La renta petrolera no era efectivamente distribuida y el capital nacional y trasnacional se beneficiaba de ello. No se había atendido el tema de la pobreza y cuando en 1983 hizo crisis el modelo rentista, las contradicciones afloraron con mayor rapidez. Ante ello, los partidos políticos insistieron en mantener el clima consensuado a pesar de ser imposible – desde el punto de vista institucional y económico- hacerlo, pero su insistencia en mantenerse como si nada hubiera ocurrido después del Caracazo – en febrero de 1989- facilitó la manifestación de un conjunto de militares, muy lejanos del clásico militarismo que había afectado a América Latina.
Lo demás es bien sabido. Chávez, Arias, Ortiz Contreras y compañía dieron un golpe de estado que fracaso, pero yo no quiero centrar mí reflexión sobre un tema por lo demás trillado. Quiero que los lectores de esta columna entiendan – al igual que algunos militantes de la sección militar del PSUV- que su accionar tiene raíces muy profundas en el pensamiento político venezolano. Y no se trata sólo de la simplicidad de señalar las vinculaciones de Chávez con los ideales de la guerrilla de los 60. Se trata de comprender que tiene que ver con una ruptura política que se dibujo en los inicios del siglo XX. En pleno período gomecista, mucho antes de los acontecimientos de febrero de 1928, se venía gestando un proceso de maduración y cambio socio-político. En ese cambio nombres como José Pío Tamayo, Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Otero Silva, comienzan a reflexionar sobre el impacto del imperialismo en la zona del Caribe. El hecho que se diera esa reflexión en nuestro país no es fortuita: en toda el área había un clima antiimperialista que termino en la conformación de la Liga Antiimperialista del Caribe, en donde encontramos nombres como César Sandino, Farabundo Martí, Victor Raúl Haya de La Torre, Juan Bosh, entre otros. Fueron ellos, los que van a introducir la discusión sobre las posibilidades de construcción del socialismo en estos lares. Ya José Carlos Mariategui había pensado sus tesis filosóficas sobre la realidad latinoamericana y a ella, se sumarían otras reflexiones sobre el camino que venía sugiriendo Lenín – ya triunfante en Rusia- y la propia realidad latinoamericana.
Las raíces de ese camino por construir planteó una disyuntiva: 1) andar el camino de la reforma sin modificar las condiciones de explotación social y económica o 2) profundizar los cambios y construir otro modelo democrático. Esa disyuntiva, fue lo que llevó a Rómulo Betancourt a distanciarse de Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, para pasar a encabezar el propio Rómulo Betancourt el compromiso de construcción de un modelo cercano a la socialdemocracia, de cuyos peligros ya advertía Rosa Luxemburgo en 1912. Esto es importante recordarlo, pues el reconcomio de Betancourt con los “pacos” – comunistas- se extendería hasta su 2do período de gobierno (1959-1963) y marcaría el proceso político hasta la llegada de Chávez. Se trata de entender que Chávez es producto de una revancha histórica de la izquierda sobre la socialdemocracia, y al mismo tiempo entender que es un fenómeno de enormes raíces históricas.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/02/2010
Hace 18 años, todo el mundo en nuestro país se preguntaba que había pasado. El país había transitado de ser una de las democracias modelos en toda Latinoamérica ha ser sacudida por dos acontecimientos significativos: una revuelta popular en 1989 y un golpe de estado. En la lógica del venezolano promedio, penetrado por el status quo y las relaciones de poder hegemónica, estos dos acontecimientos eran una anomalía histórica. Sin embargo, no había apreciación más errada que esa.
La acumulación de contradicciones profundas, derivadas de la lógica del sistema capitalista y las formas políticas que adquiere habían hecho explosión. No puede perderse de vista, que el modelo de democracia representativa instaurado en 1958 se basaba en dos condiciones esenciales: 1) insistir en el consenso y 2) evitar el conflicto. Esa obsesión por la estabilidad se tradujo en la minimización de los enormes contrastes desde el punto de vista social y económico existentes en Venezuela. Eso fue posible, dado el carácter rentista de la economía venezolana. No hay que olvidar que la propia naturaleza productiva del negocio petrolero en nuestro país es profundamente rentable: hasta el día de hoy la diferencia entre el costo de producción de un barril de petróleo y su costo de venta es sumamente favorable. Sí bien, entre 1958-1973 el promedio del barril del petróleo fue relativamente bajo – oscilando entre 2,30 y 5 US$- a partir de la guerra del Yon Kippur, los precios del barril del petróleo se elevaron generando con ello que el Estado venezolano contará con recursos significativos para financiar el gasto público. Esa disposición permitió durante mucho tiempo mantener el clima de estabilidad – aparente- que tanto anhelan algunos venezolanos. No obstante, ese clima era artificial. Las contradicciones y contrastes permanecían intocables, las limitaciones del status quo a formas de participación no mediadas por los partidos históricos (AD, COPEI y URD) eran muchas. La renta petrolera no era efectivamente distribuida y el capital nacional y trasnacional se beneficiaba de ello. No se había atendido el tema de la pobreza y cuando en 1983 hizo crisis el modelo rentista, las contradicciones afloraron con mayor rapidez. Ante ello, los partidos políticos insistieron en mantener el clima consensuado a pesar de ser imposible – desde el punto de vista institucional y económico- hacerlo, pero su insistencia en mantenerse como si nada hubiera ocurrido después del Caracazo – en febrero de 1989- facilitó la manifestación de un conjunto de militares, muy lejanos del clásico militarismo que había afectado a América Latina.
Lo demás es bien sabido. Chávez, Arias, Ortiz Contreras y compañía dieron un golpe de estado que fracaso, pero yo no quiero centrar mí reflexión sobre un tema por lo demás trillado. Quiero que los lectores de esta columna entiendan – al igual que algunos militantes de la sección militar del PSUV- que su accionar tiene raíces muy profundas en el pensamiento político venezolano. Y no se trata sólo de la simplicidad de señalar las vinculaciones de Chávez con los ideales de la guerrilla de los 60. Se trata de comprender que tiene que ver con una ruptura política que se dibujo en los inicios del siglo XX. En pleno período gomecista, mucho antes de los acontecimientos de febrero de 1928, se venía gestando un proceso de maduración y cambio socio-político. En ese cambio nombres como José Pío Tamayo, Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Otero Silva, comienzan a reflexionar sobre el impacto del imperialismo en la zona del Caribe. El hecho que se diera esa reflexión en nuestro país no es fortuita: en toda el área había un clima antiimperialista que termino en la conformación de la Liga Antiimperialista del Caribe, en donde encontramos nombres como César Sandino, Farabundo Martí, Victor Raúl Haya de La Torre, Juan Bosh, entre otros. Fueron ellos, los que van a introducir la discusión sobre las posibilidades de construcción del socialismo en estos lares. Ya José Carlos Mariategui había pensado sus tesis filosóficas sobre la realidad latinoamericana y a ella, se sumarían otras reflexiones sobre el camino que venía sugiriendo Lenín – ya triunfante en Rusia- y la propia realidad latinoamericana.
Las raíces de ese camino por construir planteó una disyuntiva: 1) andar el camino de la reforma sin modificar las condiciones de explotación social y económica o 2) profundizar los cambios y construir otro modelo democrático. Esa disyuntiva, fue lo que llevó a Rómulo Betancourt a distanciarse de Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, para pasar a encabezar el propio Rómulo Betancourt el compromiso de construcción de un modelo cercano a la socialdemocracia, de cuyos peligros ya advertía Rosa Luxemburgo en 1912. Esto es importante recordarlo, pues el reconcomio de Betancourt con los “pacos” – comunistas- se extendería hasta su 2do período de gobierno (1959-1963) y marcaría el proceso político hasta la llegada de Chávez. Se trata de entender que Chávez es producto de una revancha histórica de la izquierda sobre la socialdemocracia, y al mismo tiempo entender que es un fenómeno de enormes raíces históricas.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
02/02/2010
EL CASO ALVAREZ PAZ: ¿LIBERTAD O LIBERTINAJE?
EL CASO ALVAREZ PAZ: ¿LIBERTAD O LIBERTINAJE?
El caso en torno a las declaraciones de Oswaldo Álvarez Paz, es propicio para rescatar una discusión teórica muy importante en el área de la opinión. Debemos comenzar por señalar que la idea de opinión inicialmente está asociada a la expresión latina opinio, que se refiere más a una idea que a los hechos. En este sentido, esa acepción de opinión se encuentra más cercana una forma de percepción de la realidad. Hay una 2da forma de entenderlo, que está asociada a una cuestión moral o costumbre; en esta circunstancia la opinión es una forma de presión social. El pensador liberal John Locke, fue quién señalo que la opinión más que una forma de conocimiento es un mecanismo de aprobación o censura social.
Por otro lado, nos encontramos con la idea de público, que como bien es sabido es producto también de la revolución liberal. Antes de las revoluciones burguesas, dadas a partir de la Revolución Liberal Inglesa de Cromwell en el siglo XVII, lo único realmente público era el soberano, el Rey. Los demás sujetos de la sociedad en el antiguo régimen no eran públicos, de ahí su categoría de súbditos. Será la revolución del pensamiento liberal la que introduzca y fusione la idea de públicus, que es una derivación latina de populus, es decir “el pueblo”. La opinión pública estuvo asociada a la idea de divulgar las ideas, por ello se construye una representación en donde el debate de las ideas debe escapar del control del Estado, y de esa forma se hace socialmente aceptable hablar que la defensa de la libertad de expresión viene asegurada por el restringido control que puedan tener las estructuras del Estado sobre los instrumentos – periódicos, revistas, otros- de información. De esta manera se confunde por un lado libertad de expresión con libertad de información. La libertad de expresión, es un principio filosófico de la libertad desde el punto de vista de la condición humana, sin embargo la propia doctrina liberal comenzó a debatir sobre la necesidad de establecer responsabilidades a la expresión del pensamiento. No era posible aceptar, dado el carácter de empresas de intereses que adquirió la prensa escrita, sobre todo a finales del siglo XIX y todo el transcurso del siglo XX, una libertad de expresión sin ningún tipo de responsabilidad sobre otros aspectos esenciales como la ética y la moral.
En torno a la libertad de información, está asociado cada vez más con la ampliación de la esfera pública y el incremento de la participación ciudadana, pero esto no ápice para confundir una con la otra. La libertad de expresión como la libertad de información tiene limitaciones que derivan de consideraciones éticas. No pueden expresarse opiniones ligeramente, sobre todo en torno al debate de la agenda política, sin que medie una prueba determinante de las afirmaciones que se hacen. Este aspecto es esencial en el debate de la agenda pública y la agenda política que sucede en nuestro país. Es común observar como los medios – impresos, audiovisuales- y los periodistas o los generadores de opinión, emiten declaraciones cargadas de irresponsabilidad y al hacerlo lo hacen escudados en la libertad de pensamiento, que fue – y es- un principio sustancial de la democracia. Pero es menester señalar, que la libertad de pensamiento debe estar sostenida sobre la responsabilidad en la naturaleza de lo expresado- No podemos sencillamente avalar la emisión de un conjunto de conceptos y categorías sin ningún tipo de validez o solidez teórica o práctica. En el caso de Álvarez Paz, tiene el derecho de expresar una forma de ver la realidad del país, pero cuando pasa a realizar acusaciones que tienen implicaciones jurídicas, debe acompañarlas por pruebas. Yo no puedo, a la ligera, utilizar este espacio para acusar a alguien a menos que sea capaz de demostrar lo que yo señalo. Hacerlo de otra manera es una gran irresponsabilidad. Lo sucedido es otra ocasión más para generar un debate sobre la libertad de expresión e información en nuestro país. Y digo que es una ocasión más, pues lo sucedido con el cese de la concesión a RCTV fue otro momento. El debate, como ahora, se centró en que ese medio es la representación de la libertad de expresión e información, cuando ambas son una característica de la condición humana.
No puede seguirse confundiendo una argumentación que surgió a partir del siglo XVIII como una defensa ante el enorme poder del Estado ante los públicos. Es en ese momento, donde aparece la idea que los medios impresos – periódicos- son el epicentro del derecho a la información, pero en ese momento cuando existían aun enormes trabas para la consolidación de los derechos políticos era comprensible esa argumentación, pero hoy tres (3) siglos después, donde existen dinámicas tan diversas, canales de participación tan variados,; no se puede seguir argumentando futilidades al respecto. Como bien es conocido, los Art. 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana, establecen el derecho a la expresión de sus ideas con las responsabilidades del caso, y es precisamente esta limitante la que está siendo objeto de discusión con el caso Álvarez Paz.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
24/03/2010
El caso en torno a las declaraciones de Oswaldo Álvarez Paz, es propicio para rescatar una discusión teórica muy importante en el área de la opinión. Debemos comenzar por señalar que la idea de opinión inicialmente está asociada a la expresión latina opinio, que se refiere más a una idea que a los hechos. En este sentido, esa acepción de opinión se encuentra más cercana una forma de percepción de la realidad. Hay una 2da forma de entenderlo, que está asociada a una cuestión moral o costumbre; en esta circunstancia la opinión es una forma de presión social. El pensador liberal John Locke, fue quién señalo que la opinión más que una forma de conocimiento es un mecanismo de aprobación o censura social.
Por otro lado, nos encontramos con la idea de público, que como bien es sabido es producto también de la revolución liberal. Antes de las revoluciones burguesas, dadas a partir de la Revolución Liberal Inglesa de Cromwell en el siglo XVII, lo único realmente público era el soberano, el Rey. Los demás sujetos de la sociedad en el antiguo régimen no eran públicos, de ahí su categoría de súbditos. Será la revolución del pensamiento liberal la que introduzca y fusione la idea de públicus, que es una derivación latina de populus, es decir “el pueblo”. La opinión pública estuvo asociada a la idea de divulgar las ideas, por ello se construye una representación en donde el debate de las ideas debe escapar del control del Estado, y de esa forma se hace socialmente aceptable hablar que la defensa de la libertad de expresión viene asegurada por el restringido control que puedan tener las estructuras del Estado sobre los instrumentos – periódicos, revistas, otros- de información. De esta manera se confunde por un lado libertad de expresión con libertad de información. La libertad de expresión, es un principio filosófico de la libertad desde el punto de vista de la condición humana, sin embargo la propia doctrina liberal comenzó a debatir sobre la necesidad de establecer responsabilidades a la expresión del pensamiento. No era posible aceptar, dado el carácter de empresas de intereses que adquirió la prensa escrita, sobre todo a finales del siglo XIX y todo el transcurso del siglo XX, una libertad de expresión sin ningún tipo de responsabilidad sobre otros aspectos esenciales como la ética y la moral.
En torno a la libertad de información, está asociado cada vez más con la ampliación de la esfera pública y el incremento de la participación ciudadana, pero esto no ápice para confundir una con la otra. La libertad de expresión como la libertad de información tiene limitaciones que derivan de consideraciones éticas. No pueden expresarse opiniones ligeramente, sobre todo en torno al debate de la agenda política, sin que medie una prueba determinante de las afirmaciones que se hacen. Este aspecto es esencial en el debate de la agenda pública y la agenda política que sucede en nuestro país. Es común observar como los medios – impresos, audiovisuales- y los periodistas o los generadores de opinión, emiten declaraciones cargadas de irresponsabilidad y al hacerlo lo hacen escudados en la libertad de pensamiento, que fue – y es- un principio sustancial de la democracia. Pero es menester señalar, que la libertad de pensamiento debe estar sostenida sobre la responsabilidad en la naturaleza de lo expresado- No podemos sencillamente avalar la emisión de un conjunto de conceptos y categorías sin ningún tipo de validez o solidez teórica o práctica. En el caso de Álvarez Paz, tiene el derecho de expresar una forma de ver la realidad del país, pero cuando pasa a realizar acusaciones que tienen implicaciones jurídicas, debe acompañarlas por pruebas. Yo no puedo, a la ligera, utilizar este espacio para acusar a alguien a menos que sea capaz de demostrar lo que yo señalo. Hacerlo de otra manera es una gran irresponsabilidad. Lo sucedido es otra ocasión más para generar un debate sobre la libertad de expresión e información en nuestro país. Y digo que es una ocasión más, pues lo sucedido con el cese de la concesión a RCTV fue otro momento. El debate, como ahora, se centró en que ese medio es la representación de la libertad de expresión e información, cuando ambas son una característica de la condición humana.
No puede seguirse confundiendo una argumentación que surgió a partir del siglo XVIII como una defensa ante el enorme poder del Estado ante los públicos. Es en ese momento, donde aparece la idea que los medios impresos – periódicos- son el epicentro del derecho a la información, pero en ese momento cuando existían aun enormes trabas para la consolidación de los derechos políticos era comprensible esa argumentación, pero hoy tres (3) siglos después, donde existen dinámicas tan diversas, canales de participación tan variados,; no se puede seguir argumentando futilidades al respecto. Como bien es conocido, los Art. 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana, establecen el derecho a la expresión de sus ideas con las responsabilidades del caso, y es precisamente esta limitante la que está siendo objeto de discusión con el caso Álvarez Paz.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
24/03/2010
ANATOMÍA DEL PSUV EN EL ZULIA
ANATOMÍA DEL PSUV EN EL ZULIA
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
martes, 22 de diciembre de 2009
VENEZUELA: 10 AÑOS DE AJUSTE SOCIOPOLÍTICO
VENEZUELA: 10 AÑOS DE AJUSTE SOCIOPOLÍTICO
La obsesión por las fechas no permite ver los procesos en su contexto. Sí bien, son diez (10) años de la aprobación de la Constitución, no puede perderse de vista la dinámica general del ajuste sociopolítico. En 1er lugar, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un proceso más amplío de agotamiento de las formas de hacer política que prevalecieron a partir de la 2da mitad del siglo XX. Se trata de un enfoque que hace hincapié en la “virtud” de los sistemas de representación política, a través del cual se asume la “necesaria” obligación del distanciamiento de la participación del ciudadano, mediante la restricción sólo al momento electoral.
No es fortuito observar como en Latinoamérica en su conjunto estas formas de articulación de la vida democrática terminaron en conflictos y movilizaciones de gran peso, tal como lo ocurrido en Caracas y Buenos Aires en los años finales de la década de los 80, en el pasado siglo XX. Los sistemas políticos basados en relaciones corporativas, donde los grandes grupos de presión (económico, político, gremial) establecían alianzas sobre las cuales repartieron los beneficios de la renta capitalista, no pudo mantener ese clima de confianza y paz forzada y cedieron a las propias conflictividades y contradicciones que generan.
En 2do lugar, no se puede perder de vista el hecho que los cambios en las formas de gobernabilidad democrática se tradujeron en mayores exigencias de participación directa de los colectivos. Se trata de analizar el nuevo significado que se le da a la ciudadanía política y al concepto de soberanía popular. Cada vez se hizo más común en los años finales del siglo XX, las exigencias de mayores espacios de articulación y participación ciudadana. La resistencia de los factores de poder a esta exigencia nos habla de la aparición del fenómeno de la “antipolítica” como un rechazo a las formas de representación de los partidos históricos.
En 3er lugar, los efectos desastrosos de los ajustes neoliberales al sistema económico y a la arquitectura del Estado Nacional son otro elemento que explica los cambios históricos generados. Estas tres (3) dinámicas señaladas someramente, son significativas para entender el ajuste socio-político que se produce con la Constituyente en Venezuela. Por otra parte, no podemos dejar de señalar el impacto que tuvo el proceso constituyente en Colombia en 1991. Se trata de entender que se da inicio a lo que se denomina el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que propone que las constituciones no son cuerpos perfectos e inmutables en el transcurso del tiempo, que por el contrario deben ser objeto de ajustes periódicos para permitir su adecuación con los procesos de cambio social. En el caso nuestro, la Constitución selló un déficit histórico de derechos que se tenía desde la propia independencia. Procesos ligados a tres problemas no resueltos, tales como el acceso a la propiedad, el tema de la participación política y la igualdad real ante la sociedad, son tratados en la Constitución de 1999 y han permitido un dinamismo de gran significado en cuanto al desarrollo de la ciudadanía.
No hay que dejar de notar, que ese proceso de ajuste socio-político fue posible debido a la articulación de un discurso de cambio, encarnado en la figura de Chávez junto a las expectativas de mejora de una población, cuyos estratos D y E, pasaron a constituirse en el electorado clave en el proceso político venezolano. La capacidad del discurso de Chávez, para articularse con esas demandas es lo que ha hecho posible su permanencia en el poder, por ello observar detalladamente los descontentos que expresan los ciudadanos por problemas ligados a su calidad de vida, la falta de respuestas a sus exigencias, la lentitud del aparato del estado, deben ser llamados de advertencia para quienes se alinean en el lado de la revolución bolivariana.
Diez años después, el compromiso con la construcción y articulación de una sociedad que realmente modifique las condiciones de apropiación y explotación del hombre por el hombre, sigue siendo el motor que impulsa la reflexión, sin embargo en el ínterin se ha venido articulando un sector peligroso para la continuidad de este proceso: la boliburguesía. Es el reformista que se viste de rojo y se aprovecha de su condición, es el funcionario burócrata, es el diputado que no rinde cuenta a sus electores, en fin es el peligro del más de los mismo. Diez años después debemos reflexionar sobre lo que puede ser y lo que ha sido, no hacerlo es asumir el título de lo dicho por Trosky en su obra de 1936: La revolución traicionada.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
La obsesión por las fechas no permite ver los procesos en su contexto. Sí bien, son diez (10) años de la aprobación de la Constitución, no puede perderse de vista la dinámica general del ajuste sociopolítico. En 1er lugar, todo ello se encuentra enmarcado dentro de un proceso más amplío de agotamiento de las formas de hacer política que prevalecieron a partir de la 2da mitad del siglo XX. Se trata de un enfoque que hace hincapié en la “virtud” de los sistemas de representación política, a través del cual se asume la “necesaria” obligación del distanciamiento de la participación del ciudadano, mediante la restricción sólo al momento electoral.
No es fortuito observar como en Latinoamérica en su conjunto estas formas de articulación de la vida democrática terminaron en conflictos y movilizaciones de gran peso, tal como lo ocurrido en Caracas y Buenos Aires en los años finales de la década de los 80, en el pasado siglo XX. Los sistemas políticos basados en relaciones corporativas, donde los grandes grupos de presión (económico, político, gremial) establecían alianzas sobre las cuales repartieron los beneficios de la renta capitalista, no pudo mantener ese clima de confianza y paz forzada y cedieron a las propias conflictividades y contradicciones que generan.
En 2do lugar, no se puede perder de vista el hecho que los cambios en las formas de gobernabilidad democrática se tradujeron en mayores exigencias de participación directa de los colectivos. Se trata de analizar el nuevo significado que se le da a la ciudadanía política y al concepto de soberanía popular. Cada vez se hizo más común en los años finales del siglo XX, las exigencias de mayores espacios de articulación y participación ciudadana. La resistencia de los factores de poder a esta exigencia nos habla de la aparición del fenómeno de la “antipolítica” como un rechazo a las formas de representación de los partidos históricos.
En 3er lugar, los efectos desastrosos de los ajustes neoliberales al sistema económico y a la arquitectura del Estado Nacional son otro elemento que explica los cambios históricos generados. Estas tres (3) dinámicas señaladas someramente, son significativas para entender el ajuste socio-político que se produce con la Constituyente en Venezuela. Por otra parte, no podemos dejar de señalar el impacto que tuvo el proceso constituyente en Colombia en 1991. Se trata de entender que se da inicio a lo que se denomina el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que propone que las constituciones no son cuerpos perfectos e inmutables en el transcurso del tiempo, que por el contrario deben ser objeto de ajustes periódicos para permitir su adecuación con los procesos de cambio social. En el caso nuestro, la Constitución selló un déficit histórico de derechos que se tenía desde la propia independencia. Procesos ligados a tres problemas no resueltos, tales como el acceso a la propiedad, el tema de la participación política y la igualdad real ante la sociedad, son tratados en la Constitución de 1999 y han permitido un dinamismo de gran significado en cuanto al desarrollo de la ciudadanía.
No hay que dejar de notar, que ese proceso de ajuste socio-político fue posible debido a la articulación de un discurso de cambio, encarnado en la figura de Chávez junto a las expectativas de mejora de una población, cuyos estratos D y E, pasaron a constituirse en el electorado clave en el proceso político venezolano. La capacidad del discurso de Chávez, para articularse con esas demandas es lo que ha hecho posible su permanencia en el poder, por ello observar detalladamente los descontentos que expresan los ciudadanos por problemas ligados a su calidad de vida, la falta de respuestas a sus exigencias, la lentitud del aparato del estado, deben ser llamados de advertencia para quienes se alinean en el lado de la revolución bolivariana.
Diez años después, el compromiso con la construcción y articulación de una sociedad que realmente modifique las condiciones de apropiación y explotación del hombre por el hombre, sigue siendo el motor que impulsa la reflexión, sin embargo en el ínterin se ha venido articulando un sector peligroso para la continuidad de este proceso: la boliburguesía. Es el reformista que se viste de rojo y se aprovecha de su condición, es el funcionario burócrata, es el diputado que no rinde cuenta a sus electores, en fin es el peligro del más de los mismo. Diez años después debemos reflexionar sobre lo que puede ser y lo que ha sido, no hacerlo es asumir el título de lo dicho por Trosky en su obra de 1936: La revolución traicionada.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
martes, 14 de abril de 2009
ANATOMÍA DEL PSUV EN EL ZULIA
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
Dr. Juan Eduardo Romero/Historiador
El Zulia es la entidad federal más importante de Venezuela, no sólo por el tema petrolero, también por su agregado político. Un espacio geográfico que comparte un trozo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y que además reúne una población electoral significativa – unos 2.082.916 votantes registrados- que representan casi el 15% del universo electoral del país. Históricamente, el estado Zulia ha tenido un comportamiento dispar en relación con el país nacional; la explicación de este hecho debe ser vista en un contexto más general de construcción de una identidad histórica asociada al pasado de ciudad-puerto y que asume una diferencialidad antropológica. Esa diferencialidad mezclada con el orgullo identitario ha sido un arma política utilizada por la oposición a Chávez en la región.
El chavismo, ha sido una fuerza política caracterizada por su dispersión en la entidad. Desde sus inicios en el año 1997 se conformo un cuadro de liderazgos personales que de alguna manera aun sobreviven: figuras como la profesora Marìa de Queipo con una actividad importante en la Universidad del Zulia, Silvestre Villalobos, Jorge Duràn Centeno (actual embajador en Panamá), son sólo algunas tipificaciones de ese personalismo político. En general, hasta antes de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no podríamos hablar de una organización bien estructurada en el Zulia. Precisamente esa carencia, es lo que explica las escasas posibilidades que tuvo el extinto Movimiento Quinta República (MVR) para tomar el poder político.
Las conflictividades internas reflejan una debilidad en el liderazgo regional de las fuerzas del chavismo y traslucen los problemas de los que hablaban los teóricos del marxismo al referirse a la necesidad de un partido bien estructurado. Siguiendo a Antonio Gramscí, el chavismo no ha sido capaz de constituirse en un bloque hegemónico de poder por la dispersión interna. Sin embargo, se debe precisar que desde el año 2006 con el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales se ha venido observando un esfuerzo organizativo que se tradujo en la conformación de una propuesta que propende a reunir las diversas personalidades políticas que se desenvuelven en la región. La conformación del PSUV ha hecho coincidir las diversas tendencias que sobreviven del chavismo inicial: la militarista, que está representada en la figura de Durán Centeno y que agrupa a los militares que participaron en el intento de golpe de 1992; la izquierda histórica representada por personajes como José Huerta, Emilio Chirinos, Arnoldo Olivares entre otros que vienen de una militancia y participación activa en organizaciones que hicieron oposición a las fuerzas de AD y COPEI en la región; la universitaria encarnada en figuras como María de Queipo, Marío Isea, Rodrigo Cabezas entre otros, que vienen del movimiento universitario tan importante en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo XX; y finalmente la de aquellos sectores que fueron sumando sus esfuerzos al chavismo provenientes del vínculo con Arias Cárdenas, entre los que cabe señalar al propio Gian Carlo Di Martino.
Esas fuerzas coexisten con diferencias y perspectivas disímiles acerca de la dinámica de construcción del partido y la forma de articularse con el poder popular, sin embargo han coincidido en la necesidad de organizarse en torno al PSUV buscando con ello construir un bloque histórico en el sentido gramsciano del término, que les permita ser una opción capaz de concretar el avance del proyecto bolivariano en el Zulia.
El chavismo ha progresado – con altibajos- en su caudal electoral regional. En el año 2006, obtuvieron un total de 724.254 votos, ganándole al candidato Manuel Rosales en su propio terreno. Esa cifra es significativa del impacto del liderazgo personal y carismático de Hugo Chávez, sobre todo si se compara con los votos obtenidos por el chavismo en el año 2005 en las elecciones al parlamento nacional cuando a través de la UVE y el MVR obtuvieron algo más de 350.000. Sin embargo, el año 2007 reflejo la debilidad estructural y organizativa del recién creado PSUV pues en la consulta del referendo por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre obtuvo 472.462 votos en la opción del Bloque A y 467.958 en la del Bloque B, reduciéndose su caudal electoral. Los efectos del referendo del 2-D se sintieron en la conformación de los liderazgos internos del partido. Figuras como Rodrigo Cabezas – Ministro de Finanzas en su momento-, Gian Carlo Di Martino (Alcalde de Maracaibo), Gral. Carlos Martínez Mendoza (Presidente CORPOZULIA) comenzaron a disputarse un espacio de poder en lo interno.
El resultado de esa disputa fue el triunfo de la candidatura de Di Martino para la gobernación y el desplazamiento de Rodrigo Cabezas en lo interno, llegando a su sustitución como Vice-presidente del PSUV en la región Zulia-Falcón. Los resultados del proceso de elecciones para gobernador de noviembre 2008 y la subsecuente derrota de la opción de Di Martino, volvió a abrir la brecha ideológica a lo interno del partido. Electoralmente, la Vice-presidenta del PSUV, Jackeline Farías, ha tenido que sobrellevar la presencia del ex alcalde y el descontento que genera hacia ciertos sectores, pero al mismo tiempo no se puede negar que logró elevar la votación del partido a 658.724 votos. Ese caudal electoral, que no termina de ratificar un liderazgo interno, explica la disyuntiva en la que se encuentra el PSUV en este momento: 1) reestructura su base de poder, a través de nuevas elecciones internas o 2) se organiza en torno al liderazgo de Farías-Di Martino. Ambas opciones tienen sus riesgos: la 1era, puede conducir a un nuevo cisma interno, dada la supervivencia de las diferencias personales en el partido, sin embargo puede crear las bases para un relegitimación de la organización popular; la 2da opción puede terminar incrementando la fragmentación y cierta desorganización existente.
Después del proceso del noviembre, la tendencia de Rodrigo Cabezas resulto favorecida. La cercanía con los alcaldes de Mara, Páez, Padilla, Cabimas, Colón, San Francisco entre otros triunfadores de las elecciones regionales, mantiene viva la figura del ex Ministro y coloca en una difícil situación interna a los seguidores de Di Martino. No hay un enfrentamiento directo, pero sin duda en lo interno las fuerzas se movilizan para dirimir su liderazgo político en el partido.
Todo ese escenario, debe estructurarse sobre la imperiosa necesidad que tiene el PSUV de construir una matriz informativa capaz de minimizar la campaña mediática construida por Manuel Rosales y sus asesores, en donde se presentan encarnando el sentido y significado de la zulianidad. Sí el PSUV no es capaz de elaborar un discurso que lo identifique con la imagen regional sus posibilidades políticas se ven reducidas al mínimo y con ello, las diferencias internas no serán subsanadas. La disputa reciente por el puerto y aeropuerto de Maracaibo es una oportunidad política para definir el curso del futuro del PSUV, sí el partido logra sobrevivir a los sentimientos regionalistas y debilitar a Rosales en su liderazgo, entonces veremos surgir una nueva estrategia de liderazgo político que pudiera permitirle a Chávez y sus fuerzas tomar la plaza del Zulia, sin embargo todo está sujeto al accionar del PSUV y su capacidad para articularse coherentemente.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador-analista político
Juane1208@gmail.com
20/03/2009
lunes, 2 de marzo de 2009
ENMIENDA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
miércoles, 21 de enero de 2009
Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente
LOS PACTOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA RECIENTE
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
sábado, 10 de enero de 2009
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
lunes, 1 de diciembre de 2008
El Pacto de Punto Fijo
El Pacto de Punto fijo: 50 años después…
En estos tiempos de convulsión democrática que experimenta Venezuela, hay un conjunto de historiadores e investigadores - cuya reputación académica no pongo en duda- que manejan la tesis de la exaltación del Pacto de Punto Fijo como modelo político de convivencia democrática. Sobre esa tesis planteo algunos elementos que sirvan, desde la teoría política, para la discusión.
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/11/2008
En estos tiempos de convulsión democrática que experimenta Venezuela, hay un conjunto de historiadores e investigadores - cuya reputación académica no pongo en duda- que manejan la tesis de la exaltación del Pacto de Punto Fijo como modelo político de convivencia democrática. Sobre esa tesis planteo algunos elementos que sirvan, desde la teoría política, para la discusión.
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/11/2008
miércoles, 5 de noviembre de 2008
El Pacto de Punto Fijo
En estos tiempos de convulsión democrática que experimenta Venezuela, hay un conjunto de historiadores e investigadores - cuya reputación académica no pongo en duda- que manejan la tesis de la exaltación del Pacto de Punto Fijo como modelo político de convivencia democrática. Sobre esa tesis planteo algunos elementos que sirvan, desde la teoría política, para la discusión.
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
01/11/2008
jueves, 18 de septiembre de 2008
La situación socio- política en Venezuela
La situación socio- política en Venezuela (agosto- septiembre 2008)
Esta etapa en el gobierno de Chávez es de mucha complejidad. Por una parte, para el desarrollo mismo de la democracia en el país y por la otra para las fuerzas políticas y sociales que se mediran electoralmente. Para la democracia, por el hecho que la elección directa de los representantes a los cargos populares por parte del PSUV, coloca a la oposición en la disyuntiva de emular en lo inmediato esa acción. No hacerlo, refelejaría una resistencia a la profundización de la democracia y los sometería de nuevo a la volatilidad en la que se han visto inmersos para concretar las "candidaturas unitarias" en los diversos estados del país. El gran reto de la democracia en Venezuela, esta relacionado con la consolidación en este proceso de repolitización de la sociedad, discurriendo entre el resurgir de los partidos políticos o la maduración del carácter político de la sociedad organizada.
Por otra parte, las fuerzas políticas y sociales deben realizar una escogencia. Esa escogencia está marcada entre la coexistencia recíproca y tolerante, o la permanente confrontación con sus derivados violentos. La develación de un plan de desestabilización y magnicidio, más allá de las posiciones encontradas, señala que aun perviven sectores que no entienden que en democracia la imposición voluntaria electoral es una forma de resolución de conflictos. Tampoco se llega a comprender que esa imposición no debe significar sometimiento del "otro" que no resultó favorecido. Se trata de rearticular, de resemantizar la política, entendida como un hacer juntos entre diversos. Para ello es necesario, es obligatorio, restituir los cauces institucionales provistos tanto por las organizaciones políticas como por la misma actividad participante de los ciudadanos. Hacerlo, es darnos la oportunidad de entendernos en la diversidad.
Veo con preocupación, como hasta ahora se ha banalizado la campaña electoral. Es necesario debatir acerca de la oferta electoral de los candidatos. No se trata de afirmar como se ha hecho, que es el momento de salir de Chávez. Tampoco se trata de indicar que "vienen por Chávez después de noviembre". Debemos reflexionar sobre las implicaciones del modelo socio- político plasmado en la Constitución de la República, aprobada en 1999. Nos guste o no, es ese el Contrato Social vigente entre los venezolanos. No podemos tener una Constitución hecha a la medida del gusto o pareceres de cada uno de nosotros. La Constitución es una estructura normativa que refleja relaciones de poder y una dinámica socio- política moderna. Acogernos a ella es nuestra prioridad. podemos sí señalar o llamar la atención acerca de lo que puedan considerarse desviaciones en su aplicación. Para ello hay mecanismos jurídicos establecidos en ella. Es decir, hay salidas institucionales. Su existencia no justifica, bajo ninguna razón, intentos violentos de alteración del orden político. Las reglas del juego político son claras. Quizás se pueda estar descontento con su aplicación, pero siguen existiendo opciones para desenvolverse.La coyuntura crítica en la que nos encontramos señala algunos retos para el gobierno y la oposición.
Para el gobierno se trata de no perder buena parte del espacio político que han logrado ocupar en casi 10 años de ejercicio del poder. Esas 18 gobernaciones obtenidas no pueden mantenerse - hablando políticamente- es seguro que logren sostener su representación en 11 0 12 de esas gobernaciones como máximo. Ello seria una lección de gobierno para el chavismo, o algunos sectores de este, que no ha comprendido la necesidad de mantener la eficacia y eficiencia como condición sine qua non para la gobernabilidad. En el caso de la oposición, la situación es más compleja. No han logrado pasar del discurso "hay que salir de Chávez". La futilidad de sus planteamientos ha atentado contra sus posibilidades políticas. Sin embargo, han logrado construir una relación medianamente homógenea en torno a sus candidaturas, pero carente de una propuesta de acción política. Tienen que entender que es necesario construir una propuesta alternativa, no sólo para competir con el chavismo, si no para generar mayor democracia al ofrecer alternativas de poder.
A nivel internacional también es crítica la situación. La próxima elección de los EEUU, ha hecho que arrecie las acciones radicales hacia Venezuela. El candidato republicano, John McCain, como buen representante de los intereses norteamericanos tiene que satanizar - aun más- al gobierno de Chávez. Para ello ha escogido el tema narcotráfico y guerrilla. Sectores internos se han aliado a esta opción y no ven el peligro que representa dejar abierto esa compuerta al lobby de intereses de los EEUU. eso no significa que desconozcamos que existen vinculaciones en la Guardia nacional con el narcotráfico, pero esas mismas vinculaciones existen también entre sectores de seguridad en los propios EEUU y nadie las denuncia. El tema de trasfondo es la energía y la incomodidad de la política nacionalista de Chávez. La reducción de las reservas probadas de las trasnacionales petroleras y la confirmación de la magnitud de las reservas de Venezuela, vuelve la mirada hacia nuestro país. Geopolíticamente, la no alineación de Chávez y la réplica de su actitud en toda Latinoamérica, es peligrosa para los intereses de los EEUU y ello se traduce en una ansia de intervención que puede resultar muy peligrosa. Esa intervención no sería, tal como dice el chavismo, a través de una invasión. Más bien se trata de señalar a Venezuela como un Estado Forajido, figura del derecho internacional ligada a la violación de derechos humanos, convenios y regulaciones del derecho Público Internacional. Al declarar a nuestro país forajido, se abre la puerta para sanciones políticas, financieras y administrativas que serían terribles para el desarrollo económico del país. Por eso la campaña de acusaciones contra Venezuela y funcionarios de Estado, buscando establecer una asociación con el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo.
Acá, no se trata de apoyar a Chávez. Se trata de entender el trasfondo de la estrategia norteamericana para obtener control sobre las reservas estratégicas de petróleo. Sí se quiere ser duro con el chavismo, hay que insistir en que cumpla con el proyecto de estado vertido en la Constitución, sin caer en dogmatismo o extremismos. Por eso señalo que el momento que se experimenta es clave para el futuro de la democracia en nuestro país-
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Los retos del chavismo para el 2008
Los retos del chavismo para el 2008
No hay que tomar a la ligera los resultados electorales del pasado 2-D. Hemos afirmado que los casi 3 millones de votos de diferencia entre el 2006-2007, indican que el chavismo tiene una base electoral dura de cerca de 4.300.000 votos. Eso es una ventaja estratégica que debe ser usada como tal, pero al mismo tiempo debe generarse una profunda reflexión sobre la forma en que ha sido divulgado el contenido ideológico en torno al Socialismo del Siglo XXI.
Cuando Chávez triunfa el 06-D del 2006, inmediatamente afirma que quienes votaron por él lo hicieron por el socialismo. Comenzó un planteamiento muy general sobre la naturaleza de ese socialismo, sin que existiera por parte de los funcionarios del partido (MVR. PPT. PCV) o del Estado (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales) un debate epistemológico profundo que distanciara está propuesta de la natural asociación con el socialismo real soviético o cubano. Esa falla, tendría sus efectos contundentes en este ejercicio electoral.
Es este compromiso, de comenzar el debate ideológico con seriedad el primer reto para el chavismo. Cuando hablo de comenzar, es que considero que aparte de las alocuciones realizadas por el propio Chávez no ha existido un debate con seriedad hasta el momento. Ello conlleva revisar la estructura de funcionamiento del PSUV, desde la dinámica de nombramiento de la estructura como las funciones y formas de afiliación que ha adelantado. Esta debe ser una primera acción de carácter inmediato. No se explica como un partido que se ufana de tener cerca de 5.400.000 aspirantes a militantes inscritos, llega a obtener en un ejercicio electoral sólo 4.300.000. Sin duda, en sus filas hay más de 1 millón de inscritos por simple conveniencia o miedo a una nueva lista Tascón.
En una lectura fatua, se afirmaría que este comportamiento forma parte de la cultura política del venezolano. Es el típico comportamiento del que se “anota a ganador”. Sin embargo, a pesar de aceptar ese comportamiento cultural debo rechazarlo categóricamente. Un partido moderno – y eso pretende ser el PSUV- debe incidir en un proceso de formación ideológica y política que lleva su tiempo. Es cierto que hay un camino adelantado: la creciente politización ciudadana del venezolano en los años recientes, que han manifestado su decisión de movilizarse. Sin embargo, no debe confundirse ganas de movilizarse con preparación política. Movilizarse es un acto emotivo, producto muchas veces de la reproducción de una conducta o la emulación de comportamientos o acciones colectivas, pero cuando hablamos de preparación política se habla de coherencia organizativa, compromiso ideológico y responsabilidad institucional. Nada de eso se observó en el ejercicio electoral del 2-D, por lo menos de parte de las fuerzas chavistas.
El segundo reto, pasa por desarrollar una rearticulación de los marcos interpretativos que habían servido para movilizar a millones de ciudadanos desde 1998. Cuando se estudia el comportamiento electoral del chavismo, se observa que hubo un progresivo crecimiento a partir del año 2004, producto del “efecto misiones”. Ese efecto parece haber disminuido en su eficacia motivado a uno de los males del socialismo real: el burocratismo. Este es un subpunto del 2do reto: revisar la estructura de respuesta social y los marcos de movilización que impulsarón a las misiones y que parecen haberse “fosilizado” el 2-D.
En tercer lugar, el manejo que tuvieron los medios oficiales, los funcionarios distó de ser efectivo, en términos de reducción de la dispersión que pudiera causar la propaganda en contra. Se ha dicho que el bombardeo de los medios hizo daño, pero yo me pregunto: ¿ es que en algún momento ese bombardeo ha dejado de ser frecuente desde 1999? ¿ No será que la capacidad de respuesta en esta ocasión fue reducida a su mínima expresión?. De ser así, debe exigirse una responsabilidad en los órganos de propaganda política del chavismo.
En cuarto lugar, hay que rearticular la vinculación con los liderazgos regionales y locales. Buena parte de lo que paso, duélale al chavista más recalcitrante, tiene que ver con una natural reacción de no intervención de buena parte de los alcaldes, gobernadores y concejales, que vieron sus apetencias de continuidad reducidas a cero cuando sólo el comandante aseguró la reelección como propuesta constitucional. Hay ahí un ejercicio de crítica que el propio presidente debe asumir y restituir esos lazos que existen, pero se han visto afectados por las tendencias internas que subsisten.
En quinto lugar, hay que repensar el ritmo de la ejecución del partido único. Un proceso de construcción de una unidad revolucionaria no debe ser objeto de un “decreto”, debe ser producto de un proceso de maduración que acá no existió. La imposición del ritmo de construcción del partido, fue asfixiante y casi coactivo, y ello explica que la maquinaria electoral – que había sido efectiva antes- no funcionará como debía. En fin de cuentas, tal como lo entienden los chinos, la crisis representa dos cosas: un agotamiento pero también una oportunidad. El chavismo, experimentó un agotamiento de su caudal electoral – en este momento- pero tiene la oportunidad de recuperarlo, dependiendo de su capacidad de autocrítica y corrección. Veremos que ocurre.
Dr. Juan E, Romero
Historiador/profesor universitario
viernes, 5 de septiembre de 2008
Izquierda en América latina
Izquierda en América latina
¿Vieja y Nueva Izquierda en Latinoamérica?
El año 2006, fue muy movido: elecciones en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Venezuela, llamaron la atención del mundo. De todas ellas, surgió el planteamiento del surgimiento de una ola de gobiernos de izquierdas en toda la región. La pregunta obligatoria es: ¿ qué tanta coincidencia existe entre Lula, Bachellet, Correa, Evo Morales y Chávez?, ¿ comulgan todos con los mismos planteamientos?. La respuesta es un contundente no. Y no se trata, de reproducir el planteamiento de Teodoro Petkoff, en cuanto existe una izquierda borbónica y otra moderna. Se trata de entender, que las interpretaciones y el contexto socio-histórico es muy diverso en cada uno de esos espacios.
El caso emblemático es Brasil y su presidente Lula da Silva. La composición multiétnica, compleja y conflictiva de la sociedad brasileña, donde perviven rasgos de segregación muy fuerte, de exclusión social y sociocentrismo, es un factor que incide en la interpretación que hace Lula de las ideas derivadas del planteamiento de Marx, Lenín y Stalín. Otro elemento, es que la economía del gigante del Sur, ha alcanzado unos niveles altísimos. El crecimiento del PIB de Brasil entre 2004-2005-2006 fue de 4.9, 2.3 y 4 respectivamente, que sin duda es significativo y permite entender la colocación de ese país entre las ocho (8) economías más sólidas del mundo. Ese crecimiento hace que la idea de socialismo, y el papel que Lula les asigna a los partidos de izquierda, particularmente al Partido de los Trabajadores (PT) sea completamente diferente. De hecho, en la campaña de Brasil, una de sus principales críticas surgió de una militante del PT.
Para Brasil, hablar de socialismo, del papel de la izquierda se hace muy difícil, por cuanto el planteamiento teórico que esbozan no afecta en nada la estructura del estado nacional, en lo que respecta a la explotación del trabajo y la generación de ganancias. Para Lula, avanzar en torno a los postulados de Marx, en lo que tiene que ver con la modificación de las contradicciones del Estado Nacional Burgués no es posible, por el contexto del desarrollo de las fuerzas económicas.
Los casos de Ecuador y Bolivia, son diferentes. Sí bien ambos países tienen sociedades muy complejas, en lo relativo a la multietnicidad, a las condiciones de pobreza, los desequilibrios en la distribución de la riqueza y el impacto de las compañías trasnacionales, sus democracias entran en el marco de las denominadas "democracias étnicas", que no son más que procesos de ascenso de movimientos sociales indígenas de reconocimiento de sus derechos socio-políticos y de un empoderamiento ciudadano generalizado. Rafael Correa y Evo Morales, no tienen las posibilidades de crecimiento económico y prosperidad de Brasil.
La economía de Ecuador, entre el 2004,2005, 2006 y 2007, experimentó un PIB de 7.6, 3.9, 3 y 2.5 %, respectivamente; cifras nada halagadoras. Esas variaciones en el desarrollo económico, la presión de un ciclo de protestas que en ese país le ha costado la presidencia a diversos gobernantes (Bucaram, entre otros), son propicias para avanzar en una propuesta de construcción del socialismo, que ataque esencialmente las formas de distribución mediante la mediación del estado, como gran protector del capital privada.
Para
El caso de Venezuela, es también emblemático. Cuando Chávez llega al poder en 1998, la economía venezolana viene de un constante deterioro, con variaciones en el PIB muy significativas. Desde 2004, el PIB de Venezuela, ha pasado de 17.9% en ese año, a 9.3 % en 2005, 7 en 2006 y un nada mal 4.5% proyectado para el 2007 (Datos del Informe de
En ese contexto, Chávez lanza en el 2007, una propuesta de avance en torno al Socialismo del Siglo XXI, mediante una Ley Habilitante, que incluya emisión de un conjunto de leyes claves (Educación, Hidrocarburos, Economía, Fuerzas Armadas, Ley de División Territorial, entre otras) en la modificación de las condiciones del Estado.En el caso de Chile, el papel que tienen las fuerzas sociales afianzadas en el poder económico y político durante la dictadura de Pinochet, conjuntamente con las propias condiciones del acuerdo de la concertación que llevaron al poder a Bachellet, la llevan a proponer un socialismo más cercano a un modelo socialdemócrata que a otra propuesta. En definitiva, al contrario de lo señalado por algunos analistas, las diferencias en las condiciones socio-históricas en Latinoamérica, sólo generan un punto en común: el retroceso de las fuerzas ligadas al (neo)liberalismo, en los sistemas políticos en estas sociedades. De resto, las posibilidades de coincidencias en lo que respecta al modelo socialista aun están muy lejos, falta ver el alcance de las reformas o cambios en la estructura y el papel de esos Estados nacionales y su papel en el contexto económico mundial.
Dr. Juan E. Romero
Historiador/Profesor LUZ
1/2/2007
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