Es un espacio dedicado a la reflexión acerca del proceso histórico y político venezolano desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Pretendemos ser un espacio de discusión académica sin las desviaciones ni alteraciones del momento político, esto hecho desde una perspectiva multidisciplinaria
jueves, 29 de marzo de 2012
jueves, 6 de mayo de 2010
MEDIDAS ECONÓMICAS Y PROSPECTIVA ELECTORAL
Recientemente, en esta misma columna, señalamos que el PSUV tiene la ventaja de contar con el liderazgo personal de Chávez, que fácilmente se confronta con los muy dispersos y epilépticos personajes de la oposición. Todos los estudios de consultoras de opinión pública como Datanálisis, Consultores 21, IVAD, entre otras ratifican la preponderancia del liderazgo de Chávez sobre cualquier otro de la oposición, llámese Ledezma, Borges, Capriles Radosky, Pérez Viva y otros. La situación se torna más difícil cuando se mide la intención de voto según preferencia partidista, en ese caso el PSUV reúne una preferencia que circunda el 36% mientras que el resto de los partidos de oposición llegan – todos juntos- a un pírrico 9,5%. Eso, aunado a la especial división de las circunscripciones – que discute el CNE- le otorga una ventaja adicional al PSUV. Sin embargo, no todo es cálculo fácil para el partido de gobierno.
El ajuste económico anunciado este viernes pasado- que se ha dado en llamar el Viernes Rojo- tiene varias aristas. La 1era, es el enorme peso del gasto público y los programas sociales. El gasto social del ejecutivo nacional, paso a representar un 7,8% del PIB para 1998 a más de un 13,1% en 2007. Entre 2008 y 2009, la dinámica de incremento de gasto público se mantuvo, pero con un impacto negativo generado por la caída en los precios del petróleo a finales del último trimestre de 2008 y el 1er trimestre de 2009, que llevo a una reducción del precio del barril de petróleo de más de 100 US$ a menos de 40 US$. Dada la naturaleza del sistema económico venezolano, que depende de la conversión en bolívares de los ingresos por concepto de venta de petróleo, una reducción de los ingresos compromete seriamente la permanencia de los programas sociales. En esta óptica, la subvención que mantenía el Estado, al sostener la relación dólar/bolívar en 2,15 BsF se traducía en una pérdida de recursos que pudieran ser destinados a la inversión social. Adicionalmente, el mantener esa subvención se ha traducido en una paralización del aparato productivo, como consecuencia de la natural tendencia parasitaria del sector industrial venezolano, que ante esa acción del Estado ha optado por incrementar la importación en vez de invertir en producir nacionalmente. En este punto, debemos ser conscientes y señalar la indudable complicidad de algunos sectores corruptos en el gobierno nacional, que han otorgado dólares para incentivar la importación y con ello, hemos aumentado la dependencia del exterior.
Hay una 2da arista, y es el tema de la inflación. El costo de estas medidas sobre el índice de precios al consumidor (IPC) sigue siendo un tema álgido. La inflación acumulada de los últimos tres años (2007-2008-2009) 22,5%, 30,9% y 25,1%, que da un total de 78,5%, ha afectado consistentemente los ingresos de los venezolanos, sobre todo lo relacionado con el ingreso mínimo que bien se sabe ha sido esbozado como un logro del gobierno nacional, al elevarlo sustancialmente en los últimos años. Los economistas coinciden en afirmar que todo proceso de devaluación genera una espiral inflacionaria, en el caso nuestro todo dependerá del accionar del INDEPABIS y su desenvolvimiento para evitar un excesivo encarecimiento de los precios. Sea como sea, el punto central deviene del hecho de cómo se administra el manejo público de estas medidas, más aun cuando este es un año electoral. Por una parte, el cálculo del gobierno nacional es que con este ajuste monetario en la paridad dólar/bolívar el gobierno central recibirá, a través de la conversión de los dólares provenientes de la venta de petróleo, más bolívares fuertes que serán destinados al mantenimiento del gasto social. En esta acción hay un riesgo calculado, que es el efecto inflacionario que piensa ser comedido a través de las instituciones del Estado, pero esencialmente con la ampliación del gasto del sector público, destinado a atender a los sectores D y E, que electoralmente son claves.
Para el gobierno de Chávez, se trata por lo tanto, de adelantar una política de gasto público que permita mantener la inversión social en esos estratos, que precisamente son los que han facilitado su éxito electoral. Por su parte, la oposición se encuentra con una oportunidad dada por la devaluación, pero tienen la debilidad de no contar con una agenda de proposiciones que se presenten como alternativa a la agenda política, esa debilidad puede ser un elemento adicional en las posibilidades de éxito o fracaso de sus candidatos, en las próximas elecciones legislativas. Como sea, la oportunidad política que tiene la oposición parece perderse en una interminable crítica sin proposiciones, en este caso seguiremos con la hegemonía del PSUV y Chávez. Finalmente, el chavismo mantiene el reto de estructurar una política pública eficaz y libre de señalamientos de corrupción y lentitud burocrática, de no hacer la superioridad política puede ser puesta en entredicho en cualquier momento.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
12/01/2010
lunes, 2 de marzo de 2009
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
viernes, 6 de febrero de 2009
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
miércoles, 21 de enero de 2009
Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
sábado, 10 de enero de 2009
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENMIENDA
La propuesta de Enmienda Constitucional ha desatado de nuevo los demonios de la beligerancia política. Consideramos que es un nuevo acto de provocación del presidente, destinado a causar revuelo y alteración en quienes se le oponen. Una lectura fácil de la propuesta puede considerar que es una muestra de ambición personal de Chávez, en un intento de perpetuarse en el poder. Sin embargo, creo que las consideraciones deben ir más allá de este análisis fútil.
La mayoría de las organizaciones que se oponen a Chávez y que se articularon en estas elecciones del 23-N, han manifestado el argumento que la propuesta de enmienda es inconstitucional, debido al hecho que estaba implícita en el conjunto de modificaciones sugeridas en el fallido proceso del 2-D de 2007. No obstante, estas consideraciones de tipo jurídico constitucional, debe plantearse que la propuesta de Reforma provino o surgió de la iniciativa presidencial y que en este momento no es el presidente quién la presenta. En sentido estricto, la propuesta de modificación del período presidencial sí bien fue derrotada en el 2007, puede ser presentada de nuevo por otros actores, en este caso la Asamblea Nacional a través de la iniciativa del 30% de sus miembros. Ahora bien, esta iniciativa de Chávez es una derivación lógica de los resultados electorales del 23-N. El hecho que el conjunto de fuerzas agrupadas en el PSUV tenga una ventaja electoral de más de 1.600.000 votos sobre la oposición ( 5.800.000 sobre 4.200.000) le da al presidente una ventaja logística y numérica que pretende ser aprovechada en esta coyuntura.
Para la oposición se trata de construir una matriz de opinión que haga hincapié en las apetencias de perpetuarse en el poder de Chávez. Para las fuerzas que apoyan a Chávez se trata de reconocer que no existe chavismo sin Chávez. Las derrotas de Diosdado Cabello en Miranda, son una muestra contundente y sutil del castigo de las bases del chavismo a quienes se manejan en la tesis del chavismo sin Chávez. Hay otro factor que considerar en la propuesta de enmienda y es que tácitamente se está reconociendo que no hay un liderazgo más allá de la figura carismática del presidente. Una de las mayores consecuencias del 2-D de 2007 es que se habían desatado los demonios de la ambición personal en torno a la figura que pudiera heredar el liderazgo político de Chávez. La propuesta de enmienda asume los temores de Chávez de una desarticulación de los movimientos sociales que lo apoyan ante una eventual salida de él de la presidencia.
La enmienda es una oportunidad política para elevar o generar una especie de plebiscito que se base en la popularidad de Chávez, que como todos sabemos se encuentra por encima del 65% en relación con cualquier otro liderazgo político. Al personalizar esta enmienda y seguramente será así, se busca movilizar al mayor conjunto de población y eso es vital para la consolidación política del PSUV y con ella la consolidación de la hegemonía política de Chávez. La oposición se arriesga a un proceso de acorralamiento y disminución de su caudal electoral, que pueda llevarla a optar – tal como lo hizo en el período 2001-2004- por la vía violenta. No creo que la decisión de Chávez de utilizar la estructura de la Asamblea Nacional para adelantar la enmienda le dé tiempo a la oposición de construir una matriz sólida de oposición. Hay que recordar que en este momento la situación se presenta distinta a la de la reforma constitucional de 2007. En ese momento la oposición tuvo desde enero de 2007 cuando anuncio la propuesta hasta diciembre cuando se votó, para articular una estrategia efectiva para contener la propuesta. En este momento, la posibilidad que la Asamblea apruebe la enmienda a finales de enero, coloca la fecha de realización de la consulta a más tardar la 1era semana de marzo, eso significa que la oposición tendrá menos de dos (2) meses para articularse y crear una propuesta de comunicación política tendiente a minimizar las pretensiones del chavismo.
Todo parece señalar que la ventaja electoral obtenida por Chávez el 23-N puede imponerse y elevarse. Hay que recordar que entre los procesos electorales de 2006 a este de 2008, el chavismo pasó de 7.300.000 votos en las presidenciales de 2006, a 4.200.000 el 2-D de 2007 a obtener 5.800.000 el 23-N. Es decir, todavía tiene Chávez un total de1.500.000 votantes que gravitan en el puente de la abstención y que se convierten – lógicamente- en su objetivo político en este momento. La oposición no ha logrado aumentar su caudal electoral y en mi parecer dejo pasar el momento político de la victoria de 2007 y será sometida a la acción articulada de la maquinaria del PSUV que demostró su efectividad y movilidad. Como siempre, el panorama político se muestra y rico y diverso, lo seguiremos con mucha atención.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
07/12/2008
lunes, 1 de diciembre de 2008
El Pacto de Punto Fijo
En estos tiempos de convulsión democrática que experimenta Venezuela, hay un conjunto de historiadores e investigadores - cuya reputación académica no pongo en duda- que manejan la tesis de la exaltación del Pacto de Punto Fijo como modelo político de convivencia democrática. Sobre esa tesis planteo algunos elementos que sirvan, desde la teoría política, para la discusión.
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
01/11/2008
Elecciones regionales en Venezuela
Pasado el temporal de insultos y acusaciones mutuas entre oposición y gobierno, le corresponde al análisis serio de los resultados. Lamentablemente, existe una limitante determinada por la no disponibilidad de todos los resultados. Cómo bien es sabido, esta elección era esencial para el sistema político venezolano. Se trataba de definir el rumbo del comportamiento político y de las fuerzas partidistas. Los resultados señalan una 1era lección: la campaña se basó en el personalismo político, entendido como la identificación extrema de los candidatos regionales y locales con el liderazgo nacional. Chávez y Rosales hicieron uso de su liderazgo para impulsar lo que conocemos como “efecto portaviones”. Es decir, el apoyo a quienes ellos les levantaran la mano. Eso tuvo su efecto, que se manifestó en la masiva concurrencia. Ningún proceso de elección regional o municipal había tenido una participación tan alta: 65,45%.
Hay una 2da lección: el sistema electoral venezolano es confiable y el más moderno del mundo. La casi total automatización del proceso, la rapidez con la que se conocieron los resultados, el apego y aceptación del mismo por parte de los actores concurrentes es una muestra de institucionalidad, que acaba con el mito construido desde la oposición de la escasa identidad moral y ética de los árbitros electorales. Sin lugar a dudas, quedo fortalecida la capacidad del sistema institucional y por lo tanto de la democracia misma.
En 3er lugar, el mito del autoritarismo de Chávez y su escaso talante democrático fue seriamente golpeado. Cuando Chávez salió reconociendo el triunfo de la oposición en dos (2) estados claves para él: Zulia y Carabobo, demostró que es capaz de aceptar los cambios expresados en el voto. Ya había dado un 1er atisbo en diciembre de 2007, pero que había sido puesto en duda por la oposición política.
En 4to lugar, los resultados arrojan múltiples lecturas. Una muy básica y fútil, representada por un análisis numérico absoluto de los resultados. Basado en el número de gobernaciones que cada sector político controla. En esa óptica el Gobierno tiene 17 gobernaciones y la oposición 5. Este tipo de análisis deja de considerar las especificidades del comportamiento electoral. Debemos decir que la pérdida – reiterada- del Zulia y la derrota en Miranda, representa una disminución absoluta desde el punto de vista del total de electores, pues esos estados representan un total de casi el 30% del total de los inscritos en el registro electoral permanente (REP); pero más allá de eso son estados estratégicos por su propia condición. El Zulia, es una entidad fronteriza, fuente de los principales recursos económicos, incluyendo el petróleo; demasiado cerca de la conflictiva Colombia y clave en su condición geopolítica. Miranda, es asiento de un conjunto poblacional y productivo de enorme significación para el Gobierno. Táchira, la otra entidad ganada por la oposición, es un espacio fronterizo que se comunica con Zulia, por lo tanto estamos hablando que del total de la frontera con Colombia (2218 Km) casi la mitad (850 Km) pasan a manos de opositores a la política internacional de Chávez. Las otras entidades, Nueva Esparta y Carabobo tienen un significado geopolítico. En el caso del 1ero de ellos, es un punto de conexión con el Caribe y el Atlántico, el 2do es una base de desarrollo industrial de valor económico. Falta ver, cuanto representa en caudal de votos esa elección. Sí el chavismo con el conjunto de 17 gobernaciones logró elevar el número efectivo de votos que obtuvo en el refrendo constitucional de 2007 (4.200.000) se puede afirmar que se consolida el sistema político venezolano como un sistema de partido dominante.
Un 5to elemento a considerar, es el hecho que el triunfo de Capriles en Miranda, coloca el liderazgo de Primero Justicia (PJ) en igualdad numérica con las fuerzas de Un Nuevo Tiempo (UNT), eso significaría que la lucha por la representación política para las próximas elecciones de legisladores nacionales (2010) será encarnizada, así como la definición de la candidatura electoral para la oposición a Chávez.
En 6to lugar, la situación en el Zulia y en general en toda Venezuela, debe generar una discusión de la efectividad de la personalización política, pues los liderazgos de Chávez y Rosales no salieron totalmente fortalecidos. Me explico, en el caso de Chávez al perder – pese a su presencia constante en el Zulia- se debe producir una revisión de la estructura de funcionamiento del PSUV. No es posible que una organización que diga tener 850.000 militantes en el estado obtenga un resultado así. El chavismo debería pedirle cuentas a Arias Cárdenas y Lina Ron- responsables de supervisar el proceso de inscritos en el PSUV-Zulia- acerca de quienes están y qué hicieron. Para Rosales, la pérdida de alcaldías por disputas internas, deja mucho que decir de su capacidad de organización. En definitiva, una gran lección es la confiabilidad del sistema electoral y las perspectivas de coexistencia pacífica entre los actores. Ya veremos¡¡
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
24/11/2008
miércoles, 5 de noviembre de 2008
AMÉRICA LATINA ANTE EL TRIUNFO DE BARAK OBAMA
Las elecciones del 04 de noviembre en EEUU derivaron en un resultado esperado: el triunfo de Barak Obama. Son muchas las expectativas que crea este acontecimiento político no sólo en los EEUU. Para los norteamericanos el 1er elemento evidente es el hecho de ser presidente un miembro de la minoría étnica más significativa, los afroamericanos. Obama rescata parte de los planteamientos políticos de dos de las fuerzas sociales más importantes en EEUU en la 2da mitad del siglo XX: el movimiento de derechos humanos de Martín Luther King y el movimiento de auto reconocimiento étnico de Malcom X. Ambos movimientos y sus líderes fueron reprimidos con rudeza y desaparecidos – o mejor dicho asesinados- sus mentores.
Obama ha utilizado – retóricamente- algunos de los planteamientos esbozados en la década de los 50 y 60 del pasado siglo XX por parte de estos movimientos sociales; pero les ha adicionado una propuesta refrescante de la política norteamericana más allá del señalamiento de la llamada cowboys politics (la política del vaquero), que sostiene la hipótesis de la agresividad wasp (blancos, anglosajones y protestantes en inglés) ante otros factores sociales que componen la sociedad norteamericana. El reto de Obama se manifestará en el comportamiento que asuma ante el stablisment y las relaciones de poder con la estructura económica y militar. Asimismo debe afrontar la recuperación de la economía norteamericana, luego de una desastrosa administración republicana que ha comprometido no sólo los intereses económicos de los EEUU sino del mundo capitalista.
Particularmente no tengo muchas expectativas de cambio en la política hacia América Latina. Lo que sí creo es que el fin de la política guerrerista puede abrir espacios al diálogo directo y a un redescubrir de los EEUU de sus vecinos más cercanos; más aun cuando la estrategia política de la administración Bush se tradujo en un progresivo desplazamiento de las fuerzas más conservadoras en las democracias en América Latina. El nuevo impulso de la izquierda, desde la más radical representada por Chávez hasta la más moderada ejemplificada en las actitudes de Lula y Bachelet, son una muestra del retroceso de la idea de democracia y el planteamiento de la reducción del Estado de Bienestar en el contexto actual. Obama deberá articular un nuevo tipo de relación que maneje el problema real del fin de la Doctrina Monroe, que ha significado la disminución de la presencia y la incidencia de los EEUU en el continente. A esa preocupación, habrá que adicionarle la mayor presencia – económica y geoestratégica- de Europa, particularmente Rusia, España y Francia en inversiones, apoyo y asesoría a gobiernos del área; eso sin contar la circunstancia que el “gigante dormido” –China- ha demostrado su interés en una mayor presencia en Latinoamérica.
Para Latinoamérica, Obama deberá asumir dos retos inmediatos: 1) la transición hacia una mejor relación con sistemas políticos y países ideológicamente distantes de los EEUU (Cuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela) y 2) recuperar los espacios perdidos como factor de poder hegemónico. Lo primero, demostrará que tan tolerante y efectiva puede ser su política de acercamiento para con esos países y gobiernos, aunado al efecto que pueda tener ese acercamiento con los factores de poder internos. Lo segundo, puede significar que se resemantiza el papel y las formas de tratamiento que adquiere el Departamento de Estado y los cuerpos de seguridad e inteligencia de los EEUU. Esto último tiene sus riesgos: para el stablisment puede entenderse esa acción como un peligro para los intereses del coloso del norte y pudiera presentarse una situación de inestabilidad y confabulación política, tales como las que sufrió John F. Kennedy en la década de los 60 y que terminó con su asesinato.
La posibilidad de un trato directo con personajes como Raúl Castro o el propio presidente Chávez quedan abiertos, sí tomamos como ciertas las aseveraciones formuladas por Obama en la campaña. Una visita a Cuba o Venezuela como parte de una agenda inicial puede constituir una sorpresa para el estilo diplomático de los EEUU y puede servir de base para contextualizar una relación menos conflictiva. Lo que afirmamos es que no creemos, ni confiamos en que la subida al poder de Obama signifique un cambio radical ni de la política, ni los intereses de EEUU en la zona; puede significar un trato menos confrontacional y más directo pero jamás de mayor coincidencia entre las posturas nacionalistas de los Presidentes Latinoamericanos y los propios planteamientos provenientes de los EEUU.
Finalmente, el triunfo de Obama puede traducirse en un rescate de lo político como ejercicio de virtud cívica y de reconocimiento de la diferencia. El hecho que el propio Obama sea asumido como una representación de minorías tradicionalmente maltratadas es una esperanza que debe ser considerada. Ya veremos lo que sucede, cómo sea se abre una compuerta de análisis y expectativas muy significativas para la interpretación política de la realidad.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
05/11/2008
Juane1208@gmail.com
El Pacto de Punto Fijo
En 1er lugar, el Pacto es un instrumento que se plantea en términos de una antropología de poder, es decir como un mecanismo a través del cual los factores asociados a la representación social del poder (grupos económicos, actores políticos, medios, fuerzas armadas) se aseguran una relación pura-coincidencia con la que preservan sus intereses y evitan al máximo la confrontación. Desde esta óptica no hay duda de la ubicación del Pacto de Punto Fijo en la búsqueda de asegurar la convivencia entre factores de poder que lo anhelaban desde el año 1941 cuando se crea Acción Democrática (AD). En 2do lugar, sí aceptamos que el pacto es un esfuerzo democrático por qué se produce la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se alega que tarde o temprano el PCV atentaría contra la propia democracia. Evidentemente, las resoluciones del Comité Central del PCV así lo demostraron, pero muy posterior a la fecha en que se firmó el Pacto.. Sin duda, las circunstancias generadas e impulsadas por las ambiciones de poder de Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera hacían imposibles unas relaciones pacíficas con los “pacos” o comunistas como eran denominados por Betancourt.
Históricamente, las posiciones y acciones del PCV generó un distanciamiento teórico y político con las propuestas de acción de quienes serían los líderes de URD, AD y COPEI. Se trata de un ejercicio de historia crítica que debe generar un análisis más allá de los lugares comunes. Sí pensamos que la dinámica de provocación que impulsó Rómulo Betancourt para evitar un candidato de unidad en las 1eras elecciones libres después del derrocamiento de Pérez Jiménez, nos encontraremos que esas maniobras impulsaron el aislamiento del PCV y estos cayeron en la provocación de Rómulo, tal como cayeron en la provocación de Chávez los trabajadores de PDVSA y los militares de la Plaza Altamira. No debemos olvidar que los actos de provocación buscan generar en el otro una reacción mayor que impulse o incremente la conflictividad. En este sentido, las acciones de aislamiento del PCV fueron efectivas y la forma del Pacto asumió una representación profundamente excluyente en nombre de la libertad.
En 3er lugar, la instrumentación del Pacto, asume la idea de la democracia liberal, en el sentido que se otorga el derecho al voto pero no el derecho de acceso a la representación directa. Es decir, se reconoce la universalización del voto, pero no la universalización de la participación en la estructura de poder público. Los representantes deben actuar a favor de los representados. Estos últimos quedan fuera del juego político y subsumidos a sus intereses, que se asumen deben ser manifestados no directamente por los propios representados, si no por sus representantes. Este modelo es clásicamente liberal y contrapuesto con mecanismos de democracia directa que después han sido plasmados constitucionalmente.
Cuando este conjunto de historiadores, a quienes respeto, pero adverso académicamente, se dedican a relanzar las “glorias de Punto Fijo”, no hacen más que adelantar una estrategia de relegitimación de un discurso y una práctica política que ya está en desuso. La base de la discusión democrática no es la construcción del consenso, como se planteaba en las tesis políticas de los años 50 y 60, se trata hoy del manejo de la diferencia y el disenso, y ello pasa por aceptar su propia existencia. Asumir como se hace que la naturaleza humana se basa en el acuerdo es ir en contra corriente. Lo natural, lo obvio es la diferencia. Debemos aprender a vivir con ella. Por eso mecanismos como los derivados del Pacto de Punto Fijo son – o fueron- una anomalía histórica que hoy resulta imposible reconstruir. Es imposible, pues los niveles de militancia política no son los mismos. Las estructuras políticas que le dieron origen – AD, COPEI y URD- eran muy activas en ese entonces; hoy no lo son. Los nuevos partidos UNT, Primero Justicias y otros no tienen esa capacidad. Por otra parte, las condiciones de burocratismo y clientelismo que facilitaron su pervivencia, hoy no son posibles de aplicar y con ello queda desechada la convivencia pacífica basada en la explotación de la renta petrolera.
El balance no es totalmente positivo después de 50 años. El Pacto remitió o más bien sumió a la sociedad civil en un letargo y adormecimiento que costó muchísimo, hablando desde la lógica de la participación. El pacto no permitió la profundización de la democracia, como hacer juntos entre diversos y retraso el proceso de reconocimiento social de los excluidos. El Pacto facilitó un proceso de cooptación y corporativismo que impulso un enorme daño en el funcionamiento socio-político venezolano. Por ello creo que sólo en un punto tienen razón esos historiadores que impulsan la exaltación del Pacto de Punto Fijo: en que debe ser cuidadosamente revisado sus consecuencias. El Pacto arrojó una mácula de perversión sobre la clase política que aun hoy observamos, en eso debemos ser contundentes. Intentar exaltarlo es retrotraernos al pasado, y eso es ahistórico.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
01/11/2008
jueves, 18 de septiembre de 2008
La situación socio- política en Venezuela
miércoles, 10 de septiembre de 2008
LAS 3 ERRES DE CHÁVEZ
LAS 3 ERRES DE CHÁVEZ
El anuncio que hizo Chávez en el Aló presidente del domingo 06 de enero, debe ser visto con una lectura múltiple. En primer lugar, es el resultado de los efectos de la primera derrota política contundente que ha sufrido, desde que llegó al poder en diciembre de 1998. El rechazo manifestado al proyecto de Reforma Constitucional refleja como buena parte de los más de 7 millones de votos que obtuvo en diciembre de 2006, mostraron actitudes muy conservadoras en torno a los denominados valores socialistas.
En segundo lugar, el anuncio responde a la necesidad de reposicionar las fuerzas políticas que lo han apoyado en estos casi 10 años de gestión. La propia dinámica socio- política que ha implementado, sobre todo a partir de la relegitimación de los poderes efectuadas en julio del año
En tercer lugar, Chávez está haciendo una lectura sui generis de los planteamientos de Antonio Gramsci sobre la construcción de un bloque histórico. Esta construcción implica unas alianzas de clases, en un sentido amplio, de forma tal que logre el convencimiento de sectores heterogéneos de la sociedad venezolana en torno a un compromiso con el proyecto de país. Este proceso tiene sus riesgos. Sí, no viene acompañada esta nueva etapa por una profundización del debate ideológico, que a decir verdad, ha estado ausente en lo interno del chavismo, se puede derivar en un proceso de endulcoramiento ideológico que produzca una migración de la preferencia electoral que hasta ahora había capitalizado Chávez.
No hay duda, que el planteamiento en torno a la revisión, la rectificación y el reimpulso (las 3 erres) establecido por Chávez busca la consolidación del chavismo como un factor hegemónico. Chávez en la etapa 1999-2006 completó el proceso de desplazamiento de los factores políticos opuestos a su oferta electoral, pero el crecimiento aritmético que experimentó en el lapso 2000-2006 se vio estancado en esta aventura política de la reforma. El mismo presidente comentó la falsa percepción que tuvo del momento, o más bien de la oportunidad política para lanzar el ajuste ideológico hacia el socialismo del siglo XXI. Creo que sí pretende avanzar en este debate ideológico un buen comienzo seria la adecuada discusión acerca de las particularidades del planteamiento. Los recién conformados batallones electorales – las antiguas unidades de batalla electoral (ube)- deben empezar por generar una discusión profunda de las bases del pensamiento clásico marxista. Aplicando las tesis de Gramsci, el PSUV que es más un partido de masas que de cuadros, debe ser capaz de motorizar la conformación de un bloque histórico que incluya otros sectores, no necesariamente comprometidos en esta etapa de debate, pero que sí puedan compartir ciertos valores definitorios de esa idea de socialismo a la venezolana, marcada por la solidaridad, el compromiso ético y la eficiencia.
La revisión pasa por los mecanismos institucionales de desarrollo político. Una de las lecciones del 2-D es que la maquinaria burocrática del chavismo hizo mucho daño, en cuanto su estancamiento al momento de generar respuestas políticas. En este sentido, revisión y rectificación están acompañados, pues la otra lección del 2-D es que hay cerca de 3 millones de votantes del chavismo que son susceptibles de migrar hacia donde mejor sople el viento, y evitarlo – para el chavismo- pasa por mantener las expectativas de mejora en la calidad de vida de los venezolanos y no hay duda, que el actual estado de inercia del aparato burocrático no ayuda a esto.
De nada vale mantener un crecimiento económico sostenido, sí esté no viene acompañado por la eficacia al momento de la administración. El reimpulso estará marcado entonces por el establecimiento de una práctica ideológica que acompañe el tan anunciado proceso de cambio y eso se traduce en manejos más pulcros en la resolución de las necesidades del ciudadano promedio. Las 3 erres, se traducen en una oportunidad para retormar el proceso de consolidación de las expectativas que le han permitido capitalizar las preferencias del voto del elector. No avanzar en el fortalecimiento organizacional en el transcurso de este año, puede traducirse en una posibilidad de derrota política en las elecciones para alcaldes y gobernadores. No hay duda, que la situación del chavismo es difícil pues tiene que lidiar con dos dinámicas paralelas: la organización de sus fuerzas en torno al PSUV y el compromiso de actuar eficazmente ante las necesidades de sus electores y adeptos políticos, todo es un espacio muy corto de maniobra política que comienza ya y termina con las elecciones. La oportunidad es clara, pero el riesgo si no se asume con seriedad el debate es mucho.
Sí Chávez desarrolla la tesis de Gramsci de construcción de un Bloque Histórico, asegura su hegemonía más allá del 2012, de lo contrario puede acelerar la migración de un voto que demostró el 2-D no estar comprometido ideológicamente con sus propuestas.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Los retos del chavismo para el 2008
Los retos del chavismo para el 2008
No hay que tomar a la ligera los resultados electorales del pasado 2-D. Hemos afirmado que los casi 3 millones de votos de diferencia entre el 2006-2007, indican que el chavismo tiene una base electoral dura de cerca de 4.300.000 votos. Eso es una ventaja estratégica que debe ser usada como tal, pero al mismo tiempo debe generarse una profunda reflexión sobre la forma en que ha sido divulgado el contenido ideológico en torno al Socialismo del Siglo XXI.
Cuando Chávez triunfa el 06-D del 2006, inmediatamente afirma que quienes votaron por él lo hicieron por el socialismo. Comenzó un planteamiento muy general sobre la naturaleza de ese socialismo, sin que existiera por parte de los funcionarios del partido (MVR. PPT. PCV) o del Estado (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales) un debate epistemológico profundo que distanciara está propuesta de la natural asociación con el socialismo real soviético o cubano. Esa falla, tendría sus efectos contundentes en este ejercicio electoral.
Es este compromiso, de comenzar el debate ideológico con seriedad el primer reto para el chavismo. Cuando hablo de comenzar, es que considero que aparte de las alocuciones realizadas por el propio Chávez no ha existido un debate con seriedad hasta el momento. Ello conlleva revisar la estructura de funcionamiento del PSUV, desde la dinámica de nombramiento de la estructura como las funciones y formas de afiliación que ha adelantado. Esta debe ser una primera acción de carácter inmediato. No se explica como un partido que se ufana de tener cerca de 5.400.000 aspirantes a militantes inscritos, llega a obtener en un ejercicio electoral sólo 4.300.000. Sin duda, en sus filas hay más de 1 millón de inscritos por simple conveniencia o miedo a una nueva lista Tascón.
En una lectura fatua, se afirmaría que este comportamiento forma parte de la cultura política del venezolano. Es el típico comportamiento del que se “anota a ganador”. Sin embargo, a pesar de aceptar ese comportamiento cultural debo rechazarlo categóricamente. Un partido moderno – y eso pretende ser el PSUV- debe incidir en un proceso de formación ideológica y política que lleva su tiempo. Es cierto que hay un camino adelantado: la creciente politización ciudadana del venezolano en los años recientes, que han manifestado su decisión de movilizarse. Sin embargo, no debe confundirse ganas de movilizarse con preparación política. Movilizarse es un acto emotivo, producto muchas veces de la reproducción de una conducta o la emulación de comportamientos o acciones colectivas, pero cuando hablamos de preparación política se habla de coherencia organizativa, compromiso ideológico y responsabilidad institucional. Nada de eso se observó en el ejercicio electoral del 2-D, por lo menos de parte de las fuerzas chavistas.
El segundo reto, pasa por desarrollar una rearticulación de los marcos interpretativos que habían servido para movilizar a millones de ciudadanos desde 1998. Cuando se estudia el comportamiento electoral del chavismo, se observa que hubo un progresivo crecimiento a partir del año 2004, producto del “efecto misiones”. Ese efecto parece haber disminuido en su eficacia motivado a uno de los males del socialismo real: el burocratismo. Este es un subpunto del 2do reto: revisar la estructura de respuesta social y los marcos de movilización que impulsarón a las misiones y que parecen haberse “fosilizado” el 2-D.
En tercer lugar, el manejo que tuvieron los medios oficiales, los funcionarios distó de ser efectivo, en términos de reducción de la dispersión que pudiera causar la propaganda en contra. Se ha dicho que el bombardeo de los medios hizo daño, pero yo me pregunto: ¿ es que en algún momento ese bombardeo ha dejado de ser frecuente desde 1999? ¿ No será que la capacidad de respuesta en esta ocasión fue reducida a su mínima expresión?. De ser así, debe exigirse una responsabilidad en los órganos de propaganda política del chavismo.
En cuarto lugar, hay que rearticular la vinculación con los liderazgos regionales y locales. Buena parte de lo que paso, duélale al chavista más recalcitrante, tiene que ver con una natural reacción de no intervención de buena parte de los alcaldes, gobernadores y concejales, que vieron sus apetencias de continuidad reducidas a cero cuando sólo el comandante aseguró la reelección como propuesta constitucional. Hay ahí un ejercicio de crítica que el propio presidente debe asumir y restituir esos lazos que existen, pero se han visto afectados por las tendencias internas que subsisten.
En quinto lugar, hay que repensar el ritmo de la ejecución del partido único. Un proceso de construcción de una unidad revolucionaria no debe ser objeto de un “decreto”, debe ser producto de un proceso de maduración que acá no existió. La imposición del ritmo de construcción del partido, fue asfixiante y casi coactivo, y ello explica que la maquinaria electoral – que había sido efectiva antes- no funcionará como debía. En fin de cuentas, tal como lo entienden los chinos, la crisis representa dos cosas: un agotamiento pero también una oportunidad. El chavismo, experimentó un agotamiento de su caudal electoral – en este momento- pero tiene la oportunidad de recuperarlo, dependiendo de su capacidad de autocrítica y corrección. Veremos que ocurre.
Dr. Juan E, Romero
Historiador/profesor universitario