LOS RESULTADOS EN EL ZULIA: manchas en la política del PSUV
Las elecciones que definieron la enmienda de la Constitución deben ser analizadas en sus particulares resultados en el estado Zulia. Para ello debemos dejar claro algunos aspectos: 1) se analizan los resultados desde el referendo de 2007 hasta el de 2009, 2) los procesos electorales son disímiles entre sí y 3) debe establecerse, por el tipo de elección y la naturaleza de la competencia una especial comparación entre el referendo de 2007.
Al analizar los resultados desde el año 2007 hasta el 2009, lo que resalta es como el Bloque A, el No obtuvo 624.790 y el Sí 472.462, con una diferencia entre sí de 13%. El Bloque B, el No obtuvo 626.850 y el Sí, 467.958. En este caso la diferencia fue de 15%. Indudablemente esto indica que el 1er Bloque de artículos propuestos por el propio presidente Chávez tuvo menos rechazo que el 2do Bloque propuesto por los diputados en la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2008, las efectuadas el 23 de noviembre el candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) Pablo Pérez obtuvo un total de776.372 votos y el candidato del PSUV, Gian Carlo Di Martino alcanzó 658.724, con una diferencia entre ambos de 8%. En el referendo del 15 de febrero, el Sí obtuvo 690.753 votos y el NO, volvió a triunfar con 769.742; entre ambos la diferencia fue de 5,41%. Eso traduce varias cosas. La 1era es que el chavismo tuvo una recuperación en el estado entre 2007-2009 al pasar de algo más de 470.000 votos a casi 700.000, sin embargo hay un indicativo que señala una profunda contradicción derivada del hecho que a pesar de ser un estado petrolero, donde hay sectores ligados a los sindicatos movilizados en torno a la propuesta del presidente, se sigue perdiendo. Eso señala que hay un equívoco en el planteamiento de la política hacia el sector obrero y que la efectividad de la política social de PDVSA, PEQUIVEN y otras debe ser revisada a fondo.
Cuando vemos el comportamiento en el denominado pasillo electoral, conformado por los municipios con mayor población electoral entre los que hay que señalar – en orden de población de mayor a menor- a Maracaibo,San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Mara, Machiques, Colón, Páez, Jesús Enrique Lossada, Miranda y Rosario de Perijá. Esos municipios reúnen aproximadamente el 73% de la votación efectiva de la región.
Al observar algunos casos del resultado de la votación en municipios muy particulares se hace visible el impacto de la hipótesis en torno a la ineficiencia y desorganización de las fuerzas del PSUV en el Zulia. Esto lo decimos sin dejar de reconocer el esfuerzo organizativo que se experimentó en las últimas elecciones, pero que sigue siendo insuficiente en relación con la capacidad de movilización y organización de UNT.
El Municipio Maracaibo, en el 2007 el No obtuvo un promedio (opción A+ opción B) de 285.000 votos mientras que el Sí alcanzó 169.000. Una diferencia porcentual de 25%. En noviembre de 2008, la candidatura de Pablo Pérez logró en el municipio 333.955 votos contra 219.256 de Di Martino. A nivel parroquial perdió en Bolívar, Cacique Mara, Carraciolo Parra, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Juana de Avila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos, Raúl Leoní y Santa Lucía. El PSUV sólo ganó en Antonio Borjas, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vásquez, Luís Hurtado y Venancio Pulgar. Lo paradójico del caso es que las ganancias del PSUV fueron con diferencias porcentuales muy bajas (entre 0,5 % y 5%) mientras que las de UNT oscilaron entre 5% y 35%. Resulta ilógico, pues parroquias como Bolívar, Raúl Leoni, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, están compuestas por sectores mayoritariamente ubicados en los estratos D y E, donde tradicionalmente el chavismo ha obtenido excelentes resultados. ¿Cómo explicar esto? Sin duda, el resultado es la consecuencia del tipo de liderazgo y la capacidad organizativa desplegada en la zona. No hay duda que UNT ha sabido ganar esos espacios, con una política asistencialista más efectiva que la desarrollada a través de los organismos nacionales. Eso debe ser objeto de una profunda revisión, que no ha ocurrido hasta ahora.
En 2008, el Municipio Maracaibo siguió expresando ese comportamiento. Se mantuvo igual la proporción de parroquias en las que triunfó la oposición y en las que ganó el chavismo. Hubo sí, cierta recuperación en el número de votos, pero sigue siendo favorable en torno a las fuerzas de UNT. Esto es profundamente contradictorio, más aun sí se considera que el candidato a gobernador por el PSUV venía de cumplir dos períodos (8 años) como Alcalde en ese municipio. En 2009, la diferencia la marcò el Municipio Maracaibo, pues el conjunto de parroquias aportó 355.848 del total de 769.000 que obtuvo el NO en el estado Zulia. Numéricamente hablamos que el municipio capital del estado, donde tienen asiento los organismos representantes del Ejecutivo Nacional y donde por lo tanto debe sentirse más la acción del Plan Simón Bolívar, generaron casi el 50% de los votos de resistencia a la enmienda. Indudablemente algo anda mal en Guatemala. Sì el PSUV no avanza en una política de formación ideológica y de revisión de su maquinaria, corre el riesgo que el Zulia se convierta en clave de una pèrdida política mayor.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
25/02/2009
lunes, 2 de marzo de 2009
DESPUÉS DEL 15 DE FEBRERO: ALGUNAS CONSIDERACIONES
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
Pasadas las elecciones toca el análisis serio, tanto numérico como cualitativo acerca de lo acontecido. Tendríamos que comenzar haciendo hincapié en la naturaleza de la comunicación política que vivimos los venezolanos. En esta ocasión, el sector que hizo uso del miedo como estrategia fue el gobierno. Las propagandas que señalaron la posibilidad de la pérdida de logros sociales como las misiones, los mercal fueron muy efectivas en lograr la movilización del electorado clave en el proceso venezolano: los estratos sociales D y E.
La oposición no pudo desmontar la tesis que acabarían con las misiones y los módulos de Barrio Adentro. Las experiencias de lo hecho hasta ahora por los gobernadores de Táchira, Miranda y Carabobo están frescas en la memoria de los colectivos sociales y sin duda, respondieron al mensaje del ciudadano presidente. Por otra parte, tenemos el impacto del tiempo social, es decir el espacio temporal que tuvo la oposición para responder a un nuevo proceso electoral. Los enormes gastos generados para financiar la campaña de alcaldes y gobernadores, dejó casi sin recursos a los sectores opuestos a Chávez. Por otra parte, la oposición no logro responder al llamado de personalizar el voto hecho por Chávez. Se trata de entender que el chavista iba a votar a favor de Chávez e incluso el antichavista votaba por el presidente, o por lo menos tomando en consideración su animadversión a Chávez. Sin duda, la personalización del voto fue favorable al chavismo.
Los argumentos esgrimidos por la campaña del No fueron por decirlo decentemente fútiles, inútiles; aunque la palabra que mejor les vendría es estúpidos. La frase No es NO, es de una simplicidad tal que no dice nada y ante el discurso del chavismo que la salida de Chávez significaría la pérdida de los logros sociales, la opción que le quedaba al elector de los estratos D y E fue clara: el apoyo a la propuesta presidencial. Ahora bien, decir esto no significa que los sectores movilizados en torno a Chávez, los funcionarios de la administración y la propia estructura del PSUV no revisen su actuación. Sin duda, aun quedan muchos lunares que deben ser cauterizados: uno de ellos el tema del burocratismo, el otro la inseguridad. Persistir en la matriz que todo va bien como está, pues los resultados electorales así lo demuestran sería sin duda una idiotez del mismo talante del tema de campaña de la oposición. Queda por parte del PSUV la obligación ética de pasar a mejorar la naturaleza de los procedimientos y el propio desenvolvimiento de la estructura del estado y del partido. No puede seguirse posponiendo el proceso de discusión ideológica, de deliberación en torno al desenvolvimiento de los responsables del partido.
Sí se insiste en el camino al socialismo revolucionario sin violencia persecutoria se debe entonces insistir en los procesos de organización colectiva y el debate ideológico destinado a la crítica con valor y sentido. No puede dejar de señalarse que sí bien el chavismo se recupero de la baja en su caudal electoral entre 2006 y 2007, cuando paso de 7.300.000 votos a sólo 4.300.000, para obtener 5.600.000 en 2008 y 3 meses después ascender a 6.100.000; pero también la oposición a Chávez logró en este proceso superar la barrera de los 4 millones de votos. La oposición a Chávez paso de 4.200.000 en 2006, a 4.500.000 en 2007, de ahí a 4.600.000 en 2008 y 5 millones en 2009. El crecimiento es menor en relación con el chavismo, pero es un dato que debe ser considerado. Cuando analizamos el escenario en el Zulia, debemos llamar la atención al PSUV pues aun se notan debilidades organizativas que sin embargo le permite incrementar su caudal electoral en el estado al pasar de 541.000 votos a 690.000, es decir aumentaron su fuerza en cerca de 150.000 votos. Por su parte, la oposición a Chávez paso de obtener 656.000 votos en noviembre de 2008 a 769.000 en 2009, eso es un incremento de 113.000 votos.
El Zulia sigue siendo la mancha de aceite en la hegemonía del chavismo, eso obliga al PSUV a replantearse sus estrategias locales y regionales. El caso de Maracaibo es un ejemplo: parroquias populares como Chiquinquira, Bolívar, Sta. Lucía son abiertamente opuestas a la opción del presidente, eso indica un mejor trabajo organizativo y de penetración por parte de UNT en relación con el trabajo hecho por el PSUV. En las parroquias donde el chavismo ha dominado como Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Luís Hurtado la ventaja no es contundente. En síntesis: el Zulia es un caso perfecto para la aplicación de la 3R: revisión, rectificación y relanzamiento. Ya veremos¡¡¡
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
17/02/2009
ENMIENDA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
El proceso electoral que viviremos los venezolanos este domingo 15 de febrero, tienen un conjunto de significados que explican por sí sólo la naturaleza de la comunicación política manejada por las opciones del Sí y el No.
En 1er lugar, la enmienda conlleva en sí misma un debate acerca de dos formas distintas de ver el derecho constitucional. La de aquellos que basados en una perspectiva elitesca consideran que la participación en el debate político debe estar restringida al mero hecho de elección de autoridades y para quienes los cuerpos constitucionales no deben ser reformados, pues la reforma de la norma conduce a condiciones de ingobernabilidad e inestabilidad. Por otra parte, en contravía encontramos los que dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sostienen que la soberanía popular es una condición de construcción de ciudadanía y por lo tanto debe ser ampliada al máximo, al mismo tiempo piensan que las Constituciones son estructuras IMPERFECTAS e INACABADAS, susceptibles de modificación. Entre uno y otra posición, hay una distancia abismal, tanto en sus sustentos ideológicos como en la práctica política.
En 2do lugar, la enmienda traduce una discusión acerca del verdadero sentido de la soberanía popular, entendida como un espacio de expresión de las voluntades políticas y su vinculación con la teoría del buen gobierno, que aunque resulte paradójico es parte de una teoría surgida desde el pensamiento liberal, sobre todo ligado a la idea de gobierno representativo y a una efectiva gestión del mandato.
En 3er lugar, lo que se discute en Venezuela este domingo, está siendo planteado en toda Latinoamérica y demuestra el impacto del cambio institucional en el continente. Se trata de un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de ajustar las normas jurídicas constitucionales al proceso acelerado de cambio que se experimenta en nuestras sociedades. En el fondo está la cuestión de cómo el derecho puede pensar e incorporar el proceso de cambio en la norma jurídica.
En 4to lugar, lógicamente en estos parámetros anteriormente establecidos la enmienda se traduce en una revisión de las condiciones de dominación y subordinación que caracterizan todo sistema capitalista, y sin duda el sistema venezolano aun mantiene relaciones característicamente explotadoras y con ello, la enmienda se transforma en un riesgo para las actuales relaciones entre capital y trabajo.
En 5to lugar, la enmienda al sostener e impulsar la teoría del buen gobierno, pone a muchos sectores de la oposición a Chávez en la disyuntiva de competir con un liderazgo carismático y que sin lugar a dudas tiene un alto impacto social, a través de una política de relanzamiento del Estado Social de Derecho. Ello es una enorme desventaja, más aun cuando se considera que las opciones a Chávez carecen de un programa político como alternativa al Proyecto Simón Bolívar que plantea una visión del país para el lapso 2001-2013.
Estos 5 elementos se conjugan a través del campo de la comunicación política, entendida como la estrecha relación entre gobernados y gobernantes expresadas a través de la intermediación de la mass media. La comunicación política en la presenta campaña electoral tiene dos vectores claramente identificados: 1) el vector de la ampliación de la democracia y el ejercicio del buen gobierno y 2) el vector de la ilegitimidad de la enmienda. El 1ero de ellos se ha concretado en una propaganda que insiste en las bondades de la gestión durante 10 años del gobierno de Chávez y las posibilidades de ampliar y profundizar el proyecto bolivariano a través de la eliminación de la restricción a las veces en que pueda postularse un funcionario en ejercicio. La 2da, señala que la ilegitimidad de la enmienda es parte de un conjunto de irregularidades adelantadas por el gobierno de Chávez. Adicionalmente la acompaña con el manejo del miedo como factor de contención al voluntarismo político desatado por las políticas públicas llevadas a cabo mediante el uso de los enormes recursos petroleros.
La propaganda política ha subrayado esas dos ideas vectoras: el buen gobierno y la ilegitimidad-peligro de la enmienda. Las propagandas se han movido a través del uso de imágenes y recursos audiovisuales que buscan reforzar esa perspectiva o representación de marcos de interpretación. Se trata por un lado de plantear una continuidad cultural con el desarrollo de una política de reforzamiento de la ciudadanía, pero por el otro lado se trata de plantear un choque cultural con las “aparentes” identidades ´políticas del venezolano. Esas estrategías tienen el mismo objetivo: lograr la mayor movilización de los electores. Los dos sectores en pugan, están conscientes de la proporcionalidad de sus fuerzas y buscan movilizarlas alcanzado la supremacía sobre el otro. Cualquiera que resulte ganador, lo será en un escenario con una abstención que rondará el 35% a 40%, esperemos el domingo a ver los resultados.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
10/02/2009
viernes, 6 de febrero de 2009
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
DE FEBRERO A FEBRERO: EL CAMBIO HISTÓRICO EN VENEZUELA
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
Febrero ha sido en la historia de Venezuela, un mes de cambio, movilización y conflicto. En febrero de 1936, ocurre en el país una serie de movilizaciones socio-políticas que inauguran el debate acerca de los derechos ciudadanos y el cambio social en el desarrollo institucional del Estado venezolano.
En febrero, un conjunto de fuerzas y movimientos sociales se movilizan exigiendo un cambio de rumbo en la conformación de las instituciones, y en respuesta a esa movilización el presidente Eleazar López Contreras hace público el denominado Programa de Febrero, que puede considerarse el 1er Programa Político Moderno en el país. Ahí se incorporan temáticas que aun hoy, casi 100 años después, siguen siendo objeto del debate y análisis por parte de los actores políticos: salud, educación, derechos laborales, respeto a las leyes, obras públicas. En fin, elementos que conforman la agenda política sobre la cual debaten los medios, el Estado y sus instituciones.
Febrero de 1936, crea las bases para la modernización socio-política y la profundización del debate ciudadano. Un poco más de medio siglo después, en febrero de 1989, se genera en el país una de las expresiones más contundentes de desobediencia civil, entendida esta como una ruptura y reto al sistema de normas y reglas impuestas por el Estado a través del empleo de diversos métodos, no siempre coercitivos. La explosión social de febrero de 1989, fue la expresión del agotamiento de un modelo de relaciones corporativas, en donde los factores de poder aglomerados en la estructura de los sindicatos, los grupos económicos, los actores políticos entre otros, se negaban a perder sus privilegios y avanzar en la resolución de los problemas derivados de la exclusión social y el desequilibrio socio-económico. Febrero de 1989, fue una alborada en lo que habría de ocurrir, pero sus pisadas no fueron escuchadas.
En febrero de 1992, se concreto una dinámica que articulo militares y civiles en procura de un cambio político, a través del uso de las armas. Ese accionar fue una consecuencia de la inexistencia de vías alternativas de resolución del conflicto que había aflorado consistentemente en febrero de 1989. El movimiento cívico-militar encabezado por Hugo Chávez, sí bien fallo en el logro de sus objetivos militares, abrió el camino a un intenso debate acerca de la calidad de la democracia y las condiciones de gobernabilidad del sistema político venezolano.
En febrero de 1992, se produjo una ruptura de la unidad interna de las elites políticas venezolanas. El discurso de Rafael Caldera, en el Congreso Nacional fue una muestra de las desavenencias surgidas en lo interno del status quo del sistema democrático. Las posiciones de actores políticos como Aristóbulo Izturiz, en representación del partido Causa Radical, y la articulación de su planteamiento con las expectativas de cambio de los colectivos sociales fue otra clara demostración del agotamiento del modelo de conciliación política impuesto desde 1958.
La articulación de enormes sectores sociales, políticos y económicos con las propuestas de los militares insurgentes en 1992, señalaba la posibilidad concreta de cambio, en un programa inicialmente discutido y progresivamente ampliado en su perspectiva de la sociedad venezolana. En febrero de 1999, luego de alcanzado el triunfo en las elecciones de diciembre del año anterior, el presidente Hugo Chávez, firma el Decreto en Consejo de Ministros que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destinada a refundar el orden político institucional profundamente. La conformación de la Asamblea Constituyente y la posterior redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) comenzó un impulso indetenible que permitió la reconfiguración del Estado Nacional, que había sido progresivamente desmontado bajo la lógica de ajuste neoliberal.
Los cambios impulsados a través de ese decreto de convocatoria, generó un debate político-constitucional de gran importancia acerca de las posibilidades que tiene la sociedad política para generar cambios jurídicos en las normas constitucionales, destinadas a responder a los procesos de cambio. Esos cambios impulsados generaron en febrero de 2002 la expresión violenta de los sectores opuestos a las dinámicas de cambio político y que terminaron con los hechos de abril de 2002. En febrero de 2003, la alianza contra- natura grupos económicos- trabajadores (Fedecámaras-CTV) sumió a la población en unas condiciones de miseria y precariedad, que sólo la voluntad social de los propios colectivos pudo vencer. En febrero de 2009, cuando se cumplen 10 años del arribo al poder, se inicia una nueva dinámica de cambio institucional que tiene como eje articulador la Enmienda Constitucional.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
2/02/2009
Juane1208@gmail.com
miércoles, 21 de enero de 2009
Los pactos Políticos en la Historia de Venezuela Reciente
LOS PACTOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA RECIENTE
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
La idea de pactos en la ciencia política se refiere a cómo un conjunto de actores o fuerzas políticas deciden establecer unas bases de entendimiento común, privilegiando el entendimiento ante la confrontación. Ello significa dos cosas:1) que las fuerzas o actores deciden renunciar al logro máximo de sus objetivos y 2) que se articulan en un acuerdo de elites hegemónicas buscando lograr el convencimiento de sus adeptos. En ese marco conceptual, los acuerdos o pactos que han sido modélicos en la historia política han significado esencialmente que un reducido grupo de actores se ponen de acuerdo y “extienden” ese acuerdo al total general de sus adeptos.
Se trata de una operación de construcción de marcos de representación, a través de los cuales el ciudadano o simpatizante de uno – o del conjunto de fuerzas pactistas- de los grupos siente la necesidad de movilizarse y defender “la unidad política”. En el caso de la historia de Venezuela, fue este el sentido de los Pactos políticos construidos en el siglo XX y los que en la actualidad pretenden establecerse.
El más conocido por todos, es sin duda el Pacto de Punto Fijo de 1959, sin embargo se ignora su precedente el denominado Pacto de Nueva York, que hay que contextualizar en las relaciones políticas existentes entre el entonces Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas económicamente hablando y con un gran poder político, aunado a conexiones con los servicios de inteligencia del Departamento de Estado. La relación entre el Gobernador de Nueva York y Rómulo Betancourt, verdadero “padre” político del acuerdo ha sido especialmente minimizada en la historia de Venezuela. De lo que no queda duda es que, mientras en Venezuela la fuerzas políticas clandestinas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) constituían la Junta Patriótica, en un esfuerzo unitario para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez; Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera marchaban en contra vía y establecieron una alianza que privilegiaba a un sector hegemónico de los principales partidos con un proyecto que no fue consultado, pero finalmente impuesto.
El Pacto de Nueva York, es un acuerdo semi-clandestino con un objetivo clave: el establecimiento de una democracia liberal con protagonismo esencial de las fuerzas – o más bien los líderes- políticos inicialmente firmantes. Al llegar a Venezuela, los firmantes de Nueva York privilegiaron el logro de esos objetivos procurando la exclusión – antidemocrática- de un conjunto de actores – militantes del PCV y la juventud proizquierdista de AD- al mismo tiempo que se articularon con sectores militares y con sectores económicos, que fueron coaptados, es decir incorporados a la dinámica de poder a cambio de beneficios clientelares y burocráticos. La consecuencia es de todos conocidos: la construcción de un modelo de democracia liberal, que contraviniendo la noción de alternabilidad – es decir la posibilidad real que un conjunto de actores pueda alcanzar el poder- permitió el disfrute del poder por parte de dos fuerzas políticas hegemónicas: AD y COPEI. Los Pactos, son esencialmente antidemocráticos, pues no son el resultado de consultas populares más bien son una consecuencia de alianzas elitescas, por lo tanto su resultado es en esencia contrario a la deliberación que debe caracterizar la democracia.
Del Pacto de Punto Fijo, se paso en el año 1984-1987 al denominado Pacto Social, firmado de nuevo por los mismos actores, buscando posponer la inevitable crisis y colapso del sistema político. Del Pacto Social, se paso a un acuerdo institucional que busco inicialmente minimizar la discusión del impacto del 4-F de 1992 en la estructura societal venezolana. Ese intento de reflotar la vida democrática liberal en Venezuela tuvo continuidad en el acuerdo que dio origen a la Agenda Venezuela en el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998) y que a su vez fue sustituido por un acuerdo de última hora que derivo en la candidatura opositora de Henrique Salas Romer contra Chávez en diciembre de 1998.
En las elecciones de 2000, se tejió un nuevo acuerdo en torno a la candidatura de Arias Cárdenas, como opción ante Chávez. En todos ellos el denominador común se repite: acuerdo de elites para usufructuar el poder. En el año 2001 se consolida un acuerdo contra natura: Fedecámaras-CTV, capital y trabajo, que dialécticamente son contrarios pero que ahí se articularon, buscando darle sostenibilidad política a “una transición” o cambio de régimen que auguraban en su documento público, dado a conocer en mayo de 2002 y que presagiaba la conflictividad creciente que experimento el país en el 2003-2004. En ese contexto se agrega a través del Pacto de Gobernabilidad en 2002 la Iglesia Católica con el Padre Luís Ugalde, para finalmente ser sustituido por el Acuerdo que da origen a la Coordinadora Democrática (CD) de triste recordación.
La Coordinadora Democrática (CD) terminó disolviéndose ante el fracaso del paro petrolero, pero sobrevivió a través de la alianza socio-política tejida entre la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y los medios privados (RCTV-Globovisión), estructura social y comunicativa a través de la cual se dio la extensión y divulgación de los marcos de interpretación contra el proyecto bolivariano.
De ese último acuerdo pasamos a la unidad propuesta e impulsada a través de una nueva injerencia externa: el denominado Pacto de Puerto Rico, que da origen al Acuerdo de Angostura, que tomando como referencia histórica el Discurso del Libertador en 1818 pretende erigirse como opción para unir todas las fuerzas políticas opuestas al presidente Hugo Chávez.
El Acuerdo de Angostura, como finalmente decidieron denominarse, es un intento de concretar una alianza multifactorial, en donde vemos sectores académicos – representados por las Universidades tanto públicas como privadas-, representantes de Fedecámaras, sectores del movimiento estudiantil enmarcados bajo los lineamientos de la NED y la USAID, así como sectores políticos articulados en esa unidad de elites. Todos ellos buscan establecer una alianza en contra del proyecto de enmienda, articulando acciones colectivas tendientes a crear un clima de confrontación violenta, tal como sucedió en el período 2001-2002. En ellos no hay debate ni deliberación, se trata de acuerdos inter-élites que pretenden reeditar nociones de convivencia característicos de la democracia liberal.
Como vemos, en la historia de Venezuela los Pactos han sido siempre pensados como un instrumento de limitación de la participación popular y en este último caso no vemos la excepción.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
19/01/2009
sábado, 10 de enero de 2009
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
DE LA CONSTITUYENTE A LA ENMIENDA: EL CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2009)
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
La convocatoria a un proceso de Enmienda Constitucional, recientemente hecho por el presidente de la república Hugo Chávez permite realizar una serie de consideraciones que se ubican tanto en el campo del Derecho Constitucional como de la Filosofía Política. Para el Derecho Constitucional, pues la Constitución aprobada en diciembre de 1999 se ubica en el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que considera la necesidad de ampliar los espacios de participación política, así como asumir la Constitución como un cuerpo jurídico no estático, no perfecto, más bien lo entiende como una dinámica de ajuste institucional en donde los colectivos de derecho pueden participar y articular las respuestas o ajustes jurídicos necesarios. Este Nuevo Constitucionalismo se diferencia de los modelos clásicos en la forma y contenido de las Constituciones. La de Venezuela, Colombia, la propuesta en Bolivia y la aprobada en Ecuador, incorporan mecanismos de democracia directa como el referendo, en sus diversas modalidades; pero más allá de eso asumen o incorporan en su estructura artículos que permiten su modificación, por otra parte, también se diferencias por el hecho que sus articulados son menos generales y más específicos en el tratamiento del tema de los derechos sociales, políticos y económicos; aspecto este que se contrapone con el Constitucionalismo Clásico – bajo el cual se redactaron los cuerpos generales de leyes en Francia, Alemania y EEUU- que plantea una perspectiva más general de los derechos.
Esa diferencia no es fortuita ni casuística. Para el Constitucionalismo Clásico esa generalización facilita, impulsa y promueve un significativo proceso de explotación general del hombre por el hombre y más aun, sostiene un aparato hegemónico sobre el cual se construye y afianza la dominación. Por su parte, el Nuevo Constitucionalismo insiste en la necesidad de comprender que una cosa o momento ocurre cuando se propone una Asamblea Constituyente para generar una nueva constitución y que así mismo, en un lapso no necesariamente largo, pueden haber cambiado las condiciones históricas y políticas, por lo cual se hace necesario la modificación profunda (Asamblea Constituyente), parcial (Reforma) o específica (Enmienda) de algún aspecto jurídico.
Desde el punto de vista de la filosofía política, también la propuesta de Enmienda permite realizar otras consideraciones socio-políticas. En este sentido hay que considerar que se establece una discusión en torno a conceptos como estabilidad política, gobernabilidad y participación. Se discute sobre la estabilidad política, pues hay sectores que señalan – ubicados en el Constitucionalismo Clásico- que los ajustes constitucionales son procesos que “alteran” la paz pública y se traducen en reconocimientos tácitos. Se discute el tema de la gobernabilidad, pues se piensa que nuevas incorporaciones destinadas a ampliar los derechos, aumentan las demandas de los ciudadanos y con ello se incrementa la posibilidad del conflicto social. Se discute el tema de la participación, pues la enmienda – tal como se plantea- significa que la última etapa para su promulgación es ejercida por el propio ciudadano y con ello se incrementa los espacios de discusión. Sea como sea, en lo que respecta a la estabilidad y la gobernabilidad, las posiciones expresadas por los actores políticos reseñan actitudes sumamente conservadoras que están en contra vía con el planteamiento político del nuevo constitucionalismo.
No hay duda que el proceso de Enmienda se diferencia ostensiblemente del proceso de reforma. Lo propuesto en el año 2007 incorporaba modificaciones significativas en diversos aspectos del cuerpo jurídico aprobado en 1999 sin tocar los principios fundamentales que lo caracterizan. La Enmienda es muy específica, se trata de ampliar las posibilidades de participar en la elección de cargos de representación pública y de nuevo, se introduce una discusión en términos políticos muy importantes. En primer lugar, se discute el tema de la alternabilidad. En las visiones clásicas y conservadoras de la política, la alternabilidad es entendida como la posibilidad que se produzca la sustitución de un actor político por otro, con preferencias ideológicas diversas; en la filosofía política menos estática la alternabilidad es entendida como un proceso de competición abierto por la ocupación de un cargo de responsabilidad pública. Entre una y otra posición hay una gran distancia. En el caso de la definición primera, la alternabilidad es entendida como la sucesión de un grupo político por otro. En el caso de la segunda, la alternabilidad es entendida como una competencia electoral y política en torno a las preferencias del ciudadano para la ocupación de un cargo público. En definitiva la alternabilidad viene dada en la actualidad por las condiciones que aseguren que cualquier ciudadano u organización política pueda acceder a la aspiración de ocupar un cargo público. En ese sentido la Enmienda no modifica en nada el concepto de alternabilidad. De hecho se mantiene la figura del referendo que asegura la alternabilidad política.
Otro mito surgido en torno a la reforma es que la postulación sin restricciones de candidatos a un cargo público implica cerrar las posibilidades de sustitución generacional. Quienes así lo sostienen demuestran una ignorancia acerca de la realidad política del gobierno. Se sabe por cantidad de investigaciones realizadas por teóricos de la ciencia política como O Donell, Sartori, Bobbio, Pzworsky, entre otros que el ejercicio continuo del poder se traduce en un desgaste político significativo que deja abierta la sustitución en cuanto se produce una perdida en las preferencias del electorado por considerar que no han sido satisfechas sus demandas. Eso quedo demostrado en democracias parlamentarias como la española cuando Felipe González fue sustituido; o en Inglaterra cuando Margareth Tatchert fue sustituida o en Francia cuando Francois Mitterrand perdió la hegemonía que había ejercido. En todos estos casos surgieron fuerzas alternas a quienes ejercía el gobierno y que representaron una alternativa a la hegemonía política. Por ello, en el caso específico de la democracia venezolana sigue abierta la posibilidad de sustitución de quienes ejercen los cargos de representación pública pues el mecanismo del referendo revocatoria sigue siendo importante para el equilibrio político.
La enmienda ha servido asimismo para discutir acerca de la posibilidad de introducir innovaciones en los sistemas políticos presidenciales. No hay duda que la postulación sin límites es una característica de los sistemas políticos parlamentarios y que no hay sistemas presidenciales que lo incorporen, pero ello no se traduce en que no sea posible hacerlo. Precisamente esta enmienda introduce el tema del cambio institucional en los sistemas políticos como una urgencia del nuevo constitucionalismo. No hay que perder de vista que en la historia mundial se han presentado discusiones acerca del cambio político. No puedo dejar de señalar que cuando Thomas Hobbes habló en su obra El Leviathan de la construcción de un contrato social entre la sociedad civil y el gobernante fue considerado absurdo en el clima absolutista de ejercicio del poder que imperaba, igual ocurrió con el Contrato Social de Rousseau que planteaba la posibilidad de ejercer corresponsabilidad cívica. En resumidas cuentas el hecho que se plantea en un sistema presidencialista la no limitación en la postulación abre un espacio para que el accionar en torno al buen gobierno sea una matriz de opinión que marque la decisión electoral de cambio o permanencia. Ese hecho tendría un gran peso en la estructura de los sistemas políticos en Latinoamérica y sin duda, los sectores más conservadores entienden las implicaciones políticas que puede tener en un espacio como el nuestro donde prevalecen gobiernos de izquierda cercanos a los intereses y perspectivas de los colectivos sociales.
La enmienda se constituye por lo tanto en un espacio múltiple de creación. Múltiple pues amplía el campo de la participación política, múltiple pues introduce novedades en la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos. Con ello se distancia de quienes asumen que el cambio político es peligroso para “la estabilidad política”. Quienes así se manifiestan lo que hacen en indicar su enorme preocupación por un incremento de la participación ciudadana. En este sentido, la campaña política de quienes están proponiendo la enmienda debe dejar de ser una propaganda política que no diga nada. Me refiero a que no debe cometerse el error que se asumió en la pasada campaña de noviembre que tomo como lema Vamos con Todo, ese eslogan no estableció ninguna diferencia ideológica con quienes se oponían a la propuesta del PSUV. En el caso actual es clave insistir en la ampliación de los derechos, en la no alteración de la alternabilidad y sobre todo en la incorporación y adaptación del nuevo constitucionalismo al proceso de cambio. Y para hacerlo hay que diferenciarse entre propaganda y comunicación política. La propaganda maneja los mismos elementos de marketing comercial que caracteriza al capitalismo mientras que la comunicación política debe estar estructurada sobre significados culturales de gran impacto que incentiven la participación. No puedo terminar estas consideraciones sin señalar que todo parece indicar que más tarde que temprano vamos a derivar en un nuevo proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues las dinámicas de cambio que se vienen generando en Venezuela son de tal magnitud que en muchos casos los articulados de la Constitución de 1999 no alcanzan la magnitud de las expectativas y necesidades de los colectivos sociales. En ese sentido, en un momento determinado – dado el dinamismo de la democracia- terminaremos en una necesidad de adecuarnos al cambio y este proceso es solo una nueva etapa en ese camino.
Dr. Juan E. Romero
Historiador y Docente Universitario
Juane1208@gmail.com
10/01/2009
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENMIENDA
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ENMIENDA
La propuesta de Enmienda Constitucional ha desatado de nuevo los demonios de la beligerancia política. Consideramos que es un nuevo acto de provocación del presidente, destinado a causar revuelo y alteración en quienes se le oponen. Una lectura fácil de la propuesta puede considerar que es una muestra de ambición personal de Chávez, en un intento de perpetuarse en el poder. Sin embargo, creo que las consideraciones deben ir más allá de este análisis fútil.
La mayoría de las organizaciones que se oponen a Chávez y que se articularon en estas elecciones del 23-N, han manifestado el argumento que la propuesta de enmienda es inconstitucional, debido al hecho que estaba implícita en el conjunto de modificaciones sugeridas en el fallido proceso del 2-D de 2007. No obstante, estas consideraciones de tipo jurídico constitucional, debe plantearse que la propuesta de Reforma provino o surgió de la iniciativa presidencial y que en este momento no es el presidente quién la presenta. En sentido estricto, la propuesta de modificación del período presidencial sí bien fue derrotada en el 2007, puede ser presentada de nuevo por otros actores, en este caso la Asamblea Nacional a través de la iniciativa del 30% de sus miembros. Ahora bien, esta iniciativa de Chávez es una derivación lógica de los resultados electorales del 23-N. El hecho que el conjunto de fuerzas agrupadas en el PSUV tenga una ventaja electoral de más de 1.600.000 votos sobre la oposición ( 5.800.000 sobre 4.200.000) le da al presidente una ventaja logística y numérica que pretende ser aprovechada en esta coyuntura.
Para la oposición se trata de construir una matriz de opinión que haga hincapié en las apetencias de perpetuarse en el poder de Chávez. Para las fuerzas que apoyan a Chávez se trata de reconocer que no existe chavismo sin Chávez. Las derrotas de Diosdado Cabello en Miranda, son una muestra contundente y sutil del castigo de las bases del chavismo a quienes se manejan en la tesis del chavismo sin Chávez. Hay otro factor que considerar en la propuesta de enmienda y es que tácitamente se está reconociendo que no hay un liderazgo más allá de la figura carismática del presidente. Una de las mayores consecuencias del 2-D de 2007 es que se habían desatado los demonios de la ambición personal en torno a la figura que pudiera heredar el liderazgo político de Chávez. La propuesta de enmienda asume los temores de Chávez de una desarticulación de los movimientos sociales que lo apoyan ante una eventual salida de él de la presidencia.
La enmienda es una oportunidad política para elevar o generar una especie de plebiscito que se base en la popularidad de Chávez, que como todos sabemos se encuentra por encima del 65% en relación con cualquier otro liderazgo político. Al personalizar esta enmienda y seguramente será así, se busca movilizar al mayor conjunto de población y eso es vital para la consolidación política del PSUV y con ella la consolidación de la hegemonía política de Chávez. La oposición se arriesga a un proceso de acorralamiento y disminución de su caudal electoral, que pueda llevarla a optar – tal como lo hizo en el período 2001-2004- por la vía violenta. No creo que la decisión de Chávez de utilizar la estructura de la Asamblea Nacional para adelantar la enmienda le dé tiempo a la oposición de construir una matriz sólida de oposición. Hay que recordar que en este momento la situación se presenta distinta a la de la reforma constitucional de 2007. En ese momento la oposición tuvo desde enero de 2007 cuando anuncio la propuesta hasta diciembre cuando se votó, para articular una estrategia efectiva para contener la propuesta. En este momento, la posibilidad que la Asamblea apruebe la enmienda a finales de enero, coloca la fecha de realización de la consulta a más tardar la 1era semana de marzo, eso significa que la oposición tendrá menos de dos (2) meses para articularse y crear una propuesta de comunicación política tendiente a minimizar las pretensiones del chavismo.
Todo parece señalar que la ventaja electoral obtenida por Chávez el 23-N puede imponerse y elevarse. Hay que recordar que entre los procesos electorales de 2006 a este de 2008, el chavismo pasó de 7.300.000 votos en las presidenciales de 2006, a 4.200.000 el 2-D de 2007 a obtener 5.800.000 el 23-N. Es decir, todavía tiene Chávez un total de1.500.000 votantes que gravitan en el puente de la abstención y que se convierten – lógicamente- en su objetivo político en este momento. La oposición no ha logrado aumentar su caudal electoral y en mi parecer dejo pasar el momento político de la victoria de 2007 y será sometida a la acción articulada de la maquinaria del PSUV que demostró su efectividad y movilidad. Como siempre, el panorama político se muestra y rico y diverso, lo seguiremos con mucha atención.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
07/12/2008
La propuesta de Enmienda Constitucional ha desatado de nuevo los demonios de la beligerancia política. Consideramos que es un nuevo acto de provocación del presidente, destinado a causar revuelo y alteración en quienes se le oponen. Una lectura fácil de la propuesta puede considerar que es una muestra de ambición personal de Chávez, en un intento de perpetuarse en el poder. Sin embargo, creo que las consideraciones deben ir más allá de este análisis fútil.
La mayoría de las organizaciones que se oponen a Chávez y que se articularon en estas elecciones del 23-N, han manifestado el argumento que la propuesta de enmienda es inconstitucional, debido al hecho que estaba implícita en el conjunto de modificaciones sugeridas en el fallido proceso del 2-D de 2007. No obstante, estas consideraciones de tipo jurídico constitucional, debe plantearse que la propuesta de Reforma provino o surgió de la iniciativa presidencial y que en este momento no es el presidente quién la presenta. En sentido estricto, la propuesta de modificación del período presidencial sí bien fue derrotada en el 2007, puede ser presentada de nuevo por otros actores, en este caso la Asamblea Nacional a través de la iniciativa del 30% de sus miembros. Ahora bien, esta iniciativa de Chávez es una derivación lógica de los resultados electorales del 23-N. El hecho que el conjunto de fuerzas agrupadas en el PSUV tenga una ventaja electoral de más de 1.600.000 votos sobre la oposición ( 5.800.000 sobre 4.200.000) le da al presidente una ventaja logística y numérica que pretende ser aprovechada en esta coyuntura.
Para la oposición se trata de construir una matriz de opinión que haga hincapié en las apetencias de perpetuarse en el poder de Chávez. Para las fuerzas que apoyan a Chávez se trata de reconocer que no existe chavismo sin Chávez. Las derrotas de Diosdado Cabello en Miranda, son una muestra contundente y sutil del castigo de las bases del chavismo a quienes se manejan en la tesis del chavismo sin Chávez. Hay otro factor que considerar en la propuesta de enmienda y es que tácitamente se está reconociendo que no hay un liderazgo más allá de la figura carismática del presidente. Una de las mayores consecuencias del 2-D de 2007 es que se habían desatado los demonios de la ambición personal en torno a la figura que pudiera heredar el liderazgo político de Chávez. La propuesta de enmienda asume los temores de Chávez de una desarticulación de los movimientos sociales que lo apoyan ante una eventual salida de él de la presidencia.
La enmienda es una oportunidad política para elevar o generar una especie de plebiscito que se base en la popularidad de Chávez, que como todos sabemos se encuentra por encima del 65% en relación con cualquier otro liderazgo político. Al personalizar esta enmienda y seguramente será así, se busca movilizar al mayor conjunto de población y eso es vital para la consolidación política del PSUV y con ella la consolidación de la hegemonía política de Chávez. La oposición se arriesga a un proceso de acorralamiento y disminución de su caudal electoral, que pueda llevarla a optar – tal como lo hizo en el período 2001-2004- por la vía violenta. No creo que la decisión de Chávez de utilizar la estructura de la Asamblea Nacional para adelantar la enmienda le dé tiempo a la oposición de construir una matriz sólida de oposición. Hay que recordar que en este momento la situación se presenta distinta a la de la reforma constitucional de 2007. En ese momento la oposición tuvo desde enero de 2007 cuando anuncio la propuesta hasta diciembre cuando se votó, para articular una estrategia efectiva para contener la propuesta. En este momento, la posibilidad que la Asamblea apruebe la enmienda a finales de enero, coloca la fecha de realización de la consulta a más tardar la 1era semana de marzo, eso significa que la oposición tendrá menos de dos (2) meses para articularse y crear una propuesta de comunicación política tendiente a minimizar las pretensiones del chavismo.
Todo parece señalar que la ventaja electoral obtenida por Chávez el 23-N puede imponerse y elevarse. Hay que recordar que entre los procesos electorales de 2006 a este de 2008, el chavismo pasó de 7.300.000 votos en las presidenciales de 2006, a 4.200.000 el 2-D de 2007 a obtener 5.800.000 el 23-N. Es decir, todavía tiene Chávez un total de1.500.000 votantes que gravitan en el puente de la abstención y que se convierten – lógicamente- en su objetivo político en este momento. La oposición no ha logrado aumentar su caudal electoral y en mi parecer dejo pasar el momento político de la victoria de 2007 y será sometida a la acción articulada de la maquinaria del PSUV que demostró su efectividad y movilidad. Como siempre, el panorama político se muestra y rico y diverso, lo seguiremos con mucha atención.
Dr. Juan E. Romero
Historiador
Juane1208@gmail.com
07/12/2008
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