BOLIVIA: CRÓNICA DE UN CONFLICTO ANUNCIADO
Hay veces en que el oficio de historiador resulta muy pesado, sobre todo cuando en base a la aplicación de la prospectiva y la interpretación de los procesos sociales vemos aproximarse el conflicto social. En el caso de Bolivia, anunciábamos en una de nuestras columnas pasadas la eventual conflictividad en nuestro hermano país.
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.
Dr. Juan E. Romero
Historiador7profesor universitario
Juane1208@gmail.com
04/0572008
Hay veces en que el oficio de historiador resulta muy pesado, sobre todo cuando en base a la aplicación de la prospectiva y la interpretación de los procesos sociales vemos aproximarse el conflicto social. En el caso de Bolivia, anunciábamos en una de nuestras columnas pasadas la eventual conflictividad en nuestro hermano país.
Era de esperarse: Bolivia se encuentra en un momento clave de la reacción de la izquierda emergente en Latinoamérica. En su espacio territorial se viene desarrollando una experiencia histórica para el Altiplano Andino, que corresponde a la máxima expresión de la irrupción de movimientos sociales indígenas, que reivindican su derecho a organizarse y ser responsables de la dirección de las gestiones públicas, echan atrás más de cinco (5) siglos de exclusión y sometimiento. Esta situación impacta las relaciones de poder y las redes de intereses que han prevalecido en su historia republicana.
Las expresiones segregacionistas, sociocéntricas manifestadas por el prefecto de Santa Cruz revelan los profundos odios raciales presentes en el país fundado por Bolívar y Sucre. Se trata de cómo una élite ligada a la explotación de los recursos naturales para su propio beneficio, se siente amenazada ante las nuevas líneas definitorias de las acciones estatales establecidas en el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una contundente confrontación sustentada en dos visiones antagónicas de la sociedad boliviana; por un lado nos encontramos la perspectiva de integración social de unos espacios que históricamente habían estado segregados y sometidos; que en esta coyuntura crítica se asumen como reivindicativos de sus raíces culturales aymaras y entienden que es necesario el control social sobre las escasas bondades económicas existentes. Por la otra parte, nos vemos frente a las iniciativas foráneas que emplean los vehículos de siempre: empresarios, medios de comunicación y movimientos sociales enmascarados en un discurso democrático, pero que en sus manifestaciones se revelan profundamente intolerantes y antidemocráticos.
Nos es casual, que cuando procedemos a realizar análisis comparativos nos encontramos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador una misma matriz: sectores económicos, históricamente poderosos que se resisten a los procesos de cambio y democratización de las bases económicas de la sociedad, que trabajando conjuntamente con movimientos sociales – conformados por jóvenes de diversos origen social- asumen la “defensa” de valores individuales, en una perspectiva esencialmente liberal acerca del bienestar individual sobre el colectivo. Todo ello matizado a través de los medios de comunicación que le brindan su apoyo irrestricto. Sin embargo, lo más grave ocurre detrás de las sombras: el apoyo trasnacional mediante el financiamiento a organizaciones y movimientos sociales bajo la excusa de programas de fortalecimiento democrático, auspiciados incluso desde el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cabe preguntarse: ¿ porque esta conflictividad en este momento?. La respuesta es múltiple y en parte ya la hemos asomado: la iniciativa de democratizar y ampliar los procesos de reconocimiento de la ciudadanía cultural, entendido como la incorporación de grupos sociales y étnicos socialmente desplazados de la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de ser mayorías numéricas. Eso se traduce en una verdadera apertura democrática nunca antes existente, pero sobre todo es un cambio cultural difícil de entender en sociedades con estructuras de castas como Bolivia: que los sujetos sin voz se alcen y transformen en actores sociales contundentes y dinámicos, sin importar sus orígenes étnicos o su herencia familiar.
Hay otro factor de especial relevancia y está asociado al momento de cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. Los países desarrollados, organizados en el llamado G-8, disponen cada vez de menos fuentes de energía. La mayoría del consumo energético global – casi el 80%- se va, sectorialmente hablando, en transporte e industrias, ligados al desarrollo capitalista. Menos del 30% se dedica al consumo en hogares, escuelas, hospitales y otras áreas importantes. Las grandes áreas de explotación petrolera, las zonas ubicadas en Asia central y Oriental, medio oriente, entre otras zonas conocidas como “el creciente mayor” se encuentra sometidas a una conflictividad enorme, aspecto este que dificulta contar con una producción constante de energía amén de aumentar los costos de producción. En este punto se inserta la realidad latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Venezuela , Colombia y Brasil constituyen el denominado “creciente menor”, que cuenta con importantes reservas estratégicas en gas y petróleo que lo convierte en centro de atención por los países industrializados.
La provincia de Santa Cruz, no sólo es la más importante en recursos gasíferos e hidrocarburos, por otro lado reúne buena parte de las tierras productivas del país y con ella la otra gran potencialidad de Bolivia: la producción de soja. Adicionalmente es la puerta de entrada de nuestro hermano país al área amazónica que cuenta con importantes reservas hídricas. En definitiva la zona agrupa los dos factores esenciales de las confrontaciones geopolíticas en este siglo XXI: agua y petróleo.
La estrategia adelantada con el referendo – írrito e ilegal al hacerse fuera de la constitución boliviana- repite parte de las acciones emprendidas en torno al antiguo Departamento del Darién en Colombia y que a principio del siglo XX permitiría el surgimiento de nuestro hermano Panamá. Se trata de organizar grupos cívicos que en nombre de la “autonomía” y contra el “abandono centralista” proponen y exaltan una identidad regional que se asume contraria al espíritu nacional. Se reivindican las diferencialidades locales y con ella se construye un clivaje – o enfrentamiento- nación vs región. En ese enfrentamiento se organiza – con base a apoyos financieros diversos-grupos sociales que impulsan y elevan esas diferencialidades, enmascarando con ello una idea base de la propuesta neoliberal: la reducción del papel del Estado y la privatización de las explotaciones mineras. Llama poderosamente la atención que el discurso del Comité Cívico de Santa Cruz, coincide con el discurso autonomista de Manuel Rosales y otros grupos que impulsan estatutos autonomistas, que bajo la mascarada liberal contribuyen a separatismos y fanatismos regionales.
Se trata de comprender como en este contexto geopolítico de principios del siglo XXI nos encontramos en una coyuntura crítica, donde las acciones del capital trasnacional, interesado en controlar los recursos mineros estratégicos, pasan por organizar movimientos sociales, que con estrategias disruptivas y de reto al poder establecido buscan dividir e impulsar dinámicas contrarias a la ampliación e inclusión democrática de las minorías étnicas y sociales. En Bolivia, donde entre el No y la abstención cerca del 50% se resistió a la falsa autonomía, se encuentra Latinoamérica con el trance de la disgregación y la dispersión social impulsada desde el exterior, habrá que asumir una dura defensa de la integración en este momento histórico.
Dr. Juan E. Romero
Historiador7profesor universitario
Juane1208@gmail.com
04/0572008
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